En México, el Estado no ve a las personas con discapacidad víctimas de violencia

En México, no existe un registro de las personas con discapacidad víctimas de violencia familiar, y aquellas que se atreven a denunciar enfrentan barreras para conseguir protección y lograr justicia.

El informe “Es mejor hacerte invisible” Violencia familiar contra personas con discapacidad en México, de la organización Human Rights Watch (HRW), revela cómo la falta de políticas públicas propicia que este sector sea dependiente a otras personas y, con ello, más vulnerable a ser víctima de violencia o abandono en casa e instituciones.

HRW recopiló testimonios de víctimas (24 mujeres y 14 hombres), así como de autoridades estatales y federales en CDMX, Oaxaca, Nuevo León y Jalisco entre 2018 y 2019, para conocer la realidad de las personas con discapacidad.

Las personas con discapacidad entrevistadas relataron haber sido víctimas de diversos abusos como violencia física; sexual; abuso psicológico; descuido; confinamiento, y amenazas verbales.

Incluso, algunas de las personas adultas entrevistadas y que actualmente viven con sus padres, señalaron que desde su infancia han padecido de abusos.

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Los actos de violencia regularmente son cometidos por los familiares cercanos como padres; padrastros y madrastras; tíos; familiares políticos, y parejas sentimentales.

Ese fue el caso de Guadalupe Huerta Mora, mujer sobreviviente de violencia, que a sus 55 años vive con su hijo y se mantiene únicamente con el dinero que obtiene por vender dulces.

En 2010 Guadalupe fue agredida físicamente por las hermanas de su esposo. Los golpes le causaron una lesión medular que la dejó de por vida en silla de ruedas.

A partir de ese momento ella dependió totalmente de su esposo, quien en los meses siguientes la violentó física y verbalmente.

Guadalupe dejó la Ciudad de México y se mudó con su hijo a un municipio de Michoacán.

Actualmente Guadalupe y su hijo, de 19 años, sobreviven con apenas 150 pesos semanales, producto de la venta de dulces que ella realiza.

Además de estudiar la preparatoria, su hijo la ayuda en los quehaceres del hogar y labora en sus tiempos libres para obtener un poco más de dinero, pero aún así viven con muchas carencias.

Guadalupe no cuenta con ningún apoyo por parte del Estado.

Comenta que en dos ocasiones, personal del gobierno acudió a su casa prometiéndole una ayuda para personas con discapacidad, pero a la fecha no sigue sin recibir el dinero.

Sin embargo, lo que más valora Guadalupe es que ahora puede estar tranquila, sin ningún acto de violencia y con el apoyo de su hijo.

Sin independencia, seguirá la violencia

El informe de HRW señala que el gobierno de México debe hacer un esfuerzo por visibilizar y atender la violencia familiar contra las personas con discapacidad, la cual tiene su origen en la dependencia hacia otras personas.

Según cifras del gobierno, el 33.9% de los hogares en el país tenían al menos una persona adulta víctima de violencia en el hogar, lo que equivale aproximadamente a 24.7 millones de personas.

Los mismos datos señalan que el 44% de las mujeres en México son víctimas de violencia por parte de su pareja, y más del 78% no lo denuncian.

Sin embargo, en ninguno de estos registros o cualquier otro oficial se hace mención sobre las personas con discapacidad, es decir, no se sabe a ciencia cierta cuántas personas de este sector son víctimas de violencia.

“La violencia contra las personas con discapacidad, en particular la violencia familiar, sigue siendo un fenómeno prácticamente invisible y con muchas víctimas ocultas”, se lee en el informe.

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Esto se debe a que los gobiernos federal y estatales no han formulado ni implementado políticas que brinden apoyo y permitan que las personas con discapacidad vivan de manera independiente.

En la presentación del informe, su autor e investigador, Carlos Ríos Espinosa, señaló que los apoyos que actualmente brinda el gobierno no son suficientes para garantizar una vida independiente de las personas con discapacidad.

“Esto las obliga a vivir con sus familias o son forzadas a vivir en instituciones en las que también llegan a sufrir violaciones de sus derechos”, refirió.

También aclaró que para algunas personas puede ser muy bueno vivir y depender toda su vida de sus padres o familiares, pero para otras puede tratarse de una situación de riesgo.

El investigador citó a un par de casos incluidos en el informe, que platicaron cómo sus padres o familiares se volvieron dueños de sus vidas, porque son ellos quienes deciden a qué hora deben dormir y qué deben comer.

Esto se debe a que, en la mayoría de los casos, las personas con discapacidad no pueden aportar ingresos económicos al hogar, por lo que deben acatar las reglas y condiciones de la casa que habitan.

De acuerdo con la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con Discapacidad, éstas “tienen derecho a vivir de forma independiente y a gozar, en iguales condiciones que las demás personas de las mismas opciones que otras en lo que respecta a sus arreglos de vida”.

Esto no será posible en México hasta que el Estado fomente la independización de las personas con discapacidad o garantice una ayuda con un monto económico suficiente para vivir de forma independiente.

Ríos Espinosa mencionó que hay una gran diferencia entre depender de un familiar o de una persona cuyo servicio se pague, ya que si bien la persona con discapacidad sigue dependiendo de alguien más, puede decidir qué hacer y qué no.

Pero esto aún está lejos de llegar ya que, según el informe, en muchos casos las políticas estatales que operan en nuestro país “profundizan la dependencia hacia familiares”, dado que en muchos casos las pensiones se asignan a las familias y no a las personas con discapacidad.

¿Por qué no existen denuncias?

Según el informe, otras de las razones que impiden un registro de violencia contra las personas con discapacidad, es que las víctimas difícilmente pueden levantar una denuncia.

Quienes están dispuestos a hacerlo deben hacerlo con el apoyo de algún familiar, quien en muchos casos es el agresor.

Eso pasó en el caso de Guadalupe, que necesitaba del apoyo físico de su esposo, quien era el agresor, para acudir al Ministerio Público y denunciar los actos de violencia.

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El estudio de HRW detectó que no todas las leyes de los sistemas legales federal y estatales “hacen referencia a las personas con discapacidad ni aseguran la accesibilidad y las adecuaciones en los procedimientos”.

Solo la legislación nacional sobre víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos incluye una referencia a las personas con discapacidad, “y exige que en todos los servicios y las acciones se adopte un enfoque diferenciado que tenga en cuenta la discapacidad”. Pero en la realidad estas disposiciones difícilmente se aplican.

Por otro lado, la ley nacional para proteger a las mujeres contra la violencia, no incluye una referencia específica a las mujeres con discapacidad.

Aunado a esto, HRW señala que son muy pocas las fiscalías estatales que cuentan con instalaciones y protocolos adecuados para atender denuncias de personas con discapacidad.

En conclusión, para las personas con discapacidad violentadas en el hogar es casi imposible obtener acceso a protección y justicia contra su victimario.

Ante estos hallazgos, Human Rights Watch recomienda al gobierno federal establecer un plan para proteger en todos los sentidos a las personas con discapacidad, así como acciones que les permitan vivir de forma independiente.

Además de contar con mecanismos de denuncia accesibles, incluso para las aquellas que deban estar permanentemente confinadas en su hogar o que requieran un alto nivel de apoyo.

También mejorar la capacidad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, trabajadores de servicios sociales y otros, con el fin de que identifiquen las situaciones de violencia.

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