México: 3 detenidos por violencia policial en polémico caso

MARÍA VERZA
Esta fotografía del sábado 30 de mayo de 2020 muestra imágenes de George Floyd, un hombre de raza negra que murió a manos de la policía de Minneapolis, rodeadas de rosas en una barricada frente a la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las autoridades del estado mexicano de Jalisco intervinieron el viernes a la policía del municipio donde el joven Giovanni López fue asesinado, supuestamente a golpes, después de ser arrestado por agentes locales. Además, detuvieron a tres policías -incluido el comisario municipal- como los presuntos responsables del homicidio.

La muerte de López, que fue arrestado hace un mes en Ixtlahuacán de los Membrillos, en el sur del estado, pero cuyo caso se hizo público esta semana, provocó violentas protestas el jueves en Guadalajara, las cuales concluyeron con 28 detenidos, seis policías heridos, uno quemado, tres patrullas incendiadas y daños diversos al palacio de gobierno y otros edificios. El viernes por la tarde hubo otra manifestación, pero se desarrolló con poca gente y sin disturbios.

El gobernador Enrique Alfaro dijo que lo sucedido con López era una “atrocidad”.

El mandatario estatal denunció el viernes en rueda de prensa que las protestas habían tenido una motivación política y que habían sido alentadas desde los “sótanos del poder” en la Ciudad de México al vincular la muerte de López con la forma en que Alfaro ha manejado la pandemia, algo que negó tajantemente.

Un video de la detención de López muestra a agentes de la policía municipal sometiéndolo dentro de una patrulla mientras los residentes les cuestionaban por qué se lo llevaban si no había hecho nada y uno de los testigos preguntaba si era porque no llevaba mascarilla.

Horas después fue retirado de su celda para recibir atención médica y murió.

“Lo que tiene que quedar claro es qué fue lo que sucedió, lo que está quedando en evidencia es que este invento, esta historia que quisieron construir con fines políticos para crear más indignación de que Giovanni había sido asesinado por no traer cubrebocas es una mentira, así de claro”, indicó Alfaro.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó el viernes de lo ocurrido en Guadalajara, aunque no ocultó sus diferencias políticas con Alfaro en la gestión de la pandemia, ya que el gobierno federal rechazó desde el principio imponer medidas forzosas.

Jalisco, sin embargo, sí las impuso y, según un comunicado oficial del 12 de mayo, hasta ese momento y sólo en la zona metropolitana de Guadalajara habían sido arrestadas 412 personas en el marco de la contingencia y se habían realizado más de 72.000 advertencias por no llevar cubrebocas o estar en la calle de forma injustificada.

El presidente condenó el uso de medidas autoritarias y las denuncias de Alfaro, y dijo que son las autoridades estatales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos quienes deben investigar el caso.

Aunque la protesta del jueves exigiendo justicia para López no fue masiva, tuvo especial eco mediático por la violencia y porque ocurrió cuando Estados Unidos se ve sacudido por las manifestaciones provocadas por la muerte de George Floyd, también por un abuso policial, las cuales tuvieron ligero eco en la capital mexicana el jueves, con varios actos en su honor junto a la embajada.

El viernes, un grupo de un centenar de anarquistas protagonizaron destrozos en la Ciudad de México. Por la noche, la fiscalía capitalina informó que inició una investigación tras la agresión que recibió una adolescente durante la protesta, presuntamente a manos de elementos policiales.

El caso de López también fue condenado por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, que pidió a las autoridades de Jalisco “enviar un mensaje claro e inequívoco de que no se tolerarán violaciones a derechos humanos en la implementación de las medidas de emergencia durante la pandemia”.

Más allá de si la razón de la detención del joven fue por no llevar mascarilla, defensores de los derechos humanos ponen su caso como ejemplo de una violencia policial que no es nueva en México, aunque raras veces el personal policial o militar ha sido sancionado por el uso desmedido de la fuerza o asesinatos extrajudiciales.

El fiscal del estado, Gerardo Solís, explicó el viernes que se investiga si los policías locales pudieron detener a López para entregarlo al crimen organizado, ya que había muchas anomalías en ese cuerpo policial: agentes que estaban trabajando sin estar dados de alta y más de una treintena que no habían pasado los controles de confianza. Además, indicó que el alcalde tenía una investigación abierta por otros motivos que no detalló. Al intervenir a la policía, la seguridad local quedó el viernes en manos del estado.

Solís también señaló que López tenía seis antecedentes penales, dos por delitos federales, dos por fuero común y dos sin especificar, “sin que esto cambie lo más mínimo la postura del estado” de investigar su muerte.

Denisse Montiel, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, una organización activista de Jalisco, consideró este caso como un ejemplo de la situación de los derechos humanos en el estado, en el que se han hallado grandes fosas clandestinas y donde opera el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos criminales más poderosos de México en estos momentos.

Montiel criticó que las autoridades siempre tiendan a criminalizar a las víctimas, e indicó que las detenciones arbitrarias, las desapariciones y las torturas son prácticas recurrentes de las fuerzas de seguridad de Jalisco desde hace años.

Dijo además que la familia de López no denunció antes su muerte porque hubo un intento de soborno por parte del alcalde de Ixtlahuacán y fueron amenazados.

Montiel recordó que de diciembre de 2018, cuando comenzó el gobierno de Alfaro, hasta abril, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco ha recibido 43 quejas por detenciones arbitrarias, 179 por lesiones y 577 por violaciones a la integridad y seguridad personal.

Tan sólo en 2020 hubo 1.593 quejas de distinto tipo de Ixtlahuacán de los Membrillos, cuyo cuerpo policial ya había sido denunciado desde 2015.

Desde hace décadas hay denuncias en México de que los cuerpos policiales locales operan en complicidad con el crimen organizado.

“No son hechos nuevos, había antecedentes en el actuar de estas corporaciones policiales, pero tal y como se evidencia en el caso (de Giovanni) no sucedió nada", lamentó Montiel.