La máxima corte de Guatemala evita dar su aval a Arévalo para remover a la cuestionada fiscal

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo (c), habla en el Congreso, en Ciudad de Guatemala, sobre la presentación de unas reformas legales para permitir la destitución de la fiscal general, Consuelo Porras, el 6 de mayo de 2024 (Edwin Bercian)
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo (c), habla en el Congreso, en Ciudad de Guatemala, sobre la presentación de unas reformas legales para permitir la destitución de la fiscal general, Consuelo Porras, el 6 de mayo de 2024 (Edwin Bercian)

La máxima instancia de justicia de Guatemala se abstuvo este lunes de responder una consulta que le hizo el presidente Bernardo Arévalo, que buscaba obtener su aval para remover a la cuestionada fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos.

El presidente, que no tiene la facultad para destituir a la fiscal, había preguntado el 8 de abril a la Corte de Constitucionalidad si Porras cumplía el requisito de "honorabilidad" para seguir en el cargo tras señalamientos de "socavar" la democracia y de no estar "comprometida en la lucha contra la corrupción".

La Corte "se abstiene de emitir la opinión que solicitó el presidente", indicó en una resolución divulgada este lunes.

Agregó que las interrogantes fueron "formuladas" con "falencias" y estableció "que no es viable conocer el planteamiento" del mandatario socialdemócrata.

Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla "corrupta" y "antidemocrática", lideró polémicas investigaciones contra el partido de Arévalo y las elecciones de 2023 que pusieron en jaque la transición presidencial en enero pasado.

Una de las pesquisas del Ministerio Público consideró que los comicios de 2023 son "nulos" por supuestas anomalías en el conteo de actas.

Arévalo calificó las acciones de Porras como un intento de "golpe de Estado" para evitar que asumiera el poder por su promesa de atacar a las élites "corruptas" del país.

El mandatario también le ha pedido públicamente a la fiscal su renuncia, pero ella se niega a dimitir.

En febrero, Arévalo denunció a la fiscal ante la Corte Suprema para que le retire la inmunidad por supuesto incumplimiento de deberes, aunque el tribunal no se ha pronunciado.

A inicios de mayo, el gobernante presentó personalmente un proyecto de ley que le facilite destituirla pues en la actualidad solo puede hacerlo con causa justificada como una condena penal. La iniciativa no ha avanzado en el Congreso.

Porras es fiscal desde 2018 y en 2022 comenzó su segundo periodo, que va hasta mayo de 2026.

hma/mis/ag