Yahoo Noticias Los recortes de beneficios públicos básicos que impulsan Trump y los republicanos
Donald Trump y los republicanos han festinado la reciente reforma fiscal, que recortó de modo importante los impuestos (sobre todo a los más ricos), y si bien muchos de quienes resultaron beneficiados con menores gravámenes apoyan esa medida, el esquema tiene un lado punzante: creó un boquete deficitario inmenso que, a falta de suficientes ingresos adicionales (al menos en el corto plazo, y quizá tampoco más allá), deberá cubrirse mayormente con deuda o con recortes al gasto público.
Y varios de los rubros que la actual administración podría recortar serían programas que dan apoyo a los estadounidenses más pobres y necesitados en cuestiones básicas como alimentación, salud y vivienda.
Una de las vías al respecto que impulsan el gobierno federal y los republicanos es imponer nuevos y mayores requisitos a los beneficiarios de varios programas de asistencia para personas de bajos ingresos, entre ellos Medicaid (seguro de salud) y SNAP (ayuda para alimentos, antes conocido como ‘estampillas de comida’).
Un argumento para hacerlo es que importantes recursos de esos programas presumiblemente son malgastados o propician que los beneficiarios se vuelvan acomodaticios y conviertan esos apoyos en un modo de vida. Esa es una noción común entre los conservadores estadounidenses: que la asistencia pública vuelve flojos o apáticos a sus beneficiarios, que simplemente se vuelven una carga pública y se abandonan para vivir de lo poco que el estado les da sin aportar al resto de la sociedad.
El problema es que esa noción no es precisa ni generalizable: miles y miles de personas de bajos recursos luchan día a día para salir adelante, a veces con varios trabajos de baja paga y aún así no logran lo suficiente para sacar adelante a sus familias. Para ellos, beneficios como Medicaid, SNAP o CHIP (cobertura de salud para niños de bajos recursos) son vitales.
Sea como sea, ya se han dado algunos pasos para exigir mayores requisitos a los beneficiarios de ciertos programas públicos, en específico los que imponen trabajar un mínimo de horas para ser elegibles para apoyos de Medicaid o SNAP.
Así, de acuerdo a The Washington Post, la mayoría republicana en la Cámara de Representantes ha propuesto exigir que los beneficiarios de SNAP, ayuda para compra de alimentos, deben tener un empleo a medio tiempo o inscribirse en programas de capacitación para recibir esa ayuda.
La medida, incluida en el proyecto de ley de apoyo a los agricultores, tendría como objetivo, según el Post, que con ese empleo o ese entrenamiento los beneficiarios de SNAP podrían lograr las condiciones económicas suficientes para ya no requerir esa asistencia. El efecto de esos nuevos requerimientos produciría que se redujera en un millón de personas los beneficiarios de SNAP dentro de la próxima década.
Ciertamente muchos beneficiarios podrían lograr un ingreso que los haga autosuficientes, pero muchos otros beneficiarios que no tienen medios para mantenerse (y quizá justamente por ello) no podrían cumplir con los requisitos de empleo y capacitación.
Otro caso similar es el de los nuevos requisitos del seguro de salud Medicaid que se plantean en algunos estados. En Kentucky, por ejemplo, se ha establecido que para obtener cobertura de Medicaid una persona debe trabajar al menos 80 horas al mes. Y aunque en ese estado, de acuerdo a Vox, una parte importante de los beneficiarios de Medicaid cumplirían con ese requisito, cerca de un cuarto de ellos no podría hacerlo del todo e incluso un porcentaje considerable de los que sí lo cumplen en cifras promedio pasan por al menos un mes, o más, en el que no logran esa cantidad de horas de empleo.
Esto porque las personas de bajos recursos que ocupan puestos de trabajo de poco salario encaran además de la baja remuneración la incertidumbre sobre las horas de trabajo que tendrán a su alcance. Dado que la paga es por hora y la cantidad de horas es determinada por el empleador, muchos trabajadores de bajos ingresos con frecuencia no lograr reunir suficientes horas laborales ya no digamos para cumplir con el requisito citado arriba, sino para obtener el mínimo para su sobrevivencia.
Entonces, si bien el requisito de empleo tiene sentido en el papel en ciertos aspectos, sus críticos señalan que no se ajusta a la realidad social de un gran segmento de población, que aunque desea trabajar simplemente no logra un empleo suficiente o tiene obstáculos adicionales que le impiden dedicar mayor tiempo a actividades laborales (por ejemplo, el cuidado de niños ante la falta de opciones asequibles para ello).
La necesidad de racionalizar el gasto público, evitar dispendio o fraude y propiciar que sus beneficiarios logren superarse son ciertamente objetivos pertinentes. El problema, como se comenta en Fortune, es que hay voces que señalan que esos nuevos requisitos serían poco sensibles a la realidad socioeconómica de muchas personas que dependen de beneficios públicos no por inacción u holgazanería sino por, literalmente, necesidad y falta de otras opciones.
Y se reprocha que, en el trasfondo, la necesidad de recortar el gasto para paliar el recorte fiscal de Trump y los republicanos sería un acicate para esos nuevos requisitos. Es decir, se critica, que se afecta a grupos económicamente vulnerables en aras de compensar los arrebatos político-ideológicos de Trump y los conservadores.
Además, dado que el gasto público en acciones de bienestar social ha estado históricamente en la mira de la derecha estadounidense, establecer normas para restringirlo sería un especie de paliativo político a la ingente ampliación del déficit público, que era hasta hace poco un anatema para los republicanos.
Todo ello desatará, presumiblemente, un nuevo e intenso debate. Y aunque los requisitos en programas como SNAP podrían darse de modo relativamente más directo (suponiendo que resulten aprobados en el Legislativo), los cambios a Medicaid, esquema que es operado por cada estado, tienen rutas más arduas. Hasta ahora nuevos requisitos laborales para Medicaid ya han sido aprobados por el gobierno federal (que otorga los fondos) en los casos de Kentucky, Arkansas e Indiana, y otros estados republicanos, dada la severa carga partidista de estos esquemas, podrían buscar avanzar al respecto, lo que difícilmente sucederá en los estados demócratas.
Sea como sea, a escala social y humana, recortes o exigencias nuevas a esos programas de sobrevivencia básica presumiblemente impondrán nuevos y ominosos obstáculos a los estadounidenses más pobres. Y si bien algunos lograrán, catalizados por los cambios, mitigar o superar su dependencia, muchos serán condenados a penurias aún mayores. Ese el gran reto y el dilema al respecto.
