El oportunismo electoral y las verdades ocultas tras la amenaza de Trump de deportar a millones de inmigrantes

El gobierno de Donald Trump, en voz de su nuevo director interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Ken Cuccinelli, ha redoblado las amenazas de realizar redadas masivas de indocumentados.

Como el propio Cuccinelli dijo a la televisora CBS News, la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) estaría lista para proceder a “hallar, detener y luego deportar al aproximadamente un millón de personas que tienen órdenes finales de remoción”.

Cuccinelli, en realidad, no es el responsable de ICE (USCIS es una agencia diferente dentro del Departamento de Seguridad Nacional) y él mismo aclaró que no es que vayan a hacer redadas para detener a un millón de personas sino que ellas serían el grupo de inmigrantes que podrían ser inmediatamente deportables.

ICE no es el área a cargo de Cuccinelli (USCIS se encarga de los trámites de inmigración legal, como la asignación de visas de trabajo o de residencia y la gestión del trámite de naturalización), por lo que sus comentarios dejan entrever que el gobierno de Trump busca enfatizar nuevamente su intención propagandística de proceder con mano dura contra los indocumentados y, con ello, generar miedo en la comunidad inmigrante y aplauso entre la derecha radical, de la que dependen en mayor grado las aspiraciones de reelección del presidente.

Con todo, no debe considerarse que las palabras de Cuccinnelli son mera retórica. La amenaza de redadas de indocumentados parece muy real y ominosa, pues aunque se lleve a cabo, al menos en lo inmediato, contra solo algunos miles de indocumentados (como se ha comentado en días recientes tras el anuncio de Trump al respecto), eso bastaría para desatar alarma en las comunidades inmigrantes.

Inclusive, dado que muchos miles de indocumentados tienen hijos estadounidenses, que quedarían en desamparo si sus padres fuesen deportados, la amenaza de Trump resulta también destructiva para sus propios ciudadanos.

Y si las redadas llegaran a cientos de miles o hasta el citado millón de personas, la tensión y el desasosiego sería mayúsculo y sus afectaciones serían enormes en términos humanos, económicos y, también, políticos.

Cuando durante su campaña por la presidencia Trump afirmó que deportaría a millones, expertos señalaron que tal acción era inviable económica y logísticamente, pues se requeriría un despliegue de agentes y recursos, incluidos centros de detención, que simplemente no están disponibles para ICE. Y se añadió que solo mediante la imposición de una suerte de estado policial, más propio de regímenes dictatoriales que de una democracia, sería posible realizar una operación de tal magnitud por la devastación social y las impugnaciones legales que provocaría.

La propia CBS señaló que el año pasado ICE deportó a más de 250,000 personas y que la cifra récord de expulsión de indocumentados se dio en 2012, durante el gobierno de Obama, cuando fueron deportados cerca de 410,000 indocumentados.

Pero en esas cifras, como explica un documento de ICE, se incluyen tanto los indocumentados arrestados por ICE en el interior del país como aquellos que son detenidos al cruzar la frontera por la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y luego entregados a ICE para su deportación. Así, de las 256,085 deportaciones realizadas en 2018, 160,725 fueron de personas detenidas por CBP y 95,360 por ICE. Así, detener y deportar a un millón de personas dentro del país significaría un aumento de 10 veces a lo realizado por ICE en todo un año.

Deportar a un millón sería un reto mayúsculo que, incluso con ICE trabajando a enorme escala, requeriría meses, posiblemente años, con una cantidad de recursos de los que actualmente esa agencia carece y que para obtener presumiblemente requeriría una aprobación presupuestal del Congreso, que luce improbable dado que los demócratas controlan la Cámara de Representantes.

Así, aunque Trump no tendría ni el tiempo, ni el dinero ni los recursos humanos y materiales para deportar a un millón de aquí a las elecciones de 2020, eso no significa que no intentará detener a cantidades sustantivas. Redadas a gran escala, que detengan a miles de personas, no expulsarán a todos los que tengan órdenes finales de remoción, pero sí desatará enorme miedo y desarticulación en las comunidades inmigrantes.

Se ha visto que ante esas amenazas, por ejemplo, padres dejan de llevar a sus hijos a la escuela, los indocumentados se marginan aún más por lo que quedan vulnerables en cuestiones de salud y justicia, y los empleadores abusivos aprovechan para explotarlos de modo aún más severo. ¿Qué indocumentado al que se le robó el salario o sufrió acoso en su trabajo se atreverá a denunciar cuando sabe que exponerse a las autoridades supone un alto riesgo de ser deportado? Pocos, presumiblemente, y ello tendría severas consecuencias pues deterioraría la vida de esas comunidades, incluidos muchos miles de ciudadanos estadounidenses que son hijos de indocumentados.

Gobiernos estatales y locales en lugares con altas poblaciones de indocumentados, como en California, Illinois y Nueva York, han señalado que no colaborarán con las autoridades de inmigración, pero ese deslinde no sería suficiente pues, a fin de cuentas, las leyes de inmigración son del fuero federal y las autoridades locales no pueden evitar su aplicación, aunque sí negarse a colaborar en aquellos procesos a los que no están obligados legalmente (el concepto de ciudad o estado santuario se basa en ello).

Si esas jurisdicciones podrán hacer frente de otra manera a una acción intensiva de ICE es incierto.

Aún no es claro cuál será el tiempo y el alcance de las operaciones de ICE que Trump y su gobierno han agitado, pero es posible que finalmente se decidan a realizar varias operaciones de importante escala. No arrestarán a cientos de miles, pero sí posiblemente a un número importante, lo que les permitirá mostrar músculo de cara a los simpatizantes pro Trump y generar miedo entre la comunidad indocumentada.

Tampoco hay certeza sobre qué tanto podría Trump realmente seguir adelante sin comenzar a causar devastación social y repudio a gran escala, sin que esas acciones se le reviertan políticamente, como sucedió con su política de separación de menores migrantes de sus padres en la frontera.

Una ola de redadas podría afectar severamente la economía de las regiones en las que se realicen y aunque suscitaría aplauso entre la derecha antiinmigrante (entre los que hay quienes quizá piensen que es ahora o nunca para amplificar las deportaciones), también desataría un repudio a gran escala por su crueldad y desestabilización social, máxime si se considera que en realidad la inmensa mayoría de los estadounidenses -81% según una encuesta de Gallup realizada hace unos meses- aprueba conceder a los indocumentados una vía a la ciudadanía.

Esa mayoría sustantiva de la población presumiblemente no daría su apoyo a un presidente que busca su reelección apoyado en redadas masivas de consecuencias crueles en lo humano y económicamente nocivas en lo económico, pues amplios sectores del país dependen, a fin de cuentas, de la mano de obra indocumentada.

Numerosas organizaciones pro inmigrantes, por su parte, ya han redoblado su labor de información sobre los derechos de los indocumentados y cómo actuar en caso de una redada. Y algunas podrían, con apoyo de otros grupos estadounidenses, realizar manifestaciones en rechazo a las redadas y en solidaridad con la comunidad inmigrante.

Trump, así, posiblemente apoyará su retórica antiinmigrante electoralista con deportaciones numerosas, que aunque no lleguen al millón citado podrían ser cuantiosas y devastadoras para las comunidades afectadas. Le costará, con todo, políticamente pues aunque solidifique el apoyo de los estamentos antiinmmigrantes podría ser un factor que lleve a muchos a votar contra Trump, quien aunque cuenta con grandes recursos y apoyos electorales, más que los que tenía hace cuatro años, continúa en desventaja en las encuestas ante sus posibles contrincantes demócratas.

Que la política en materia de inmigración, como lo ha sido en la frontera, esté presa de los intereses electorales de Trump ha causado, y seguirá causando, severas distorsiones y excesos. Ya catalizó la crisis humanitaria que se sufre en la frontera, con miles de familias migrantes detenidas y separadas, y podría añadir otros miles de familias rotas, incluso muchas con integrantes de ciudadanía estadounidense, y colocadas en la precariedad por la deportación de los padres y madres que las sostienen.

Así, el anuncio de deportaciones masivas tiene un componente propagandístico pero también es una amenaza ominosa para las comunidades afectadas y una acción que iría a contracorriente del sentir mayoritario de los estadounidenses. Pero si suscitase una acción de indignación a escala general, lo que es una posibilidad, las deportaciones podrían ser un tiro por la culata para la campaña de Trump con miras a 2020.