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Los gobernadores rebeldes a la 4T de López Obrador

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco | Foto: Archivo Cuartoscuro
Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco | Foto: Archivo Cuartoscuro

La Cuarta Transformación anunciada por Andrés Manuel López Obrador empezó a tomar forma a partir de la aprobación de la Ley Orgánica de la Administración Pública con la que se instrumenta un nuevo modelo de gobierno, que se caracterizará por la concentración de funciones en la presidencia de la república.

En cuanto a la relación que el Ejecutivo Federal mantendrá con los gobiernos de los estados, destaca la creación de la figura de los “superdelegados” que sustituirá a los diversos representantes que las dependencias federales mantenían en cada entidad.

Los coordinadores estatales “estarán directamente coordinados con el Presidente de la República. Tendrán bajo su responsabilidad implementar planes y acciones para el desarrollo integral de los habitantes de cada una de las entidades y supervisarán los programas por las distintas secretarías.” También tendrán entre sus funciones presidir el Consejo de Seguridad en cada estado y el gobernador será invitado a sus sesiones. (Contrareplica, 21 de noviembre de 2018)

El planteamiento de esta forma de relación entre el gobierno de López Obrador y los gobiernos de los estados no fue aceptable para los gobernadores de oposición militantes del PAN que “se dijeron sorprendidos con la intención de supeditar el mecanismo de coordinación a los llamados superdelegados y quedar en calidad de meros invitados.”

Se oponen a que asuman funciones en los consejos de seguridad, “porque ello corresponde a los gobernadores electos por los ciudadanos”.

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A los gobernadores les disgusta tener un “superdelegado” que administrará los recursos financieros que les entregaba la federación y ellos utilizaban a su conveniencia. Ahora cuestionan la determinación de excluirlos de su manejo. Lo mismo sucede con el tema de la seguridad en el que algunos altos funcionarios estatales han aparecido coludidos con la delincuencia organizada y los
gobernadores no fueron capaces de garantizar la seguridad pública en sus entidades argumentando, con frecuencia, que los delitos que se cometen en sus territorios son de competencia federal.

Destaca por su oposición a los superdelegados el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, quien dijo al próximo gobierno de López Obrador que su estado que no está dispuesto a acatar las condiciones que busca imponer a las entidades federativas.

“Levantamos la voz para decirle con respeto, señor Presidente, que no estamos dispuestos a permanecer callados ante los intentos por vulnerar el pacto federal y el orden constitucional.

“Es inadmisible que los intereses de Jalisco y de sus habitantes sean ignorados en la discusión de un Presupuesto que debe ser entendido como instrumento nacional del desarrollo y no solamente como orientador del gasto federal.”

En relación con el tema de seguridad Enrique Alfaro manifestó que en la reunión de la Conago del 27 de agosto, López Obrador dijo a los gobernadores que los superdelegados “no asumirían función alguna en materia de seguridad pública, mientras el Plan Nacional de Seguridad recién presentado y las acciones del Congreso van en sentido completamente inverso.

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“El gobierno de la República puede plantear un nuevo modelo en materia de seguridad, sí. Pero ni el gobierno de la República, ni la Cámara de Diputados pueden pisotear la Constitución Política del estado de Jalisco”. (El Financiero, 23 de noviembre de 2018)

El gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral, del PAN, también se opone, explicó que en el Plan de Seguridad y Pacificación de López Obrador se pretende sustituir el esquema de coordinación que opera en los estados y los gobernadores pasan de presidir la mesa a ser invitados del superdelegado.

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador y el gobernador panista Javier Corral Jurado | Foto: Notimex
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador y el gobernador panista Javier Corral Jurado | Foto: Notimex

“En el tema de la inseguridad pública, de combate a la delincuencia, no es admisible lo que pretenden y tampoco es válido eso de que ‘sacamos 30 millones de votos y te callas’. No, es un tema muy, muy delicado como para dejarlo a una voluntad caprichosa. Nosotros no nos vamos a someter a ningún mando militar. Esa es la posición de Chihuahua. Nosotros no estamos de acuerdo con que se haga esa sustitución militar de la seguridad pública y yo no me voy a someter a ningún mando militar.” (Sol de México, 24 de noviembre de 2018)

A unos días de que empiece el sexenio de López Obrador ya observamos en el escenario la confrontación de poder que podría expresarse de manera repetida entre la federación y los gobiernos de los estados, que no están dispuestos a dejar los privilegios y uso discrecional de recursos.

Dice López Obrador que su mandato consiste en acabar con la corrupción, el riesgo es que en el intento se acabe también con la incipiente democracia mexicana, si se cae en la tentación del autoritarismo que, con su amenaza de desaparición de poderes, nos recordó que existe el senador Félix Salgado.