Los estadounidenses de la amnistía: seis historias de inmigrantes

Ubaldo tenía 26 años de edad y trabajaba como cajero en una gasolinera en Los Ángeles cuando se enteró de que su estatus como inmigrante ilegal estaba a punto de cambiar. Había sintonizado una estación de radio en español justo cuando un locutor gritaba la noticia; se esperaba que Ronald Reagan firmara un nuevo proyecto de ley para una amnistía. Era el año 1986.

“Sentí como si me hubiera ganado un millón de dólares o más”, dijo.

Ubaldo es sólo uno de los seis inmigrantes entrevistados por Yahoo! para nuestra serie sobre estadounidenses que obtuvieron su tarjeta de residencia permanente bajo la ley firmada por Ronald Reagan en 1986 y que legalizó a 2.7 millones de inmigrantes ilegales. La legalización masiva es comúnmente llamada “amnistía”.

Estos residentes y ciudadanos de Estados Unidos –que incluyen a una maestra de primaria, un atribulado transportista desempleado y un chef pastelero– entraron a Estados Unidos cruzando la frontera de forma ilegal, quedándose después de que se vencieron sus visas, o traídos al país por sus padres cuando eran niños.

Al tiempo que el Congreso inicia lo que sin duda será un acalorado debate sobre si se legaliza o no a la mayoría de los inmigrantes indocumentados de Estados Unidos, muchas de las 2.7 millones de personas que legalizaron su estadía bajo la Ley de Control y Reforma Migratoria (IRCA, por sus siglas en inglés), firmada en 1986 por el ícono conservador Ronald Reagan, podrían tener una sensación de “déjà vu”.

Para los entrevistados, el debate resulta inquietantemente conocido y también increíblemente personal. Recordaron cuando, hace apenas 25 años, sus destinos pendían de un hilo al tiempo que los políticos decidían si deberían “salir de entre las sombras”, como exhortó Reagan, o seguir siendo el tema del que nadie quería hablar y vivir bajo amenaza de ser deportados en cualquier momento.

Reagan y otros llamaron abiertamente al plan de inmigración una amnistía única para los inmigrantes ilegales de la nación, que se suponía que sería seguido por un aumento de la seguridad en la frontera y medidas para hacer cumplir la ley en los lugares de trabajo, lo que desalentaría la inmigración ilegal en el futuro. Sin embargo, la inmigración ilegal continuó ocurriendo a un ritmo acelerado, lo que le dio una mala reputación a la ley, especialmente entre conservadores. La palabra “amnistía” se ha convertido ahora en un epíteto para ponerle fin a la reforma migratoria, y un grupo conservador que está a favor de la reforma le aconsejó hace poco a los legisladores republicanos que jamás mencionen el proyecto de ley de Reagan ni digan “amnistía” en entrevistas. También los demócratas se alejan de la palabra.

La amnistía de 1986 transformó el paisaje político en California, que dejó de pintarse de rojo para adoptar el azul gracias a la fuerza del electorado hispano recién naturalizado y de sus hijos, que serían ciudadanos. (Hasta el 2009, aproximadamente el 40 por ciento de los beneficiarios de la amnistía se han vuelto ciudadanos. Y en el 2012, el 70 por ciento de los electores hispanos –algunos de los cuales se naturalizaron gracias a la amnistía o están emparentados con personas beneficiadas por la ley– votaron por Barack Obama por encima de Mitt Romney, lo que pintó un panorama preocupante para el Partido Republicano, que ha tenido problemas para avanzar entre este grupo demográfico de rápido crecimiento.

Esa aplastante victoria electoral ha hecho que la reforma migratoria luzca más políticamente factible de lo que ha parecido en años. Un grupo bipartidista de senadores incluso ha elaborado un anteproyecto que ha atraído apoyo tentativo, en parte porque algunos líderes republicanos piensan que el proyecto de ley los ayudaría a renovar su imagen como un partido más diverso. Y Obama, quien hizo campaña sobre el tema,  recientemente en un discurso en Las Vegas que “ha llegado el momento” de aprobar la reforma.

Obama afirmó que quiere que se concrete en cuatro o cinco meses la reforma migratoria. (AFP | Ronaldo Schemidt …
Para evitar la etiqueta de “amnistía”, cualquier proyecto de ley que busque ser aprobado posiblemente será mucho más restrictivo que la ley de Reagan, que le otorgó estatus legal a cualquier inmigrante indocumentado sin antecedentes penales que hubiera vivido cinco años en el país. Ahora los inmigrantes probablemente tendrán que pagar una multa, por ejemplo, y enfrentar una espera mucho más larga para obtener sus tarjetas de residencia permanente, o “green cards”. La mayoría de las propuestas también incluyen un sistema obligatorio de verificación de empleo, para evitar que los patrones contraten a inmigrantes sin documentos en un futuro.

Muchas cosas han cambiado desde que estos  seis entrevistados se enteraron de que tenían oportunidad de convertirse en ciudadanos de EEUU. El tamaño de la población indocumentada es casi cuatro veces más grande ahora –de 11.1 millones de personas– en parte porque el proyecto de ley de 1986 no brindó una avenida legal adecuada para que trabajadores poco calificados llegaran a buscar empleo a Estados Unidos en el futuro. (Los demócratas y los sindicatos se opusieron a un extenso programa de trabajadores invitados, bajo el argumento de que reduciría los salarios).

Mientras tanto, el incremento gradual de seguridad en la frontera –de prácticamente nada en 1986 a decenas de miles de agentes de la patrulla fronteriza y un muro de separación de cientos de kilómetros hoy en día– significa que es menos probable que los trabajadores agrícolas indocumentados regresen a casa entre las temporadas de cultivo. Así que, en general, los inmigrantes ilegales del 2013 están mucho más asentados en Estados Unidos que los de 1986: al menos, dos terceras partes de ellos han vivido en el país durante más de una década, y una tercera parte tiene hijos que nacieron en Estados Unidos.

Cada una de las personas entrevistadas en esta serie tiene una historia particular, pero todas hablaron de cómo el trabajo duro ha moldeado sus vidas y sobre el profundo alivio que sintieron cuando la IRCA fue aprobada. Debajo, iniciamos nuestra serie con Ben y Byron Monterroso, unos hermanos que abandonaron Guatemala hace más de 30 años para encontrar trabajo en Los Ángeles.

Ben y Byron Monterroso

Cuando Ben Monterroso se fue de la Ciudad de Guatemala en 1977 para realizar un recorrido de 4.184 kilómetros hasta Los Ángeles, estaba seguro de que regresaría.

Su objetivo, dijo, era encontrar trabajo, ahorrar dinero y luego ir a casa –a pesar de la creciente violencia y el escaso mercado laboral en su país– para comenzar un negocio.

Pero tres años después de que llegó a Los Ángeles, Ben, quien ahora es un importante activista para los inmigrantes, conoció y se enamoró de Marielena, una inmigrante indocumentada de El Salvador, y pronto se casaron y tuvieron un hijo. Algunos meses después, su hermano menor, Byron, decidió seguir los pasos de Ben y realizó el peligroso recorrido para cruzar la frontera con un amigo con quién llegó a vivir en el departamento tipo estudio que Ben compartía con su nueva familia.

Sin embargo, los cuatro, apretujados en el departamento de un solo cuarto, aprovechaban al máximo la situación. “Recuerdo que tenía uno de esos sofá-camas. Y para pasar a la cocina había que levantar la cama”, contó Byron, quien ahora es un chef pastelero en el Hotel Omni, en Los Ángeles.

Cuando llegó a EEUU, y gracias a la ayuda de Ben, encontró empleo como lavaplatos.
“Es sólo trabajo”, dijo Ben sobre sus primeros empleos. “No preguntas. Un trabajo es un trabajo y lo que sea, nosotros lo haremos. O aprenderemos a hacerlo”.

A medida que los Monterroso iban mejorando su situación económica gracias a su esfuerzo y a una letanía de trabajos –como lavaplatos, conserjes, entregando muebles, repartiendo pizzas– el Congreso comenzó a debatir un plan para proporcionarle a los inmigrantes ilegales sin antecedentes penales un camino a la ciudadanía.

“Comenzaron a circular rumores”, recordó Byron. “Se volvió una gran interrogante –¿quién va a calificar?”. Cuando se dio cuenta de que cumplía con los requisitos del proyecto de ley, dijo Byron, se sintió abrumado por la alegría.

“Es una de esas cosas que no puedes explicar. Es emocional”, dijo. “Es un sueño hecho realidad”. Al poco tiempo de que el proyecto de ley fue aprobado, él y su pareja tuvieron un hijo. “Fue entonces cuando pensé, voy a estar aquí con mi hijo cuando crezca”, dijo.

Pero Ben, quien en ese entonces era un activista en ciernes que trabajaba como organizador sindical para el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, sintió enojo además de alivio y felicidad.
“Me enojaba por cómo era tratado”, dijo Ben acerca de que los inmigrantes ilegales son tratados como criminales. “Sentí que era muy injusto… Incluso cuando la reforma migratoria cambió y nos ayudó a algunos de nosotros, pero yo sigo enojado porque tengo parientes que son tratados de la misma manera en la que yo fui tratado cuando llegué a este país en 1977”.

Byron y Ben, quienes se convirtieron en ciudadanos en 1995, tienen varias hermanas que viven en Los Ángeles sin un estatus migratorio legal. Les frustra, dijeron, que no haya una forma en la que puedan ayudar a sus hermanas.

“Actualmente no hay un mecanismo legal para patrocinar a alguien”, dijo Ben. “Tengo una hermana que está casada con un ciudadano (pero todavía) no hay nada que podamos hacer”.

(El Congreso aprobó una ley en 1996 que indicaba que la gente que había entrado legalmente pero había permanecido en el país después de que su permiso o visa había expirado no podía solicitar estatus legal a través de un cónyuge o familiar que fuera ciudadano estadounidense sin regresar primero a su país de origen durante al menos tres años, lo que significa estar separado de sus seres queridos).

Sus hermanas, dijeron Ben y Byron, viven bajo el miedo constante de ser deportadas. Byron dijo que una de sus hermanas, que trabaja como mesera en un restaurante local, fue detenida por un oficial de policía hace poco en su automóvil para que le mostrara su licencia, que ella no tiene. La hermana estaba llorando cuando el oficial se fijó en su uniforme de mesera, que mostraba el nombre del restaurante. “¿Trabajas en este restaurante? Es uno de mis lugares favoritos”, contó Byron que le dijo el oficial. “Ahí siempre nos atienden bien. La próxima vez asegúrate de traer contigo tu licencia”.

Byron dijo que el oficial fue como un ángel de la guarda por no haber cuestionado a su hermana más detenidamente sobre por qué no traía licencia, lo que pudo haber resultado en su deportación. “Aún cuando tal vez hizo algo incorrecto, hizo lo correcto para nuestra familia”, dijo Byron.

Ben, quien cofundó Mi Familia Vota en el 2006, un grupo que alienta a los inmigrantes latinos a naturalizarse y registrarse para votar, piensa que hay una posibilidad de que la reforma migratoria sea aprobada este año. Los hispanos votaron abrumadoramente en contra de Mitt Romney en las últimas elecciones, señaló, lo que envió un mensaje a los republicanos. (Romney se oponía a la legalización de inmigrantes indocumentados). Aunque los electores hispanos son ciudadanos estadounidenses y la mayoría de ellos no son inmigrantes, muchos, como Ben y Byron, tienen familiares o amigos que son indocumentados, lo que influye en su opinión sobre la reforma migratoria.

“Cuando dices inmigración, todo en lo que puedo pensar es en mi familia”, dijo Byron, “en todos los que vinieron después de mí y no tienen papeles”.

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