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Los campos de concentración que Australia quiere ocultar

Los niños no entienden la muerte, me dijo un amigo hace años. Se refería a su propio hijo, feliz en sus juegos de superhéroes. Inocente. Pero esa afirmación pierde toda su gravedad en un sitio como el campo de detenidos que el gobierno australiano mantiene en Nauru, una minúscula isla del Pacífico. Allí morir no es ese acto incomprensible que nos atemoriza, sino un episodio cotidiano.

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Varios informes denuncian las pésimas condiciones de vida en el campo detención de Nauru (AFP)

El diario británico The Guardian ha publicado más de 2.000 reportes de incidentes ocurridos en ese centro de detención. Los documentos contienen la descripción de abusos sexuales y de otros tipos contra menores, amenazas y autolesiones consumadas por niños. Además, los informes recopilan intentos de suicidio, violaciones contra mujeres, numerosos ejemplos del drama que viven los recluidos.

La filtración de los llamados “Nauru files” confirma lo que las autoridades australianas se han empeñado en negar durante años. La clase política de ese país ha hecho un pacto de silencio para ocultar la verdad sobre los cientos de personas confinadas en Nauru y en la isla de Manus, Papúa Nueva Guinea. El control de la inmigración ilegal por vía marítima inquieta a los electores. Además, ¿a quién le interesa un montón de extranjeros condenados a subsistir en un pedazo de tierra en el Pacífico infinito?

Quiero morir

Omid Masoumali llevaba tres años encerrado en Nauru cuando decidió prenderse fuego. El 27 de abril pasado un joven iraní se inmoló para protestar contra la situación en el campo de detenidos. “Esta acción les demostrará lo cansados que estamos. No puedo soportarlo más”, gritó a funcionarios de Naciones Unidas que visitaban la isla.

Como tres de cada cuatro personas retenidas en Nauru y en Manus, Masoumali había sido reconocido como refugiado, es decir, alguien que huye de un conflicto o de la persecución. Ese estatus obliga a los estados a concederles protección según las leyes internacionales y no deben ser devueltos a sus países de origen.

El trágico final de Masoumali ilustra un sentimiento generalizado en Nauru. En uno de los reportes publicados por The Guardian, un profesor reporta haber leído en el cuaderno de una alumna: “Quiero morir, necesito morir.” Otro informe describe cómo otra menor se había cosido los labios. Los guardianes que constataron el hecho, en lugar de ayudarla, se burlaron de ella.

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El gobierno australiano no ha escuchado las protestas ciudadanas y condenas de organismos internacionales para que mejore las condiciones en los campos (AFP)

Los “Nauru files” exponen el trauma provocado por los abusos sexuales en la población infantil. En un incidente reportado en julio de 2014, una niña se desnudó e invitó a un grupo de adultos a introducir los dedos en su vagina. En febrero pasado, otra niña contó a uno de los funcionarios de la organización Save the Children su encuentro con un solicitante de asilo. El hombre la había golpeado y penetrado.

Las mujeres, que representan una minoría entre los recluidos en Nauru, también deben soportar el abuso de guardianes y otros detenidos. Una de ellas relató cómo un grupo de funcionarios locales la había incluido en una lista de mujeres cuyo asentamiento en la isla aguardaban. Otros incidentes incluyen a un chófer de autobús que tomaba foto de mujeres solteras para masturbarse y un guardia de seguridad que trocaba mariguana por favores sexuales.

En una entrevista concedida a The Guardian, Paul Stevenson, un psicólogo con más de 40 años de experiencia en el tratamiento de personas traumatizadas, afirmó que “jamás había presenciado más atrocidades que las vistas en los campos de reclusión de la isla Manus y Nauru.”

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Nauru es una diminuta isla del Pacífico con una población en torno a los 10.000 habitantes (Redacción)

La indiferencia criminal

El presidente de Nauru, Baron Waqa ha descartado la veracidad de los reportes publicados por el periódico británico. Quienes presentaron los informes inventaron muchos de los incidentes descritos, afirma el político. La respuesta del gobierno australiano no es muy diferente.

El Departamento de inmigración y protección fronteriza ha señalado que muchos de los reportes “reflejan acusaciones no confirmadas o declaraciones no corroboradas y reclamos, no hechos comprobados.”

A Canberra no le preocupa la suerte de los detenidos, aunque mantenerlos en los campos cueste al contribuyente australiano 1.200 millones de dólares anuales. El objetivo del gobierno, desde el establecimiento del primer centro de reclusión en 2001, es detener la ola de refugiados y solicitantes de asilo que tratan de llegar por vía marítima a la isla continente.

En 2014, Peter Young, un experimentado psiquiatra que había dirigido los servicios de salud mental en Nauru y Manus, reveló los objetivos del sistema implantado por Australia. “El sistema está designado para provocar un estado mental negativo y producir sufrimiento”, explicó a The Guardian. Esa angustia sostenida durante años empujaría a los reclusos a aceptar la repatriación a sus países de origen. La política migratoria actual de Australia cierra las puertas a los interceptados en el mar.

A pesar de todo, los refugiados prefieren resistir la violencia y el hastío antes que regresar. En sus naciones los aguarda la represión, la guerra y probablemente la muerte. La lista de personas varadas en Nauru y Manus incluye iraníes, paquistaníes, afganos, iraquíes, birmanos, somalíes y libaneses, entre otras nacionalidades.

La respuesta del gobierno australiano coincide con la de algunos homólogos europeos y políticos norteamericanos. Frente a la crisis de refugiados que desborda fronteras, la xenofobia disfrazada de nacionalismo se yergue como solución. Este fin justifica las más vergonzosas violaciones de derechos humanos, cometidas con la complicidad de una clase política que se dice, sin una pizca de rubor, defensora de la democracia.