Excesivo: le ponen una multa de 100,000 dólares por tener la piscina sucia y el césped sin cortar

Hacer valer códigos y regulaciones en las viviendas es una obligación de las autoridades municipales pero en Estados Unidos se dan prácticas de aplicación de multas tan escandalosas que lindan con el abuso, pueden hacer perder a los afectados su patrimonio y se colocan en una gris zona legal que les ha permitido, hasta el momento, propagarse.

Por ejemplo, en Florida, una multa que alcanzó los 103,000 dólares a una propiedad por tener la vegetación del jardín demasiado frondosa y agua verde y encharcada en la piscina. Otra de 31,000 dólares a un propietario que decidió reparar por sí mismo, sin contar con un permiso, el agujero que un árbol le provocó en el techo de su casa a causa del azote de un huracán. Una de 43,000 dólares a quien dejó frente a su casa un automóvil que ya no funcionaba y permitió la acumulación de hojas secas y el crecimiento de vegetación hasta la calle. O casi 30,000 dólares en multas acumuladas impuestas por la grave irregularidad de tener el césped del jardín continua y excesivamente crecido.

Se trata, como narró el periódico USA Today, de multas acumuladas impuestas por las autoridades de la ciudad de Dunedin, Florida, a propietarios de casas, e incluso a personas que cedieron la titularidad de su vivienda al banco, y que con frecuencia buscan cobrar a toda costa, incluso presentando demandas judiciales.

Cobrar elevadas cantidades por faltas que lucen de poca monta es un fenómeno común en muchas ciudades de Estados Unidos. Y muchas veces por faltas que son en realidad de índole estético o de relevancia secundaria en comparación a la sanción, pero que acaban acumulándose hasta convertirse en una montaña impagable.

Aquí surge la pregunta: ¿realmente dejar el césped largo, tener una piscina de agua estancada o reparar un techo dañado uno mismo, en lugar de recurrir a un contratista, son faltas que ameritan multas de decenas de miles de dólares, tan altas que colocan a las personas afectadas en riesgo de perder su patrimonio?

Al parecer, al menos en el caso de las autoridades de Dunedin, la respuesta es que sí. Algo que ha sido criticado severamente por muchas instancias, que deploran que las municipalidades usen de modo creciente multas exorbitantes para llevar ingresos a sus arcas, y que por otro lado va en contracorriente no solo del sentido común sino de un fallo reciente de la Corte Suprema que prohíbe la imposición de multas excesivas a los ciudadanos y la tendencia a atraparlos en ciclos de deudas de los que muchas veces no pueden salir.

La Octava Enmienda Constitucional prohíbe la imposición de multas excesivas y el citado fallo judicial ratificó que esa prohibición se aplica tanto al ámbito federal como el de los estados y las localidades.

El detalle de ese dictamen es que el máximo tribunal no especificó qué tanto es excesivo, y esa discrecionalidad queda así a criterio de las autoridades locales.

Y para las de Dunedin, Florida, cobrarle 103,000 dólares en multas acumuladas a Kristi Allen por la vegetación frondosa y sobrecrecida y su piscina con agua estancada en la que fue su casa no les parece algo excesivo ni una forma exagerada de hacerse con recursos. Incluso aunque en realidad Allen ni siquiera era ya la poseedora de esa casa en los tiempos en los que se dieron las faltas citadas.

El caso de Allen ejemplifica esa punzante práctica de multas exorbitantes por faltas que lucen de poca monta. Ella se mudó a Dunedin en 2005, narra el USA Today, y compró una casa con jardín y piscina que se ajustaba a sus gustos. Pero cuando se produjo años después la Gran Recesión, ella perdió buena parte de su ingreso y no pudo seguir pagando la hipoteca de su vivienda. Así, hacia 2011 se vio forzada a entregarla al banco y perdió esa propiedad que, entonces, quedó abandonada pues tras el embargo al parecer el banco no se interesó mucho por su cuidado.

Pero en 2014, un inspector municipal visitó la casa, que estaba vacía, y vio la vegetación muy crecida y la piscina con agua verde y estancada y plagada de mosquitos. Ante ello, se procedió a multarla con 100 dólares al día hasta que se remediara la situación. Pero dado que por cuestiones de lentitud burocrática del proceso de embargo el nombre de Allen aún figuraba en los registros municipales como la propietaria de la casa, a ella se le asignaron las multas, día tras día, sin que estuviese ella realmente enterada de ello pues la documentación respectiva nunca le llegó, por no residir en la dirección registrada.

Pero las multas se siguieron acumulando y generando penalidades día a día de 2014 a 2016, incluso aunque a finales de 2014 su nombre finalmente fue retirado del registro público. Ella ya no era la dueña de la casa pero aún así acabó recibiendo una carta de un abogado que la demandaba en nombre de la ciudad de Dunedin por multas y recargos acumulados de 103,000 dólares.

Situaciones similares se dan en casos de personas multadas con miles de dólares por cuestiones menores, cifras tan altas que resultan con frecuencia imposibles de pagar. Y aunque a veces las autoridades, en ese y otros muchos lugares, al final logran acuerdos por montos reducidos, muchos son los que se quejan de ser víctimas de esas multas excesivas, pese a que la propia Corte Suprema las ha declarado ilegales.

Ciertamente las autoridades locales son las que definen qué tanto es mucho, pero muchos dirían que si miles de dólares por no podar el césped o por arreglar un agujero en el techo después de un huracán no es excesivo, ¿qué es lo que sí es? Si 103,000 dólares por faltas en una casa que en la realidad ni siquiera era de la propiedad de la afectada no es excesivo, ¿qué sí lo es?

Y lo cierto es que, como señala el USA Today, los gobiernos locales han elevado en años recientes de modo sustantivo sus ingresos por multas y penalidades, e ingresaron a sus arcas 15,300 millones de dólares en 2016, 44% que el monto correspondiente a una década atrás.

Allen se defiende de la demanda señalando que ella ya no era la titular de la casa tras el embargo y que tratar de forzarla a pagar 103,000 dólares –incluso vía la incautación de otras de sus propiedades– resulta inválido, pues se le ha violado el derecho al debido proceso por el simple hecho de que ella nunca supo de las violaciones ni de la existencia de las multas. Se enteró solo cuando al final le llegó la carta de la demanda. Y alega que las multas no pueden estar ligadas a una persona sino a la propiedad en cuestión, por lo que pretender cobrarle a ella sería improcedente.

El caso sigue en proceso y no es claro si Allen será o no obligada a pagar ni cuánto. Lo cierto es que esa deuda la ha colocado en severos problemas financieros y le ha provocado una severa tensión.

Pero al margen de la conveniencia de mantener las casas y propiedades en buen estado y con buena cara, el imperativo de que las multas y sanciones sean realmente compatibles con la falta y se apliquen de modo justo resulta más que claro. El exceso de esa clase de multas luce evidente pero la ambigüedad legal las convierte en poderosa tentación para algunas autoridades.