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Liquidar las autopistas en quiebra costaría 8.000 millones, según Seopan

MADRID (Reuters) - La factura por la liquidación de las ocho autopistas españolas que están en concurso de acreedores podría ascender a 8.000 millones de euros si se incluyen las contingencias judiciales aún no resueltas, según estimaciones de Seopan, la patronal de las constructoras españolas. Juan Núñez, presidente de Seopan explicó el miércoles en una rueda de prensa que al pago de 4.500 millones de euros por el valor oficial de estas autopistas podrían sumarse exigencias adicionales por parte de los accionistas (unos 1.200 millones) y futuras contingencias en los tribunales que podrían elevar el coste total de la liquidación a 8.000 millones de euros. Este dinero procedería de las arcas públicas y elevaría el déficit público de España en hasta 0,8 puntos porcentuales, lo que podría descarrillar el proceso de consolidación fiscal que contempla reducir el déficit público al 2,8 por ciento del Producto Interior Bruto en 2016. El resarcimiento de la inversión en estas autopistas, que fueron todas construidas con capital privado al 100 por cien, cuenta con garantías por ley mediante la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA). Para limitar el daño a los fondos públicos, el Ministerio de Fomento lleva muchos meses negociando con los acreedores y las empresas concesionarias un posible rescate mediante la integración de las infraestructuras en una sociedad publica. La fórmula prevé una quita del 50 por ciento de la deuda contraída con los bancos y las empresas constructoras afectadas. Como compensación, el resto del pasivo se convertiría en un compromiso a 30 años que se remuneraría con un tipo de interés aún por negociar. "El Gobierno sigue trabajando en resolver este tema, las posiciones se han acercado, pero no hay ninguna decisión tomada", dijo Núñez. Mientras que el Fomento ha ofrecido un tipo de interés del 1 por ciento para remunerar el pasivo, los acreedores exigen un tipo más alto, del orden del 2 por ciento, en línea con el bono español a 30 años. "Las negociaciones requerirán posiblemente más tiempo, quizás no terminen antes de finalizar la legislatura", dijo Núñez.