Ley de Publicidad Exterior de CDMX se estanca en Congreso

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 22 (EL UNIVERSAL).- La nueva Ley de Publicidad Exterior en la Ciudad de México, además de carecer de un marco jurídico regulatorio sólido y efectivo, es más permisiva con la colocación de anuncios y medios publicitarios en comparación con el texto normativo vigente, coincidieron los integrantes de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del Congreso local.

Por ello, afirmaron que al haber mayor publicidad, mayor será la contaminación visual, como lo establecieron en las observaciones que hicieron al proyecto de dictamen, en un documento de 32 páginas, donde coincidieron que no debe modificarse la norma vigente, sin que haya diálogo con todos los actores en este rubro, así como la apertura del tema ante la sociedad en general.

Incluso, el diputado local de Morena, Miguel Ángel Macedo Escartín, solicitó establecer criterios en esta ley, tendientes a facilitar y garantizar la transparencia en los recursos que se obtengan por concepto de las licencias, permisos o autorizaciones en materia de publicidad exterior.

Por ello, recomendó a la Comisión la revisión puntual del dictamen, en la queden participar las autoridades, así como los integrantes de la Industria de Publicidad, que formarán parte del Consejo de Publicidad previsto en la Ley.

Los integrantes de dicha Comisión, consideraron que una de las principales finalidades de la iniciativa, presentada por la jefa de Gobierno, es meramente recaudatoria, puesto que a la seguridad, la gestión integral de riesgos y protección civil, así como el derecho a una ciudad habitable, se antepone el interés por los ingresos fiscales del Gobierno central.

Recientemente, en ese mismo sentido se pronunciaron cinco empresas dedicadas a la publicidad exterior, quienes solicitaron al Congreso local aplazar o, en su caso, corregir diversos artículos de la Ley de Publicidad Exterior, pues tal y como está elaborada, no solo provocarán una contracción económica en la Ciudad, sino que representa la extinción de las mismas.

Para las empresas, es pertinente ampliar el plazo de entrada en vigor de la presente ley, dadas las implicaciones económicas, físicas y materiales que la misma representa a cargo de los publicistas, además por el contexto histórico de la recesión económica a nivel mundial derivado del Covid-19.

Para la diputada local del PT, Lilia María Sarmiento Gómez, el proyecto de ley permite más modalidades de "anuncios" o "medios publicitarios", respecto a la ley vigente, dicho de otras palabras, si bien existe una saturación del paisaje urbano propiciada por anteriores gobiernos y bajo la ley vigente, solamente hay una manera de combatirla y esta es con el retiro de todos los formatos prohibidos e ilegales y así restará contaminación.

Sí se consigue dicho retiro, agregó, pero a cambio se les concede a los irregulares la instalación de otro formato "permitido" o que ahora se permita, regresando a la misma saturación existente o, incluso, se puede empeorar, "si es que a cambio de un retiro se permiten dos o más nuevas instalaciones, por lo que no habrá mejoramiento al paisaje urbano".

Añadió que la pretendida claridad de lo permitido y lo prohibido, también es deficiente, ya que utiliza muchos términos genéricos casi en cualquier tipo de anuncio.

Por ejemplo, citó la petista, gallardetes, pendones, medio digital, tótem y muchos otros, "que si bien es cierto podemos entender lo estos significan, resulta que son conceptos genéricos que dan pie a permitir casi cualquier formato, siendo así, no habrá claridad de lo permitido y lo prohibido", advirtió.

Por ello, los legisladores consideran que la posibilidad de reducir la tramitología, tiempos y procesos para que las personas que están interesadas en realizar sus actividades económicas en este sector productivo, "resulta atractivo para aquellos que están al margen de la Ley, lo que provocará de manera consecuente la regularización paulatina de personas físicas y morales que se dedican a la publicidad exterior", coincidieron.

Asimismo, consideraron que establecer que nuevas dependencias, como la Secretaria de Movilidad (Semovi), tengan facultades para otorgar licencias bajo esquemas determinados, puede generar en la práctica confusión entre las personas que desean obtener la autorización correspondiente para poder realizar actividades de publicidad.

Incluso, demandaron incluir al Instituto de Verificación Administrativa (Invea), con atribuciones específicas en la materia y definir las atribuciones y competencias, de las facultades conferidas a las alcaldías en la materia, para evitar un conflicto de normas.

Además, señalaron que la Ley Orgánica de Alcaldías establece una de las atribuciones exclusivas de las Alcaldías en materia de movilidad y vía pública, que es "otorgar autorizaciones para la instalación de anuncios en vía pública, construcciones y edificaciones en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables".

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