Una ley mexicana evita que Estados Unidos regrese a algunas familias migrantes

Zolan Kanno-Youngs
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WASHINGTON — Una ley mexicana ha evitado que Estados Unidos rechace rápidamente a familias migrantes en una de las secciones más transitadas de la frontera suroeste, lo que obligó a los agentes a volver a liberar a familias en el país, según tres funcionarios del gobierno de Joe Biden.

La administración de Donald Trump comenzó a regresar a migrantes que ingresaban a Estados Unidos en marzo, con el argumento de que representaban una amenaza por el coronavirus, y el mandato de emergencia selló la frontera de manera efectiva a los solicitantes de asilo. Sin embargo, debido a una ley que México aprobó en noviembre que prohíbe la detención de niños y familias migrantes, el país ha dejado de aceptar a dichas familias provenientes del sur de Texas, un área tradicionalmente susceptible a los cruces ilegales, afirmaron funcionarios.

El reciente cambio ha alarmado a los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y representa un desafío inmediato para el gobierno de Biden. Funcionarios de esta agencia han dicho que el mandato de emergencia fue necesario para evitar que el coronavirus se propagara en los centros de detención a lo largo de la frontera, aun si evitaba que familias vulnerables expusieran sus casos de solicitud de asilo. Se ha retenido a un número cada vez mayor de familias en las últimas semanas en los centros de la zona conocida como Valle del Río Grande, al igual que en Del Río, Texas, aseveraron funcionarios.

Stephanie Malin, portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés), dijo que debido a las precauciones por la pandemia y los lineamientos de distanciamiento social, algunos centros habían alcanzado su máxima “capacidad de detención segura”.

“La CBP se toma muy en serio la protección y el bienestar de su fuerza laboral y la de aquellos con los que se encuentra, y estamos tomando aún más precauciones debido a la COVID-19”, afirmó Malin. “Como siempre ha ocurrido, el número de individuos que cruzan la frontera sigue fluctuando y nosotros seguimos adaptándonos de acuerdo con ello”. Mencionó que la agencia trabajaba con organizaciones en la comunidad cuando dejaba libres a los migrantes.

Estados Unidos ha enviado a más de 390.000 migrantes de regreso a México o a sus países de origen desde marzo. El mandato disminuyó el número de migrantes detenidos del lado estadounidense de la frontera, pero también dificultó la situación de algunas familias centroamericanas al enterarse los padres de que sus hijos habían sido entregados a México, una violación de los acuerdos internacionales. Aunque la política fue una pieza crucial de los intentos de la administración de Trump por cerrar la frontera a los migrantes, el mandato también tuvo el efecto inesperado de dar a los migrantes más oportunidades de ingresar de manera ilegal.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza registró más de 73.000 cruces en diciembre, un incremento de los más de 40.000 en julio. Los agentes detuvieron a más de 40.000 migrantes en diciembre de 2019.

La ley mexicana, que entró en vigor en enero, no es aplicable en toda la frontera, explicaron los funcionarios. Los agentes fronterizos de Estados Unidos siguen rechazando a adultos que viajan solos y, en sitios como Arizona, también a familias, indicaron servidores públicos. No queda claro todavía cómo afectará esta ley otras partes de la frontera.

Un portavoz de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México se rehusó a hacer comentarios sobre si el país había dejado de aceptar a familias migrantes y solo dijo que Estados Unidos mantenía en vigor el mandato de emergencia por la pandemia.

No obstante, el gobierno de Biden no ha podido regresar a las familias migrantes a Reynosa, México, un cambio que fue informado primero por The Washington Post. La modificación ha generado preocupación en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza por el alza potencial de cruces de familias en la región vecina conocida como Valle del Río Grande. Los cruces fronterizos en los últimos años han sido impulsados en su mayoría por familias centroamericanas que buscan escapar de la persecución, la violencia y la pobreza.

El Departamento de Seguridad Nacional está construyendo un campamento en Donna, Texas, para albergar a los migrantes, pero un funcionario dijo que eso no estaba relacionado con la ley de México. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza anunció en noviembre que cerraría el principal centro de detención en McAllen para realizar trabajos de renovación.

El presidente Joe Biden habló durante su campaña sobre volver a poner en marcha el asilo en la frontera suroeste y, esta semana, firmó una orden ejecutiva para instruir al gobierno que analice la cancelación de las políticas restrictivas del expresidente Donald Trump.

La nueva administración no ha detallado de manera pública cuándo se levantará el mandato de emergencia por la pandemia. Después de que un juez federal en el Distrito de Columbia eliminó un bloqueo al mandato, el cual evitaba que Estados Unidos rechazara a niños migrantes no acompañados, la Casa Blanca dijo que decidiría cuándo aplicar la política a discreción.

Biden dijo en diciembre que su gobierno usaría un enfoque cauteloso para revertir las políticas de la era de Trump a fin de evitar un incremento repentino de cruces en la frontera.

Su plan de inmigración consiste en depender más de programas que rastrean a migrantes después de que son liberados en Estados Unidos para asegurarse de que se presenten en los tribunales migratorios y menos en detenerlos.

This article originally appeared in The New York Times.

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