Ley sobre género divide a feministas e izquierda española

ARITZ PARRA
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Victòria Martínez, de 44 años, dobla una camiseta en su casa en Barcelona, el 8 de febrero de 2021. En mayo de este año, si no hay sorpresas, Martínez completará su cambio de género e identidad en una oficina del registro civil en Barcelona, cerrando por fin un capítulo familiar para muchas personas trans en todo el mundo. El proceso, en sus propias palabras, ha sido "humillante". (AP Foto/Emilio Morenatti)

MADRID (AP) — Victòria Martínez sigue firmando los documentos oficiales con el nombre que ella, su pareja y sus dos hijas dejaron atrás hace cuatro años. Si no hay sorpresas, espera que el gobierno español la reconozca como Victòria en mayo, cerrando un capítulo familiar para muchas personas trans en todo el mundo.

Cambiar su identidad legal en una oficina del registro civil en Barcelona le permitirá actualizar su pasaporte y su permiso de conducir, y tener una tarjeta sanitaria que acredite correctamente que es una mujer. Pero el proceso, que se alargó por la pandemia del coronavirus, ha sido, en sus propias palabras, “humillante” al exigir un diagnóstico psiquiátrico, informes de tres doctores y la aprobación de un tribunal.

“¿Acaso quería yo llegar al nivel de estigmatización de que me dijesen que estoy loca? ¿Quería pedir voluntariamente un informe psiquiátrico que lo ratifica? ¿Qué un juez me apruebe el cambio de nombre para decir que soy quien yo ya soy?", recuerda haberse preguntado Martínez, de 44 años. “Ha sido agotador a nivel emocional”.

Una nueva ley propuesta por Unidas Podemos, el partido de izquierdas de la coalición gobernante en España, facilitaría que los residentes cambiasen de género con fines oficiales. El texto patrocinado por la ministra de Igualdad, Irene Montero, busca que la autodeterminación de género — sin necesidad de diagnóstico, tratamiento médico ni la intervención de juez — sea la norma y pueda solicitarse a partir de los 16 años. Cerca de 20 países, ocho de ellos en la Unión Europea, tienen ya leyes similares.

Facciones de la Iglesia Católica y de la extrema derecha han centrado su oposición al proyecto de ley en el hecho de que también permitiría que menores de 16 años eludiesen las objeciones de sus padres y buscasen la ayuda de un juez para acceder al tratamiento para la disforia de género, el término médico para la angustia psicológica causada por el conflicto entre la identidad de una persona y el sexo asignado al nacer.

Menos esperada ha sido la feroz oposición de algunas feministas y de miembros del gobierno encabezado por el Partido Socialista.

“Me preocupa fundamentalmente la idea de pensar que se elige el género sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles", manifestó la vicepresidenta Carmen Calvo, una veterana socialista y defensora de los derechos de las mujeres, la semana pasada.

Quienes se oponen al texto alegan que permitir que la gente elija su género acabará “borrando” a las mujeres de la esfera pública: si cada vez más españoles registrados como hombres al nacer pasasen a ser mujeres, sostienen, modificarían las estadísticas nacionales y crearían más competencia entre las mujeres en todos los aspectos, desde puestos de trabajo a trofeos deportivos.

La división en España refleja un debate entre una rama de teóricas feministas y movimientos por los derechos LGBTQ en todo el mundo. De un lado, activistas calificadas a menudo peyorativamente como TERFs (el acrónimo en inglés para feminista radical transexcluyente) sostienen que el avance de los derechos de las personas trans podría socavar los esfuerzos para erradicar el sexismo y la misoginia al negar la existencia de sexos biológicos.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) dice que si se aprueba tal y como está redactada ahora, la ley ayudaría a terminar con la discriminación contra las personas transexuales y situaría a España en la vanguardia europea de la protección de los derechos LGBTQ.

El proyecto de ley de Montero ha provocado también un inusual revuelo en internet, donde los críticos muestran su alarma por las provisiones para asignar baños públicos y prisiones de acuerdo con el “género registrado”. Confluencia Feminista, una alianza de docenas de organizaciones para los derechos de las mujeres, también se mostró contraria a introducir cambios en la legislación vigente.

La preocupación de Alexandra Paniagua, una de las activistas de la nueva plataforma, gira en torno a la idea de que al eliminar la opinión de médicos y jueces, los tratamientos hormonales y las operaciones de resignación de género, ambas subvencionadas por el estado, serían más accesibles “promoviendo”, en última instancia, más disforia entre los jóvenes.

Según Paniagua, más gente tendría un acceso más fácil a un “tratamiento invasivo, sobre todo niñas huyendo del sexismo”.

Pero la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, alega que algunos de los miedos citados como razones para mantener los obstáculos existentes se basan en ideas obsoletas que reducen a niños y niñas, hombres y mujeres, a un puñado de características y roles prescritos socialmente.

"(La transfobia) Me enerva porque como mujer trans he sufrido todas las discriminaciones, la discriminación por ser mujer en un mundo hecho por hombres y para hombres, pero también la de un mundo hecho por las personas cis(género) para las personas cis y pensando en las personas cis”, afirmó Cambrollé.

Alcanzar un compromiso pronto parece una tarea imposible a juzgar por la virulencia del debate en internet. Cambrollé ha demandado a Lidia Falcón, la fundadora del Partido Feminista español, por decir repetidamente que la gente transexual y homosexual promueve la pedofilia. La fiscalía está investigando las declaraciones de Falcón, de 85 años, como un posible delito de odio.

Ángela Rodríguez, que asesora a Montero en cuestiones LGBTQ, apuntó que el momento en el que se presentó el proyecto de ley ha avivado la tensión por la cercanía del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo.

“Hay una disputa por la hegemonía del discurso en el movimiento feminista”, afirmó Rodríguez en una conferencia reciente.

Lo que para muchos es un debate teórico, es una dolorosa realidad para Martínez, quien ha cerrado la mayoría de sus cuentas en redes sociales. Dice que siente que la constante conversación es demasiado “personal” y “perversa, generalizado lo que a una persona trans es”.

“Yo no quería tomar medicación de por vida. Pero con las hormonas mi cara se ha feminizado un poco y tengo tetas, con lo cual cuando salgo a la calle me miran menos y me juzgan menos", señaló Martínez, quien usa gafas redondas y lleva el pelo por encima de los hombros para suavizar el afilado contorno de su rostro.

Para reconocerse como transgénero, primero ante sí misma y luego ante su pareja, Martínez necesitaba desarrollar un tipo de confianza que no adquirió al criarse como niño en la España de los años 80. Tuvo varios intentos de suicidio antes de empezar a vivir como Victòria, y no se considera valiente.

“No había una segunda opción para mí", afirmó.

Sin embargo, Martínez dudó sobre tomar hormonas y actualizar sus datos en el registro civil. Luchó mucho para estar orgullosa de la mujer que es, con una voz grave y una forma de expresarse que destaca. ¿No quería romper con los roles tradicionales de género, incluyendo las expectativas de que las mujeres trans deberían abrazar los estereotipos de la feminidad?

Al final decidió que sería más sencillo moverse por el mundo con una apariencia más conforme socialmente y con una identificación que confirme que es una mujer, aunque eso supusiese ceder a los requisitos legales existentes y a las nociones de gente que sigue pensando en términos binarios.

“Yo viví 40 años escondida. (Ahora) me protejo, pero no me escondo”, afirmó.

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Los reporteros de The Associated Press Emilio Morenatti y Renata Brito contribuyeron a este despacho.