Ley de glaciares en Argentina: el agua como recurso fundamental, en peligro

El fenómeno del rompimiento del Glaciar Perito Moreno, en Argentina, congrega a turistas de todo el mundo cada año. Esta vez, no fue la excepción, aunque el espectáculo fue de noche y dejó fuera a varios espectadores.

Sin embargo, detrás de este regalo de la naturaleza hay un trasfondo que viene trayendo cola en Argentina, y tiene que ver con una ley que regula la protección de este recurso natural que se encuentra en peligro.

La Iglesia de ese país advirtió, de hecho, a comienzos de la semana pasada, sobre esta situación. ¿Por qué se encuentra en peligro este recurso natural fundamental para la vida? ¿Qué intereses hay detrás y qué intentos para modificar la regulación se manejan?

Qué dice la ley

Primero, es necesario tener en cuenta la cantidad de glaciares que tiene este país.

La gran estrella es el Glaciar Perito Moreno, famoso por su ubicación en el departamento Lago Argentino de la provincia de Santa Cruz, en el sudoeste de la Argentina, en la región de la Patagonia.

Pero en total, Argentina contabiliza 14.500 glaciares, a pesar de que muy pocos son turísticos. El resto se ven apenas de lejos y otros son realmente intransitables.

Sólo los especialistas en glaciares los conocen y, en general, los tienen identificados para su estudio.

Y, de hecho, no están ubicados solamente en la región del sur, la patagónica; también hay glaciares en las provincias del Norte, que limitan con Bolivia y Chile. Son en total 5.600 kilómetros cuadrados de superficie glacial.

La Ley 26.639, que regula la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial se sancionó el 30 de septiembre de 2010, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con el objetivo de crear de un Inventario Nacional de Glaciares, a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).

Pero además estableció una serie de actividades prohibidas en los glaciares, como la liberación o disposición de productos químicos, o la exploración y explotación minera e hidrocarburífera. Este último punto es central para entender el problema que atraviesan los glaciares hoy en Argentina.

La norma considera a los glaciares como bienes de carácter público. El objetivo del inventario fue la individualización de todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo.

La norma estableció que 60 días luego de la sanción, se debía presentar un cronograma para la ejecución del inventario.

El inventario se hizo recién tres años después, en marzo de 2013. La situación daba cuenta del poco interés de Argentina por proteger a sus propios glaciares, recurso natural de altísimo valor por ser fuente de agua dulce.

La minería, en el ojo de la tormenta

Para poder realizar actividades relacionadas a la minería se debe hacer una auditoría. Eso estableció la ley, principalmente, apuntando a preservar la integridad y el estado de los glaciares. Si la minería los afecta, el Estado puede actuar de hecho suspendiendo o trasladando los trabajos de extracción.

Sucede que las principales empresas mineras instaladas en el país no están del todo conformes con esta ley.

Barrick Gold, una de las mineras más grandes del mundo, implementó luego de 2010 una medida cautelar en la justicia de la Provincia de San Juan para continuar operando. Tuvo el apoyo de los gremios.

Pero en julio de 2012 la Corte Suprema de la Nación puso en vigencia la ley de glaciares y dejó sin efecto la medida cautelar, paralizando las actividades de explotación minera en la zona sanjuanina.

También ordenó una auditoría sobre la actividad industrial que realiza la minera Barrick Gold para determinar si su labor industrial afecta alguna zona protegida, cuestión que no cayó bien en el rubro minero.

El pueblo que llevó adelante la resistencia fue Famatina, en La Rioja, famoso por la cantidad de marchas y manifestaciones públicas. Lograron, de hecho, frenar dos veces un proyecto megaminero en la zona, primero cuando con Barrick Gold y luego con Osisko Mining Corporation.

Otro caso famoso fue el del yacimiento “Bajo la Alumbrera”, en Tinogasta, Catamarca. Allí vecinos impidieron en febrero de 2014 que camiones mineros pasaran por la ruta.

Los conflictos fueron mermando y saliendo de la agenda pública, al punto de que las mineras siguieron sus trabajos y la resistencia se vio diluida.

Los cambios que quiere implementar el Gobierno argentino

A fines del año pasado, el Gobierno de Mauricio Macri buscó modificar la ley con los nombres más pesados de los empresarios argentinos sentados en una mesa: Eduardo Elsztain (dueño de shoppings y oficinas que participa de la actividad minera a través de Austral Gold) y a Carlos Miguens (de la minera Patagonia Gold S.A.), entre ellos.

El reclamo empresario salió con todo frente a Macri, quien prometió flexibilizar los controles. Sobre todo, las auditorías.

El argumento de Macri es que liberar la zona generaría crecimiento y puestos de trabajo.

2018 será así un año clave para los glaciares en Argentina, dependiendo de si se flexibilizan los controles o no.

Pero los reclamos de los ambientalistas, siempre firmes, no parecen tardar mucho en hacerse oír.

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