La ley antimotines de Florida vulnera el derecho a la protesta, según comisión de Naciones Unidas

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Bob Self/Florida Times-Union via AP

Una ley aprobada por los republicanos de la Florida como reacción a las protestas que estallaron en todo Estados Unidos en el verano de 2020 restringe “el derecho a la reunión pacífica”, según un reporte publicado el martes por una comisión de la ONU encargada de vigilar los derechos humanos en todo el mundo.

“La Comisión está preocupada por los informes sobre el aumento de las medidas e iniciativas legislativas a nivel estatal que restringen indebidamente el derecho a la reunión pacífica tras las protestas contra el racismo de los últimos años, como la ley HB1 de Combate contra el Desorden Público en la Florida”, señala el reporte de la Comisión sobre la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD).

En el reporte, que se centra sobre todo en cuestiones más amplias en Estados Unidos y en varios otros países, como Azerbaiyán, Benín y Nicaragua, se incluye una recomendación para que Estados Unidos “adopte todas las medidas necesarias para garantizar el ejercicio del derecho a la reunión pacífica sin ninguna discriminación”.

Aunque el gobernador Ron DeSantis ha defendido al estado como un bastión de la libertad frente a las políticas socialistas, la decisión de la Comisión de señalar la llamada legislación antimotines de la Florida sirve como un reproche internacional a una de sus acciones características. Ben Frazier, uno de los dos activistas que viajaron a Suiza para testificar sobre la HB1 de la Florida, calificó el reconocimiento de una “victoria para la democracia y el sentido común”.

“Naciones Unidas acaba de decirle al gobernador DeSantis que se está moviendo en la dirección equivocada”, dijo Frazier, director de la Jacksonville Northside Coalition, al Miami Herald en una entrevista. “La Legislatura y el gobernador tienen que dar un giro de 180 grados, dar la cara y dejar de infringir los derechos de la Primera Enmienda de los floridanos a protestar y a reunirse pacíficamente”.

Los republicanos de la Florida aprobaron la ley estatal de Combate contra el Desorden Público en 2021 a raíz de las protestas por el asesinato de George Floyd, que fueron en su mayoría pacíficas pero que a veces estallaron en caos cuando se enfrentaron la policía, los manifestantes y los contramanifestantes. DeSantis propuso la ley, que apuntaba a la “intimidación de la multitud” aumentando las penas para las personas que participen en una protesta que se vuelva “desordenada” y permitía a la gente demandar a las ciudades que no sofocan los levantamientos.

Sin embargo, los demócratas y otros críticos dijeron que la ley fomentaba el arresto de personas pacíficas si los manifestantes cercanos actuaban con violencia o destruían propiedad ajena, y permitía a los conductores eludir potencialmente la responsabilidad de dañar a un manifestante con un vehículo. Un juez federal bloqueó una parte de la ley el pasado mes de septiembre porque, según dijo, “fomenta la aplicación arbitraria y discriminatoria”.

En respuesta al informe de la ONU, el portavoz de DeSantis, Bryan Griffin, escribió que el pueblo de la Florida es el único que tiene “alguna relevancia para el gobierno” del estado.

“Ellos, a través de sus representantes elegidos y la aprobación de la legislación en el período de sesiones anterior, decidieron que los empleados en un entorno laboral y los niños en el entorno escolar no deben ser sometidos a conceptos racialmente discriminatorios; que debe ser fácil votar y difícil hacer trampa en las elecciones de la Florida, y que la ley y el orden deben mantenerse”, escribió Griffin. “El gobernador apoya estos esfuerzos y la voluntad del pueblo de la Florida”.

El estado de la Florida no está obligado a emprender acción alguna como resultado del reporte, elaborado por expertos en derechos humanos que se reúnen cada dos años para evaluar los esfuerzos para erradicar el racismo de los estados miembros de Naciones Unidas. Como miembro del tratado, Estados Unidos tendrá un año para poner en práctica las recomendaciones relacionadas con la violencia armada, el sistema de justicia penal, los pueblos indígenas y los migrantes. Estados Unidos tendrá hasta el próximo reporte del país, previsto para noviembre de 2025, para abordar los temas relativos a las protestas pacíficas, aunque un relator hará un seguimiento de cómo responde.

Aun así, Denise Ghartey, que viajó con Frazier a Ginebra, dijo que el reconocimiento del CERD de sus quejas era un “éxito”.

“Me alegro de que el CERD, el relator y el presidente de la Comisión hayan considerado que se trata de un asunto importante y que Estados Unidos debe abordarlo de frente”, dijo Ghartey, abogada del Community Justice Project.

La ley de Combate contra el Desorden Público fue la única legislación de la Florida mencionada específicamente en el reporte, pero otros asuntos planteados sobre Estados Unidos en general han sido puntos de contacto entre las controversias y la legislación en el estado, como la ley Stop WOKE (Frenar el progresismo), que adoptó medidas adicionales para erradicar la teoría crítica de la raza en la educación superior y la capacitación relacionada con la raza en el lugar de trabajo.

También se detallan en el reporte de la ONU asuntos relacionados con el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, las compensaciones, el derecho al voto y el fin de Roe vs. Wade. La presidenta del CERD, Verene Shepherd, también se refirió al rechazo a la teoría crítica de la raza, algo que, en su opinión, equivale a un “rechazo a mantener una conversación sobre la esclavitud”.

“No querer enseñar sobre el tema de la trata transatlántica de esclavos no es bueno para la educación”, dijo Shepherd, que también es profesora de Historia Social en la Universidad de las Indias Occidentales, durante una conferencia de prensa el martes en Suiza.

El reporte recomienda que Estados Unidos adopte directrices educativas federales que garanticen que la historia del colonialismo, la esclavitud y otras violaciones de los derechos humanos “formen parte del plan de estudios en todos los niveles”.

“La gente tiene que estar anclada en su pasado y aprender sobre él”, añadió Shepherd.