Yahoo Noticias Ley de alquileres: la oposición bloqueó su tratamiento, Cristina Kirchner no logró reunir los dos tercios y se postergó el debate
La vicepresidenta no logró reunir los dos tercios para tratar la ley
En rechazo a la decisión del oficialismo de avanzar con el debate de los decretos de necesidad y urgencia de Mauricio Macri que pasaron el control de las escuchas judiciales a la Corte Suprema, la oposición se negó a dar los dos tercios y bloqueó esta tarde el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley que introduce nuevas regulaciones en los contratos de alquileres.
La votación fue favorable a habilitar el tratamiento del proyecto por 42 a 29, pero no alcanzó la mayoría de dos tercios que exige el reglamento de la Cámara alta para tratar un dictamen sin el tiempo necesario de publicación previo a la sesión.
Más allá del impacto sobre el proyecto de alquileres, el resultado de la pulseada entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio deja una lectura política preocupante para la Casa Rosada de cara a la futura designación de Daniel Rafecas como procurador general de la Nación.
Si la oposición cierra filas como lo hizo hoy, será difícil que el oficialismo pueda reunir los dos tercios que se requieren para impulsar el nombramiento del juez federal.
La reticencia de Juntos por el Cambio y el interbloque Federal impidió que se alcanzara la mayoría agravada que se requería para tratar sobre tablas el proyecto, ya que el dictamen de la Comisión de Legislación General no reunía los siete días de publicación previos a su debate en el recinto.
La normativa sobre los alquileres que quedó en suspenso establece un nuevo índice de actualización y extiende a tres años el plazo mínimo de los contratos y fija nuevas reglas de juego entre propietarios e inquilinos.
El de los alquileres es un proyecto largamente postergado en el Parlamento, que la Cámara de Diputados logró aprobar en noviembre del año pasado, después de extensas negociaciones entre las bancadas políticas y en medio de los reclamos de asociaciones de propietarios, cámaras inmobiliarias y de colegios profesionales, como el de abogados de la ciudad de Buenos Aires, que se oponen.
