A Leonardo lo mataron policías de Guanajuato en 2018; Fiscalía no investigó el caso

Alberto Pradilla
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Leonardo Reyes, de 23 años, murió el 13 de diciembre de 2018 por disparos de agentes pertenecientes al Grupo Táctico Operativo de la Policía Estatal de Guanajuato. Desde los 13 años vivía en Dallas, Texas, Estados Unidos, pero llegó a su comunidad en San Miguel de Allende para visitar a su familia. Aquella noche salió a buscar señal de teléfono, pero nunca regresó. Fue tiroteado por los policías, que argumentaron que alguien les había atacado y que ellos solo repelieron la agresión.

La Fiscalía General del Estado (FGE) y la jueza Mónica Edith Olmos Ortega, del Juzgado de Oralidad Penal de San Miguel de Allende, apoyan esta versión: no quieren investigar la muerte de Reyes. Solo la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato reconoció que hubo vulneraciones a los derechos de la víctima, aunque elude hablar de ejecución extrajudicial. Los familiares del joven han apelado la decisión judicial y piden justicia.

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Animal Político contactó con el Poder Judicial de Guanajuato y con la FGE para conocer su versión de los hechos, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.

“Me pongo muy mal cuando me recuerdan, pero nunca dejo de recordarlo. Estuvo muy mal lo que hicieron. A los policías ni siquiera los quieran castigar. Es algo muy triste. Parece que mi hijo ni era una persona humana. Porque lo que hicieron con él no se vale”, dice Guadalupe Moreno Cayente, de 54 años, madre de la víctima, en conversación telefónica desde San Antonio, Texas.

La última vez que vio a su hijo, el joven le dijo que salía de casa a llamar por teléfono. Ella, recuerda, le pidió que no saliese, que ya era tarde. Pero él no vio peligro. La suya es una comunidad pequeña en la que todos se conocen y no pensó que pudiese ocurrirle nada malo. Minutos después su camioneta fue rafagueada. Recibió más de 50 impactos de bala y él murió desangrado. Ninguno de los policías llamó a una ambulancia, según explica Juan José Padierna, abogado de la familia.

“Creemos que hay un cubrimiento, una tapadera por parte del mismo Estado. Estos policías son del cuerpo de elite y al Estado no le conviene decir que se equivocaron y lo mataron”, dice el abogado.

En casa de la familia Reyes todo el mundo recuerda que Leonardo se ganó un balón en un torneo de fútbol que jugó el día en el que lo mataron. Cenó con la familia y, pasada la medianoche, fue a un lugar conocido como La Caseta, donde los comunitarios acuden para llamar por teléfono porque es el único punto en el que tienen señal.

Minutos después todo se descontrola. Un tío de Leonardo pasa por la zona y ve a los policías que rafaguean la camioneta. Como es una comunidad muy pequeña, la recorre casa por casa preguntando si falta alguien. Ahí se da la primera alarma: falta Leonardo, el “paisano” recién llegado de Texas.

Asustados, algunos familiares se acercaron a la zona. Entre ellos estaba Moreno Cayente, su madre, acompañada de un tío, un hermano y la cuñada de Reyes. Escuchan las risas de una mujer y un policía que le dice a otro: “ya la cagaste, cárgale otra pistola”. Aterrorizados, no regresarán al lugar hasta la mañana siguiente.

Cuando amanece, la familia retoma la búsqueda. Pero en ese momento el rumor ya apunta a que Leonardo Reyes murió por balas de policía. Hasta la zona se desplaza Juan José Padierna, ya nombrado abogado de la familia. “Vimos falta de pericia de los peritos, que estaban recogiendo, manipulación de la cadena de custodia”, explica.

Entre la 1 y las 6 de la madrugada el cuerpo estuvo ahí, en manos de los mismos policías que habían apretado el gatillo y sin que nadie supervisase qué es lo que hacían con él. De hecho, ni siquiera llamaron a la ambulancia. A juicio de Padierna, esto prueba que los agentes dejaron morir a la víctima sin proporcionarle ayuda médica. Esta versión es sustentada por la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, que emitió una recomendación en la que no habla de ejecución extrajudicial pero sí denuncia que no se prestó asistencia al fallecido. “La autopsia dice que murió desangrado. Así que le dejaron morir”, dice el abogado.

A partir de aquí comienza un proceso lleno de irregularidades que la familia de la víctima asegura que está montado para exonerar a los policías.

Los allegados de Reyes creen que los policías acabaron con la vida del joven sin que hasta el momento hayan ofrecido una explicación convincente.

Los agentes, por el contrario, aseguraron que dispararon en defensa propia ya que fueron víctimas de un ataque.

“Dicen los policías que les dispararon, lo repelieron y la camioneta se dio a la fuga. Los seis usaron sus armas largas porque no se detenía. Según declararon, le alcanzaron los disparos, la furgoneta impactó contra un árbol, dos ocupantes huyeron y Leonardo murió”, explica Padierna.

Su madre recuerda que recién acababan de llegar de Estados Unidos y dice que ni siquiera tuvo tiempo de juntarse con sus amigos, como para encima participar en un acto delictivo. Para lo único que había salido su hijo era para jugar un partido de fútbol, dice la señora. Y para ayudar en la iglesia. “Todavía anduvo en el río juntando piedra”, asegura.

La demanda de justicia de la familia Reyes ha chocado con unas autoridades reacias a investigar.

Los familiares pidieron que la Fiscalía General de la República (FGR) se hiciera cargo de la investigación, sin éxito. Además, abordaron al gobernador Diego Sinhué, a quien exigieron justicia. Este se comprometió a promover la investigación, pero los acontecimientos avanzaron en la dirección opuesta.

El 25 de marzo de este año, la fiscal Ramona Pérez decidió archivar el caso, dando la razón a los policías que decían que fue en defensa propia a pesar de no presentar heridas ni rastros de ataque alguno. Un mes antes, el 17 de febrero, la Procuraduría de los Derechos Humanos reconoció que se había vulnerado el derecho a la Justicia.

El 17 de septiembre tuvo lugar una audiencia para desahogar la impugnación al archivo del caso. La juez Mónica Edith Olmos aceptó la versión de la FGE que aseguraba que se había notificado a la madre de la víctima sobre los plazos para presentar la apelación y que esta no había hecho caso. En realidad, la versión es todavía más extraña. Lo que dice fiscalía es que dejaron una nota en la casa de Guadalupe Moreno Cayente en San Miguel de Allende. Aunque esta vive en San Antonio, Texas, asegura que en el domicilio siempre hay gente y que, de haber recibido algo, le hubiesen avisado. Sin embargo, la juez rechazó estos argumentos y decretó nuevamente archivar el caso.

“La jueza está violando derechos porque fue el estado, un cuerpo de élite, quien está involucrado”, denuncia el abogado Padierna.

Guadalupe Moreno Cayente, por su parte, dice estar harta de mentiras. “Yo les digo a los abogados que me traigan a los policías a la cara. Que yo no tengo por qué mentir. Que eran cinco hombres y una mujer y escuchamos lo que estaban diciendo”, dice.

Desde entonces, asegura temer por su integridad. “Tengo miedo. Estoy muerta en vida. Ellos saben dónde vivimos y todo”, afirma. A pesar de las dificultades, reitera que “no vamos a descansar y vamos a seguir buscando justicia hasta que dios nos de licencia”.

“Queremos justicia porque no estuvo bien lo que hicieron. Él no andaba en malos pasos ni tuvo culpa de nada. No porque sean policías no hay derecho a que sean castigados”, asegura.

Sus esperanzas están ahora en el amparo indirecto 617/2020 presentado ante el juzgado Segundo de Distrito. “Nos han mentido hasta donde han querido. Nos han mentido mucho. Pero nosotros queremos justicia”, dice.

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