Legislatura de Utah prohíbe a Gobierno y empresas exigir vacuna anticovid

Agencia EFE
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Denver (CO), 23 feb (EFE News).- Ni el Gobierno estatal de Utah ni las empresas privadas de ese estado podrán exigir que las personas que usan servicios públicos o privados, o trabajan en esos sectores, se vacunen contra la covid-19 para acceder a los beneficios, según nuevas leyes aprobadas este martes por la legislatura local.

Una vez que estas leyes (consideradas sin precedentes en el país) entren en vigor, el Gobierno de Utah carecerá de la autoridad para pedir a sus empleados o a los usuarios de ciertos servicios (por ejemplo, transporte público) que se apliquen la vacuna si desean continuar con sus empleos o subirse a un autobús.

A la vez, las empresas no podrán pedir a sus empleados, futuros empleados o familiares de los empleados que se sometan a “procedimientos médicos relacionados con la covid-19 como condición de empleo.

Tras dos semanas de debate, este lunes la Cámara de Representantes de Utah aprobó por 66 votos en favor y 2 en contra la ley HB21-308, del representante estatal Robert Spendlove, que solamente exige que el personal de salud que trabaja para el Gobierno se vacune, debido a que las vacunas “se desarrollaron muy rápidamente”.

Según Spendlove, su iniciativa restaura “el equilibrio entre salud pública y libertad personal” al enfatizar la exigencia de que ciertos grupos se vacunen a la vez que “se anima a todos los que quieran vacunarse a que lo hagan y se educa a la población sobre los beneficios de vacunarse”, pero sin que el Gobierno lo ordene.

Esta medida beneficia a los trabajadores latinos quienes, según un reciente estudio del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad de Utah, son el grupo con el más alto porcentaje de usuarios de transporte público en ese estado.

Y también beneficia a los latinos que trabajan para el Gobierno (por ejemplo, en limpieza y mantenimiento de escuelas públicas) que aún no han recibido la vacuna y que, de otra manera, no podrían trabajar hasta recibirla.

Un estudio difundido esta semana por el Instituto de Políticas Públicas revela que solo 25 % de las personas que califican para vacunarse en Utah lo han hecho, siendo blancos la amplia mayoría de ellos.

Por otra parte, la ley SB21-208, del senador estatal Mike Kennedy, sancionará a los empleadores que no cumplan con la nueva ley, responsabilizándolos de “toda y cualquier herida o daño” que padezcan los empleados como resultado del incumplimiento de la ley.

“Cada individuo tiene el derecho de dirigir su vida de la manera que lo considere adecuado”, dijo Kennedy, doctor en medicina, subrayando que su proyecto excluye a aquellos que, por su trabajo, corren “un significativo riesgo de quedar expuestos a enfermedades contagiosas”.

Esta ley respalda así a prácticas ya establecidas en ciertas industrias (construcción, frigoríficos) que no exigen la vacunación de sus empleados, aunque tampoco la desalientan.

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