Legisladores, juristas y economistas debatieron sobre la necesidad de “consensos” y “previsibilidad”

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Alberto Garay, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, encabezó el ciclo de debate Diálogos para la Argentina
Alberto Garay, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, encabezó el ciclo de debate Diálogos para la Argentina

Juristas, economistas y legisladores de distintos partidos políticos destacaron hoy que la Argentina necesita construir previsibilidad para estimular el desarrollo económico. Coincidieron además en que el desafío consiste en buscar “consensos” para tomar decisiones que saquen al país del estancamiento.

Disertaron en el ciclo Diálogos para la Argentina, organizado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

Del primer panel participaron los economistas Marina Dal Poggetto, Marcos Buscaglia y Fernando Marengo. “Vivimos una situación de empate hegemónico entre dos proyectos de país contrapuestos y requerimos algún grado de acuerdo acerca de cómo seguir”, sostuvo Dal Poggetto. Buscaglia advirtió que la Argentina va a llegar a las próximas elecciones con pocas reservas, tarifas atrasadas y un gasto elevado. “Tendremos dos años muy movidos luego de las elecciones”, adelantó, pero dijo: “Esta crisis permitirá hacer algunos acuerdos de largo plazo y transicionales que levanten las trabas económicas que tiene nuestro país”. Para Marengo, “la clave está en si el acuerdo genera confianza o no”.

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En el segundo panel estuvieron los abogados Daniel Sabsay, Hugo Burgenik y María Angélica Gelli, que debatieron sobre el rol de la propiedad privada y se refirieron a los conflictos territoriales registrados en el Sur del país. Burgenik sostuvo que en estas disputas el Estado ha estado “mal presente” porque “el INAI está sujeto a la ideología del gobierno de turno”. Gelli destacó que “la Constitución Nacional declara la propiedad privada como inviolable” y cuestionó que se demoren “sine die los desalojos de tierras ocupadas con dueño registrado”. Sabsay, en tanto, señaló: “Personas que nunca tuvieron ningún tipo de problemas, de repente se ven invadidos y agredidos. Se trata de comisión de delitos, porque esas tierras no fueron tomadas por la vía legal, si no de hecho y sin ningún derecho establecido”.

Federalismo

Antonio María Hernández, Juan Vicente Sola y María Gabriela Ábalos debatieron sobre el federalismo. Según Hernández, se usó la pandemia para “eliminar el federalismo y gobernar de forma unitaria”. Sola destacó que “se gobierna esencialmente para el área metropolitana de Buenos Aires” y subrayó que “estamos muy lejos de los principios federales de la Constitución Nacional”. Ávalos advirtió: “Este federalismo corre el riesgo de convertir al país en un oligopolio político, una especie de cartel de gobernadores que perjudica a sus habitantes”.

El panel de diputados nacionales estuvo integrado por Graciela Camaño (Consenso Federal), Silvia Lospennato (Pro), Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos) y Gustavo Menna (UCR). Para Camaño, “la previsibilidad es hija de la confianza”. “Nosotros necesitamos un consenso que se exprese en el Congreso, pero que también esté en las fuerzas políticas. El consenso para la reforma de la Justicia es un consenso superlativo”, dijo.

Según Lospennato, “el populismo, de derecha y de izquierda, es una forma degradada de la democracia que va erosionando toda la arquitectura institucional y siempre intenta avanzar contra la independencia del Poder Judicial”.

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Araujo, en cambio, planteó: “Cuando hablamos de reforma judicial tenemos que hablar de un statu quo del Poder Judicial al que parecía que nos querían acostumbrar: la designación de jueces amigos, la manipulación por parte del poder político y el espionaje político. Creo que todos y todas tenemos un diagnóstico preciso en este sentido que nos lleva a entender desde las distintas fuerzas políticas que es necesario una reforma a la Justicia”.

Menna, sin embargo, advirtió: “Creo que ciertamente el consenso no precedió a estos proyectos que tienen estado parlamentario [por los proyectos impulsados por Alberto Fernández]. No es una reforma judicial lo que fue aprobado en el Senado. Tiene que ver con una creación de órganos judiciales exorbitantes pero que tiene un objetivo claro que es Comodoro Py y lo enmascara. Se habla de mejorar la accesibilidad y hacer más inclusiva a la Justicia, pero se empieza sobre el fuero que menos contacto tiene con el ciudadano de a pie. La verdadera reforma es el paso a un sistema acusatorio, que viene demorado”.

Independencia judicial

Cerró en encuentro, que fue virtual, el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Garay, que dijo que la Argentina arrastra “décadas de inestabilidad e intromisión en el Poder Judicial”.

“Todos los gobiernos han querido manipular a la Justicia y pocos se han preocupado por la independencia del Poder Judicial. Nuestro problema histórico es que, contrariamente a los que se dice, los gobiernos no han querido tribunales independientes y es eso lo que tenemos que bregar”, afirmó Garay, que reclamó “previsibilidad judicial”, “previsibilidad económica” y “previsibilidad política” para construir una república estable. “Sin estabilidad quienes más van a sufrir siempre son los que menos tienen. Los que más tienen siempre tienen posibilidades de buscar soluciones y si no se van, como está ocurriendo”, advirtió.

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