Cómo la legislación bipartidista del Senado federal sobre las armas podría afectar a la Florida

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J. Scott Applewhite/AP

Un raro acuerdo bipartidista sobre la reforma sobre las armas de fuego alcanzado por un grupo de senadores federales tras el tiroteo en Texas en el que murieron 21 personas, pudiera producir menos cambios en la Florida que en otros estados.

No está claro cómo será el proyecto de ley en su forma definitiva, si es que se aprueba. Pero tal como está ahora, según los senadores involucrados, una disposición clave refleja una ley de armas de “bandera roja” existente en la Florida, aprobada después del tiroteo en la escuela de Parkland en 2018 .

El proyecto de ley también tiene más fondos para la salud mental y la seguridad escolar, una idea popular en los estados de ambas vertientes políticas.

Así es cómo algunas de las ideas del proyecto de ley pudieran afectar a la Florida, o cómo ya se están aplicando.

Leyes de bandera roja

Si se aprueba, el proyecto de ley nacional incluirá incentivos para que los estados apliquen leyes de bandera roja, que dan, como mínimo, a las fuerzas del orden la capacidad de señalar a alguien que representa una amenaza y hacer que un juez apruebe que se le retiren temporalmente sus armas. El proceso puede apelarse.

La Florida aprobó su propia ley de bandera roja en 2018, tras el tiroteo de Parkland. Ha dado lugar a la confiscación de miles de armas.

El jefe de Policía de Pinellas, Bob Gualtieri, quien presidió la comisión de Seguridad Pública de la secundaria Marjory Stoneman Douglas, dijo que recibiría con beneplácito si el gobierno federal da a los estados incentivos para desarrollar programas de bandera roja, y financiación para superar el costo si este es una barrera.

Los estados con leyes de bandera roja ya en vigor pudieran obtener fondos federales para fortalecer sus programas, según CNN.

Pero Gualtieri dijo que se debería hacer más para asegurar que las posibles amenazas se detecten a tiempo. Dijo que tiene 40 agentes asignados a una “unidad de gestión de amenazas” que investigan y hacen un seguimiento de los reportes. La Policía gestiona todas las órdenes de protección de riesgos en el condado.

“Las órdenes de bandera roja son una herramienta para la gestión de amenazas, pero si no se gestionan las las amenazas”, dijo.

Warren Ellis, presidente y profesor adjunto del John Jay College of Criminal Justice, dijo que también es vital proporcionar servicios de salud mental a las personas a las que se les retiran las armas en virtud de las leyes de bandera roja. De lo contrario, dijo, esas medidas de emergencia pudieran estar simplemente posponiendo el momento en que una persona se haga daño a sí misma o a otros.

“No sirve de nada si todo lo que existe es la ley de bandera roja sin ningún otro tipo de intervención”, dijo Ellis.

‘Resquicio del novio’

A nivel federal, los maltratadores domésticos no pueden tener un arma, pero eso solo se aplica a las personas condenadas por maltrato que estaban casadas, tenían un hijo o vivían con la pareja maltratada, según Everytown for Gun Safety.

Algunos activistas de la reforma de las armas acuñaron esta situación como el “resquicio del novio”, y el proyecto de ley nacional pretende cambiar la normativa para que cualquier persona condenada por abuso doméstico en una relación, independientemente del matrimonio o la residencia, no pueda poseer un arma de fuego.

En la Florida, como en otros estados, las personas condenadas por delitos graves ya no pueden poseer armas.

Pero no todos los incidentes de abuso doméstico resultan en cargos por delitos graves. Pueden ser delitos menores. Incluso entonces, Gualtieri dijo que en la Florida hay órdenes judiciales por violencia en el noviazgo que normalmente requieren una prohibición de posesión de armas de fuego.

Gualtieri dijo que es difícil decir cómo el cierre del resquicio legal afectaría a la Florida hasta que haya más detalles disponibles.

Según el Giffords Law Center, que hace un seguimiento de la legislación sobre armas de fuego y aboga por reformas, la ley de la Florida no exige que se retiren las armas en caso de delito menor de violencia doméstica.

Verificación de antecedentes

La propuesta de ley exigiría una verificación de antecedentes federal mejorada para los menores de 21 años que compren un arma, aunque no está claro de inmediato lo que implicaría.

“Creo que eso pudiera tener un papel importante, dependiendo de lo que signifique la definición real de mejora”, dijo Ellis.

Si solo se trata de tiempos de espera más largos, Ellis dijo que eso no tiene muchas consecuencias. Pero dijo que fortalecer la capacidad de los centros del Sistema Nacional de Verificación Instantánea de Antecedentes Penales para facilitar las verificaciones, y para incluir potencialmente más información sobre los antecedentes de salud mental de una persona, pudiera ser útil.

Gualtieri dijo que verificar el historial de salud mental de una persona sería difícil. Dijo que de los cientos de miles de usos de la Ley Baker en la Florida, menos de 1% resultan en que un juez declare a una persona incompetente.

En la Florida, la Policía Estatal verifica los antecedentes para la compra de armas de fuego, exigida para todas las ventas de los distribuidores de armas de fuego con licencia, excluyendo a los vendedores privados y sin licencia.

“Si bien estamos al tanto de las discusiones y la posible legislación a nivel federal, nuestro conocimiento sobre eso se limita a lo que hemos visto reportado públicamente, por lo que no estamos en condiciones de hablar de eso”, dijo la portavoz del departamento Gretl Plessinger en un correo electrónico.

El acuerdo federal no amplía explícitamente las verificaciones de antecedentes privados, aunque sí dice que habrá un lenguaje más claro sobre quién tiene que registrarse como distribuidor autorizado. No se proporcionaron detalles adicionales sobre lo que eso significa.

Lo que no está en el proyecto de ley, pero lo que la Florida ha hecho

El marco bipartidista del Senado no incluye ningún aumento de la edad mínima requerida para comprar un arma de fuego. En la Florida, la edad mínima para comprar un arma se elevó a 21 años en un proyecto de ley aprobado por la Legislatura y firmado por el entonces gobernador Rick Scott.

Esa disposición fue impugnada en los tribunales por la National Rifle Association.

Scott, ahora senador federal, no fue uno de los 10 republicanos que firmaron el primer acuerdo bipartidista. Un portavoz dijo que revisará la propuesta.

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