Los leales a Trump en Seguridad Nacional podrían vetar las políticas migratorias de Biden

Zolan Kanno-Youngs y Michael D. Shear
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El presidente Donald Trump en el muro fronterizo cerca de Álamo, Texas, el 12 de enero de 2021, antes de dejar el cargo. (Doug Mills/The New York Times)
El presidente Donald Trump en el muro fronterizo cerca de Álamo, Texas, el 12 de enero de 2021, antes de dejar el cargo. (Doug Mills/The New York Times)

WASHINGTON — Después de que la semana pasada un juez de Texas bloqueó de manera provisional la orden del presidente Biden para suspender las deportaciones durante cien días, los agentes migratorios no dudaron en usar esa breve ventana para romper con el nuevo tono del presidente entrante.

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) trasladaron a un solicitante de asilo camerunés de 40 años a un centro en Luisiana y se prepararon para deportarlo, a pesar de que este denunció haber sido víctima de tortura en su país de origen.

“Esto no es lo que representa el gobierno de Biden”, dijo Henry Hollithron, el abogado del hombre, en una entrevista. “En definitiva, esto es un remanente de la era de Trump”.

El presidente Donald Trump se quejaba a menudo de lo que denominó un “Estado profundo” dentro del gobierno que trabajaba para frustrar su agenda. Pero ahora también Biden y su secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, están encontrando sus propios núcleos de resistencia interna, en particular en las agencias encargadas de hacer cumplir las leyes migratorias de la nación, donde la cultura del trabajo conjunto favoreció durante mucho tiempo las políticas de mano dura que Trump adoptó.

Mayorkas, que fue confirmado el martes tras un retraso de casi dos semanas causado por los republicanos descontentos con sus opiniones en torno a la inmigración, se encontrará con un Departamento de Seguridad Nacional transformado desde que fue su subsecretario durante el gobierno de Barack Obama. Activistas liberales que abogan por los inmigrantes y exfuncionarios del gobierno de Trump rara vez están de acuerdo en mucho, pero ambas partes coinciden en que Mayorkas tendrá dificultades para lograr que los miles de agentes fronterizos y migratorios de su departamento de 240.000 personas acepten la agenda migratoria de Biden.

“Hay gente en el ICE que está de acuerdo con las políticas de Trump”, afirmó Tom Homan, partidario de la mano dura en materia de inmigración que fue director del ICE durante el gobierno de Trump. “Quieren hacer el trabajo que juraron hacer”, aseveró.

Aaron Reichlin-Melnick, asesor de políticas en el Consejo Estadounidense de Inmigración, que aboga por los inmigrantes, coincidió en que después de “cuatro años de una fuerza de trabajo recién empoderada y politizada”, es más probable que los agentes del ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza “opongan resistencia a un gobierno entrante que en el pasado”.

En su campaña, Biden se pronunció a favor de que las agencias de inmigración gubernamentales rindieran cuentas, pero ya se enfrenta a un reto de enormes proporciones con la renovación de un departamento cuya alineación con Trump no se compara con la de ningún otro organismo público.

En el sitio web de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza siguen apareciendo videos que celebran el “gran y hermoso” muro fronterizo de Trump. En los canales oficiales de las redes sociales de la Patrulla Fronteriza todavía aparece un video dramatizado de la agencia en el cual los migrantes son representados como los temibles criminales que Trump afirmaba que eran. Y el sindicato que representa a los agentes del ICE ―cuyos principales líderes eran seguidores entusiastas de Trump― ha señalado que no tiene intención de aceptar todas las revocaciones de las políticas de Trump que el nuevo gobierno quiere implementar.

Es posible que esos agentes hayan recibido un espaldarazo en los últimos días del mandato de Trump, cuando sus partidarios leales trataron de codificar la influencia de esos sindicatos. El día antes de la toma de posesión de Biden, los líderes sindicales firmaron un contrato de trabajo con Kenneth Cuccinelli, quien está a favor de aplicar medidas estrictas contra la migración y es el subsecretario en funciones del Departamento de Seguridad Nacional, que requiere que los líderes políticos del ICE consulten las decisiones políticas con el sindicato.

Según la ley federal, el director de una agencia tiene 30 días para cancelar un contrato de este tipo una vez firmado, tras lo cual entra en vigor. Si el contrato se mantiene, podría debilitar las directivas que Biden quiere implementar en dicho organismo, incluidas las directrices que entraron en vigor el lunes y que exigen que los agentes del ICE centren las detenciones en delincuentes violentos.

El miércoles, Arizona se convirtió en el segundo estado en presentar una demanda contra la suspensión de las deportaciones de Biden, después de que el fiscal general republicano del estado, Mark Brnovich, acudió a los tribunales para hacer mención de otro contrato que firmó Cuccinelli que exigía al departamento que avisara antes de emitir políticas migratorias.

“No van a poder hacer que la gente cambie sus convicciones tan arraigadas”, comentó Stephen Miller, el arquitecto de la agenda antinmigración de Trump, sobre muchos funcionarios de carrera del Departamento de Seguridad Nacional. “Van a dejarles dolorosamente claro a los políticos cuáles serán las consecuencias si no se siguen sus consejos”. Miller, firme defensor de Trump, ha criticado de manera pública las políticas de Biden incluso antes de la toma de posesión.

El surgimiento de una resistencia envalentonada al interior del gobierno de Biden no se limita a las agencias de Seguridad Nacional. Hay grupos de empleados del gobierno leales a Trump y a su agenda que siguen instalados en otras partes de la burocracia.

Andrew Veprek, un aliado de Miller, quien anteriormente fungió como subsecretario de Estado para Refugiados y Migración, fue remplazado por un veterano de los tiempos de Obama. Sin embargo, Veprek, funcionario de carrera del Servicio Exterior, ha vuelto al Departamento de Estado.

Michael Ellis, quien es leal a Trump, fue nombrado como el principal abogado de la Agencia de Seguridad Nacional en los días previos a la toma de posesión de Biden. Actualmente se encuentra en licencia administrativa mientras se investiga su nombramiento, pero sigue siendo empleado de la agencia. Y en el Departamento de Justicia sigue habiendo abogados de carrera que defendieron muchas de las políticas de Trump, incluida la separación de familias en la frontera.

Biden también se enfrenta a la tensa decisión política de destituir a dos inspectores generales nombrados por Trump: Eric Soskin, inspector general del Departamento de Transporte; y Brian Miller, un exabogado de la Casa Blanca de Trump, designado el año pasado para investigar los abusos en el gasto por la pandemia.

No todos en el extenso departamento rechazarán el nuevo enfoque.

Algunos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional se sintieron frustrados por la rotación del liderazgo en funciones dentro de las agencias durante la época de Trump. Y una división del ICE que investiga casos a largo plazo sobre traficantes y terroristas incluso pidió separarse de la agencia migratoria para que no se le vinculara con las medidas de Trump para reprimir a los inmigrantes indocumentados en el país. Algunos líderes de la agencia también se sintieron aliviados por la transición y la oportunidad de ya no ser sorprendidos por el anuncio de una nueva política por medio de un tuit presidencial.

Gil Kerlikowske, excomisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, dijo en una entrevista que era muy probable que los agentes fronterizos respetaran la cadena de mando, sin importar quién fuera el líder de la agencia, pero que volver a ganarse la confianza del pueblo estadounidense podría ser un desafío mayor.

Y el nuevo liderazgo ya se está haciendo notar. Funcionarios del ICE comunicaron el miércoles a los miembros del Congreso que se había cancelado un vuelo de deportación de detenidos cameruneses, aunque Hollithron dijo que los funcionarios de la agencia en Luisiana solo le informaron ese día que su cliente había sido trasladado a otro centro, sin decirle a cuál.

Poco después de su confirmación, el martes por la tarde, Mayorkas les escribió a sus empleados para prometerles que los apoyaría y para hacerles saber sus expectativas.

“Actuaremos con integridad y humildad”, dijo Mayorkas en un correo electrónico obtenido por The New York Times. “Seremos abiertos, transparentes y responsables”.

Aun así, Miller señaló: “Va a ser muy intenso en el Departamento de Seguridad Nacional”.

Homan afirmó que la moral en la agencia se había “ido por el caño” desde que Biden comenzó a emitir órdenes ejecutivas en las últimas dos semanas, y predijo que algunos en la burocracia tratarían de socavar al nuevo presidente.

Reichlin-Melnick, cuya organización ha impugnado las políticas de Trump en el sistema judicial, dijo que sería fundamental que Mayorkas y Biden se aseguraran de que los elementos de base del departamento realmente siguieran sus directivas.

“El próximo mes o dos van a ser verdaderamente formativos para este gobierno”, comentó.

Eso podría ser demasiado tiempo para algunos inmigrantes. El viernes, el ICE deportó a casi 350 inmigrantes indocumentados a Guatemala, Honduras y El Salvador, según informó la agencia en un comunicado.

This article originally appeared in The New York Times.

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