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Las mujeres que luchan por detener las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela

Aracelis Sánchez se convirtió en defensora de derechos humanos en Venezuela a raíz del asesinato de su hijo Darwin Sequera en 2013 (Captura de pantalla YouTube)
Aracelis Sánchez se convirtió en defensora de derechos humanos en Venezuela a raíz del asesinato de su hijo Darwin Sequera en 2013 (Captura de pantalla YouTube)

Aracelis Sánchez sabe que los hombres enmascarados que asesinaron a su hijo pudieran ir por ella en cualquier momento. El peligro es inmenso. Pero ni las amenazas de muerte la han disuadido de abandonar su lucha por la justicia en Venezuela.

Quedarse con los brazos cruzados no es una opción para Sánchez, quien fundó la Organización de Familiares de Víctimas de Violación de Derechos Humanos (Orfavideh) para luchar contra las ejecuciones extrajudiciales y la impunidad.

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Ella era una mujer dedicada exclusivamente a su hogar hasta que el 11 de junio de 2013 cambió su destino. Unos 30 hombres armados irrumpieron en su casa mientras su familia aún dormía para llevarse a su hijo Darwin, de 20 años, sin decir por qué. Su hija menor fue testigo del disparo que le quitó la vida cuando intentaba huir por el techo de la vivienda.

La pesadilla no paró con la muerte de Darwin. Luego funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicca) la acosaron, tratando de extorsionarla. Le pedían una fuerte suma de dinero para no involucrar a su muchacho muerto en una serie de delitos.

“Me decidí a ser defensora de derechos humanos porque vi que habían muchas víctimas con casos similares al mío. Me propuse que tenía que luchar para que las ejecuciones extrajudiciales se detuvieran, porque no puede ser que maten a mi hijo y después asesinen a otros jóvenes en total impunidad. Si mi hijo es inocente, los demás también pueden serlo”, dijo Sánchez a Amnistía Internacional.

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Orfavideh se ha convertido en el punto de apoyo de unas 50 madres que presionan al Ministerio Público para que investigue las ejecuciones extrajudiciales. Cuando Sánchez se entera de la muerte irregular de un joven se traslada a la casa de los familiares para explicar la importancia de las denuncia para acabar con la impunidad.

La titánica labor de Sánchez fue reconocida con una mención especial del Premio de Derechos Humanos de la Embajada de Canadá en Venezuela en 2018.

Carmen Arrollo, otra madre que lucha por esclarecer la muerte de su hijo desde Orfavideh, opinó que las ejecuciones son “una forma de terrorismo del estado para que la gente sienta miedo y no salga a protestar. Para que la gente se acostumbre a vivir sin agua y sin luz”.

Lo que dicen Amnistía y Bachelet

La Alta Comisionada de la ONU (ACNUDH) para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet advirtió que entre enero y febrero de 2019 documentaron “numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados progubernamentales”.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Érika Guevara, ha calificado de “repulsivas” las estrategias de control social mediante el uso de grupos de exterminio, como las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional (FAES).

Guevara dijo en febrero que entre el 21 y el 25 de enero, cuando comenzaron las manifestaciones en contra del mandatario Nicolás Maduro por usurpar la presidencia, al menos 41 personas murieron “todas por herida de arma de fuego” y más de 900 fueron detenidas de forma arbitraria.

Las cifras del 2018 también son alarmantes. En Caracas, la capital de Venezuela, los cuerpos de seguridad mataron a 607 personas, de los cuales el 58% murió en operativos de las FAES. La mitad tenía menos de 25 años y el 41% fue asesinado dentro de sus casas, informó la publicación Monitor de Víctimas.

Según el informe Seguridad Ciudadana y Derecho a la vida de Amnistía Internacional, la Fiscalía de Venezuela registró 8.292 ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y junio de 2017.

Una de los muertos de las FAES es Ángel David Dugarte Valera, quien fue secuestrado vivo en un callejón de Caricuao, barriada del oeste capitalino, en la mañana del martes 23 de abril de 2019. Horas más tarde su cadáver fue lanzado desde un vehículo frente al hospital Miguel Pérez Carreño, a unos 7 kilómetros del lugar donde fue capturado por dos hombres enmascarados de las FAES. sin una orden de arresto y sin haber cometido delito.

La idea del gobierno venezolanos de combatir el aumento de la violencia y la delincuencia con grupos de exterminio fue nefasta. Venezuela se mantiene como uno de los países más violentos del mundo, “con una tasa de homicidios de 89 por cada 100 mil habitantes para el 2017, por encima de países como El Salvador y triplicando la tasa de homicidios de Brasil”, según Amnistía.

Cambios inusitados

Portada del Informe de Seguridad Ciudadana y Derecho a la Vida de Amnistía Internacional que muestra un agente enmascarado de las Fuerzas Armadas Especiales de la Policía Nacional Bolivariano con un detenido. (Captura de pantalla Informe Amnistía)
Portada del Informe de Seguridad Ciudadana y Derecho a la Vida de Amnistía Internacional que muestra un agente enmascarado de las Fuerzas Armadas Especiales de la Policía Nacional Bolivariano con un detenido. (Captura de pantalla Informe Amnistía)

La reciente liberación del preso político Leopoldo López mostró fisuras en las fuerzas de seguridad del gobierno revolucionario y obligó a Maduro a cambiar las piezas claves dentro de la dirección de las FAES, que oficialmente está integrada por unos 70 efectivos, pero cuenta con el apoyo de policías de otros comandos y de grupos paramilitares.

La situación de las ejecuciones podría empeorar si se confirma que el nuevo director de las FAES es el comisario jefe José Miguel Domínguez, quien habría participado en las bandas armadas que reprimieron a las manifestaciones en el 2014 y 2017.

Y aunque las condiciones cada vez son más duras, Sánchez no se amilana ni pierde el rumbo. Ella sigue acompañando a los familiares de las víctimas a navegar por un laberinto judicial que lleva a muchos a desistir a denunciar.