Las 12 excusas del PP para bloquear la Justicia que ya no se sostienen

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y su predecesor, Pablo Casado, antes del relevo en el partido. (Photo by Europa Press News/Europa Press via Getty Images)
El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y su predecesor, Pablo Casado, antes del relevo en el partido. (Photo by Europa Press News/Europa Press via Getty Images)

1.428 días de bloqueo judicial. Esa es la efeméride que se celebra hoy en España además de la festividad de Todos los Santos. En las últimas semanas se nos ha hecho creer que el desbloqueo estaba más cerca que nunca, que la renovación del CGPJ en base al mandato constitucional estaba listo a falta de la firma, pero el debate para la modificación del delito de sedición ha roto las conversaciones entre PP y PSOE.

Si no fuera la primera vez que los populares se levantan de la mesa, podría estudiarse a fondo los argumentos de los populares, pero como ya se han levantado de la mesa de negociación en una docena de ocasiones, lo de la sedición suena, en realidad, a una excusa más.

Podemos no debía participar

En verano de 2020, como precalentamiento del curso electoral que iba a iniciarse, Pablo Casado se mostró a favor de renovar el CGPJ siempre y cuando Podemos no participara en la negociación. Como si el partido morado se hubiera colado en una fiesta cuando, en realidad, sacó más de 3 millones de votos dándole la posibilidad de ser socio del Gobierno de España.

Denuncias por financiación ilegal

Semanas después, a finales de agosto, Casado matizó que el problema por el que no quería a Podemos en la mesa se debía a que el partido entonces liderado por Pablo Iglesias había sido imputado por financiación ilegal. No solo resultó que la imputación quedó en nada y Podemos sigue absuelto de ese delito del que se le ha acusado en decenas de ocasiones, sino que hoy en día el partido condenado ya tres veces por lucrarse por la corrupción de la trama Gürtel es el Partido Popular.

La Fiscal General del Estado

El 8 de septiembre de 2021, el portavoz de los populares en el Senado, Javier Maroto, resucitó oro clásico de sus reivindicaciones: la destitución de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. La formación de Pablo Casado consideró que su salida permitiría acercar un poco las posturas con el Gobierno para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pese a que el nombramiento de Delgado es plenamente legal.

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El independentismo

En octubre de 2020, el problema que encontró el PP fue que el Gobierno había sacado adelante votaciones en el Congreso con los votos de partidos independentistas: “No puedo negociar con Bildu o con ERC el nombramiento de vocales del CGPJ, cuando lo que están proponiendo precisamente es acabar con la Constitución”, explicó en Onda Cero el entonces negociador del PP, Enrique López. Cuando José María Aznar aprobó sus presupuestos en 2026 con CiU, la presencia de este partido nacionalista no fue ningún obstáculo para el PP.

Politización

Todavía en 2020, en noviembre, Pablo Casado se olvidó de lo dicho anteriormente y se mostró como el abanderado de la despolitización del sistema de elecciones que, entre otros, permitió la elección del actual CGPJ que los populares no ponían en entredicho porque, obviamente, les beneficiaba.

Los indultos

Arrancado el nuevo año, al PP se le ocurrió una nueva excusa, la sexta en seis meses. Para esta ocasión su única condición era que no hubiera un indulto generalizado para los políticos catalanes involucrados en el ‘procés’. El contexto era la celebración de las elecciones en Cataluña de 2021

Método de elección

Después, Casado empezó a decir que antes de pactar nada debía modificarse el método de elección de los vocales del CGPJ “para que los jueces elijan a 12 de los 20 vocales en la próxima renovación”. Casado parecía aceptar la renovación con el sistema vigente, pero su nueva condición era que la ley que cambie el método de elección para la renovación dentro de cinco años tenía que aprobarse aquel mes de septiembre, antes de pactar con el PSOE un nuevo consejo porque “no nos fiamos del Gobierno”.

Enemigos de la Corona

Antes de salir despedido por sus propios compañeros, Pablo Casado aún tuvo tiempo de inventarse otra excusa para no renovar el Poder Judicial. En este caso mezcló la unidad d España con la defensa de la Corona y dijo que no había pacto posible “con quienes piden la abdicación del Rey y apoyan la independencia de Cataluña o el blanqueamiento de los ‘batasunos”.

Elecciones andaluzas

Al llegar Alberto Núñez Feijóo al poder, el PP parecía dejar atrás las excusas y el gallego, que pregonaba sentido de Estado, simplemente pidió tiempo para abordar la renovación del CGPJ cuando acabaran las elecciones andaluzas cuya precampaña ya estaba en marcha cuando él tomó el control del Partido Popular.

“Acuerdo global”

Pasaron las elecciones andaluzas y a Feijóo, que seguía luciendo el traje de dirigente solvente y de consensos, se le ocurrió ampliar el pacto para renovar el CGPJ a otros ámbitos. Concretamente pidió al PSOE un “acuerdo global para regenerar la Justicia”.

La inflación

El PSOE volvía a constatar que el PP no tenía ninguna intención de perder el poder de la Justicia que retiene en materia orgánica porque Feijóo usó la inflación como nueva excusa. “Para mí lo prioritario en este momento es cómo podemos bajar la inflación en nuestro país”, contestó en septiembre cuando fue preguntado por ello.

Sedición

Y, por último, de momento, llegamos a la sedición. El mismo PP que no protestó cuando Pedro Sánchez dijo en 2018, en 2019, y en 2020, que su compromiso era reformar el delito de sedición para acercarlo a los cánones europeos que trazan una línea más clara entre el delito contra el orden público o contra el orden constitucional, ahora ha decidido que es una línea roja que no se puede rebasar. Y así será hasta que el PP se invente otra excusa para intentar llegar a las elecciones generales sin haber reformado el CGPJ como le exige la Constitución.

En vídeo | La negociación del CGPJ rebaja el tono de los reproches de Sánchez y Feijóo

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