Una larga espera en la frontera para dejar atrás las reglas establecidas por la pandemia

NOGALES, México — Guadalupe García cruzó la frontera hacia Arizona con su hija de 11 años hace unos meses, dijo que huía de las brutales golpizas que le propinaba su marido en Guatemala. La Patrulla Fronteriza le informó que Estados Unidos no estaba abierto para el asilo y de inmediato las puso en un autobús de vuelta a México.

Cinco meses después, García y su hija siguen en la ciudad fronteriza de Nogales, en México, donde encontró trabajo en un restaurante. “Estamos esperando con paciencia que Estados Unidos abra sus puertas”, dijo hace poco mientras servía órdenes de pollo empanizado, enchiladas y tacos. Isilda estaba en una habitación contigua, haciendo collages de recortes de revistas mientras su madre trabajaba.

San Juan Bosco, un refugio en Nogales, donde las dos se hospedan, alberga muchos migrantes durante “cinco, seis y hasta diez meses”, comentó María Antonia Díaz, voluntaria del refugio desde hace varios años. En este momento, hay decenas de miles de migrantes en ciudades mexicanas; algunos encontraron trabajo y rentaron un apartamento, en espera del día, que ojalá llegue pronto, en el que Estados Unidos abra sus puertas de nuevo a los solicitantes de asilo.

La situación en la frontera sur está llegando a un estado crítico, según las autoridades estatales y federales que deben encontrar albergue para los migrantes que llegan. Incluso antes del levantamiento programado para la semana siguiente de la regla de salud pública del Título 42, que le permitió al gobierno estadounidense expulsar con rapidez a casi 2 millones de migrantes en los últimos dos años, los agentes de la Patrulla Fronteriza encuentran una cantidad casi histórica de personas que ya cruzaron la frontera por su cuenta o que se les permitió ingresar al país conforme diversas exenciones del Título 42.

En total, 234.088 migrantes cruzaron la frontera sur de Estados Unidos en abril, por encima de la cifra histórica de 221.444 de marzo, incluido un récord de 34.821 personas procedentes de Cuba y 20.118 de Ucrania. Las autoridades gubernamentales afirman que el levantamiento del Título 42 podría provocar un aumento aún mayor de hasta 18.000 migrantes al día.

Aunque un tribunal federal podría detener de manera temporal el levantamiento de la orden de salud pública (para posponer el día del juicio final), el principal desafío para el gobierno de Joe Biden en los próximos meses es encontrar la manera de disuadir a los miles de migrantes que se dirigen a Estados Unidos no por amenazas inminentes de violencia o persecución, que Estados Unidos está legal y moralmente obligado a enfrentar, sino en busca de empleos y un futuro mejor.

La intención oficial del Título 42, implantado en un principio por Donald Trump, era frenar la transmisión del coronavirus a través de la frontera. Sin embargo, no tardó en convertirse en una poderosa herramienta para frenar la inmigración.

“Nunca había habido una justificación de salud pública para aplicar el Título 42 en la batalla para contener la COVID-19”, dijo Wayne Cornelius, director emérito del Centro de Estudios Comparativos de Inmigración de la Universidad de California en San Diego.

“Era una norma confusa”, dijo, “que formaba parte de un esfuerzo múltiple para frenar la inmigración a Estados Unidos”.

El gobierno de Biden se ha enfrentado a la presión de los progresistas para que detenga las expulsiones y ofrezca refugio a los inmigrantes cuyas quejas de persecución son legítimas en sus países de origen. En abril, se anunció que la orden se levantaría el 23 de mayo y que se reforzarían los planes para gestionar a los migrantes que llegaran. Pero la enorme cantidad de personas que se prevé que crucen en las semanas tras el levantamiento de la orden ha suscitado dudas e incluso algunos demócratas abogan por una estrategia más lenta.

Independientemente de que se ponga fin a la política la próxima semana, es probable que en el futuro inmediato aumente la afluencia de migrantes. La agitación en todo el mundo obliga a los migrantes a ir de Venezuela a Colombia, de Nicaragua a Costa Rica y de cualquier lugar cercano y lejano a Estados Unidos, donde abundan los empleos y la prosperidad y la seguridad parecen estar al alcance de la mano.

“Sin importar quién gobierne al país o las políticas que se apliquen, hay fuerzas globales y regionales que harán que la migración continúe”, afirmó Eileen Díaz McConnell, profesora de Migración Global en la Universidad Estatal de Arizona. Estas fuerzas, dijo, incluyen el cambio climático, la inestabilidad económica y política, la delincuencia organizada y la violencia doméstica, así como las consecuencias de la crisis sanitaria mundial.

A fin de hacer frente al aumento esperado, el Departamento de Seguridad Nacional reveló un plan para concentrar sus nuevos recursos en la frontera y Alejandro N. Mayorkas, su director, prometió que aquellos que no tengan un sustento jurídico para ingresar al país serán detenidos, deportados, así como sujetos a otras consecuencias que se suspendieron durante la aplicación del Título 42.

Un nuevo programa para adjudicar los casos de asilo en la frontera en el plazo de un año, en lugar de hacerlo a través de los saturados tribunales de inmigración que a menudo tardan entre seis y ocho años, tiene como objetivo disuadir de viajar al norte a las familias cuyas solicitudes tengan pocos fundamentos.

“Estamos elevando las consecuencias de la aplicación de la ley sobre las personas que no cumplen los requisitos” para permanecer en Estados Unidos, dijo Mayorkas durante una visita al valle del Río Grande en Texas el martes.

Cualquier esfuerzo de Estados Unidos para evitar una afluencia masiva dependerá de lo bien que los países de la región, sobre todo México y Guatemala, gestionen sus fronteras. Los migrantes de todo el mundo atraviesan esos países en su camino hacia Estados Unidos. México también desempeña un papel crucial a la hora de decidir qué migrantes admite tras su expulsión de Estados Unidos.

En abril, los agentes fronterizos se encontraron con más de cuatro de cada diez migrantes procedentes de países más allá de México y del Triángulo Norte de Centroamérica, una proporción sin precedentes. Y a muchos se les ha permitido entrar en Estados Unidos a pesar del Título 42, que ha excluido a cerca del 60 por ciento de los migrantes que cruzaron la frontera desde su entrada en vigor en 2020.

Hace poco, tres autobuses repletos de hombres migrantes, procedentes sobre todo de India, Senegal y Georgia, llegaron al refugio Casa Alitas de Tucson, Arizona, en un lapso de tres horas. La mayoría de ellos estuvieron detenidos varios días y luego fueron liberados con monitores de tobillo y órdenes de presentarse en el tribunal para las audiencias de deportación.

Entre los que hacían fila para que les ayudaran a reservar boletos a destinos en todo el país estaba Bassir, de 30 años. Había volado de Senegal a Brasil, donde comenzó una travesía por tierra para llegar a la frontera entre México y Arizona, dijo. Mientras atravesaba el Tapón del Darién, un tramo de selva sin ley cerca de la frontera con Colombia y Panamá, unos bandidos le pusieron una pistola en la cabeza y le robaron el reloj y 350 dólares. Pero tras ser interceptado por los agentes fronterizos y pasar unos días detenido, por fin veía la posibilidad de conseguir un trabajo en Estados Unidos y solo se preguntaba en voz alta: “¿Cuánto tiempo me irán a dejar esta cosa en el pie?”.

Como las expulsiones aceleradas en virtud del Título 42 han permitido a muchos adultos solteros hacer repetidos intentos hasta conseguir eludir a las autoridades fronterizas estadounidenses, las autoridades pronostican que el número total de encuentros de los agentes podría disminuir tras la anulación del Título 42, a pesar de la llegada prevista de miles de nuevos solicitantes de asilo que han estado esperando al otro lado.

Pero disuadir a un gran número de personas de llegar con solicitudes de asilo ambiguas será uno de los principales retos en los meses posteriores a la supresión del Título 42. Incluso si muchas solicitudes se rechazan de inmediato en virtud de las nuevas políticas de vía rápida implementadas por el gobierno, se necesitará tiempo para que se corra la voz de que se está denegando la protección a las personas y se les deporta. Y cualquier mensaje del gobierno estadounidense competirá con el de una sofisticada industria del contrabando que se adapta enseguida a las políticas cambiantes.

“No se trata solo de migrantes individuales; hay un sistema que responde a los cambios de política”, dijo Díaz McConnell, de la Universidad Estatal de Arizona.

La única certeza es que cuanto más tarde en levantarse el Título 42, más migrantes se quedarán del lado mexicano, lo que creará un cuello de botella que aumentará el potencial de hacinamiento y desorden cuando al final se levante la restricción.

Magdala Jean, de 33 años, y su marido llegaron de Haití. Están esperando con otros miles de migrantes en la ciudad fronteriza de Reynosa, controlada por cárteles, frente a McAllen, Texas.

En Puerto Príncipe, dijeron, se sentían inseguros en medio de una oleada de tiroteos de las bandas que ahora controlan amplias franjas de la capital. Tampoco pudieron encontrar trabajo. Acampar en México ha sido su mejor opción, dijo.

“Queremos esperar, para que no nos deporten”, dijo.

A unos 450 kilómetros de distancia, en la pequeña ciudad de Piedras Negras, México, hombres, mujeres y niños vestidos con harapos entraban en la Primera Iglesia Bautista, un refugio en un edificio modesto a una manzana del puente internacional que lleva a Eagle Pass, Texas. Dijeron que habían dejado atrás en el camino a mucha gente.

Israel Rodríguez, el pastor del refugio, dijo que no solo han llegado más personas en las últimas semanas, sino que también vienen de otros países que antes no se veían.

“La gente seguirá llegando”, dijo. “Han cruzado montañas, lagos y ríos y no van a dar marcha atrás porque se levante o se añada una ley. Nada los detiene”.

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