#LadyMilitar, lo menos grave de estas polémicas escenas en México

Captura de video / YouTube

Los hechos ocurrieron en la localidad de San Carlos, municipio de Guaymas, Sonora, al noroeste de México, durante la temporada vacacional de Semana Santa. Una chica en aparente estado etílico baila de forma sugerente (así es el reggeatón) delante y encima de un vehículo de la policía militar sin que pasara nada más que el dato anecdótico y el sucesivo éxito y pérdida del anonimato de la susodicha en las redes sociales gracias a la grabación que alguien subió a internet.


Las primeras reacciones críticas al asunto se dieron de manera local, entre los habitantes del lugar y zonas aledañas que descalificaron la nula reacción de los militares ante la ocurrencia de la joven que enseguida pasó a ser conocida como #LadyMilitar (porque en México no hay protagonista viral que no sea bautizada con un mote de sarcástica realeza) tras mover su anatomía encima de un vehículo perteneciente a las Fuerzas Armadas. Eso y porque la evidencia saltaba a la vista: en este país cada vez son menos los que respetan a los que se supone representan a una autoridad.

En el caso de San Carlos, un lugar constituido por una marina y cuya población, entorno, negocios y estilo de vida es prácticamente estadounidense, llama incluso la atención que los militares estén patrullando ahí, aunque no hay que perder el contexto del incidente que ocurrió en la temporada vacacional de Semana Santa, unas de las pocas fechas en que ese pueblo gringo es invadido por los mexicanos de los alrededores.

Y justo al ver soldados ahí es cuando entra en escena la parte que no se ve en el video pero que contextualiza dos graves problemas que enfrentan los mexicanos por estas fechas y que, dependiendo de la forma en que sean resueltos, definirán el futuro del mismo país.

Por un lado, este ‘microdocumental’ de la vida cotidiana es un claro ejemplo de que en México la presencia militar patrullando calles prácticamente se ha ‘normalizado’ en muchas partes del territorio nacional, lo cual no sería raro si esas no fueran tareas que son atribución de policías locales. Estados como Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Durango o Veracruz viven de lleno escenas castrenses en la mayor parte de sus municipios, en una combinación de fuerzas del Ejército Mexicano, Marina Armada de México y Policía Federal. Para la gente que ahí vive, ver soldados y armas en las calles se ha vuelto parte de su panorama habitual, con la peculiaridad de que, al menos de forma oficial, el país no vive bajo una situación de conflicto armado.

Foto: Cuartoscuro

Son casi 50 mil militares en todo el país a los que se les ha asignado la tarea de resguardar el orden desde hace poco más de 10 años, desde ese día en que el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa decidiera enfrentar a los cárteles del narcotráfico bajo el argumento de que los aparatos policiacos locales no sólo estaban rebasados en cuestión de fuerza y número, sino infiltrados por los grupos criminales que se apoyaban en ellos para la distribución y tránsito de estupefacientes, además de otras actividades delictivas como el secuestro, la extorsión y el tráfico de personas.

En efecto, la realidad ha demostrado que muchos de los policías estaban en las nóminas de los cárteles y los que no, estaban en las listas para ser posteriormente asesinados; pero esa realidad también ha dejado una estadística roja en la última década: un estimado de 150 mil muertos (entre criminales, civiles y militares), casi 30 mil desaparecidos y un número indeterminado de desplazados. Y por desgracia otro hecho se comprobó: la presencia del Ejército no detuvo a los cárteles y por el contrario estos respondieron de una forma tan violenta y con tal fuerza que las historias macabras se multiplican desde las pequeñas poblaciones hasta las grandes ciudades, incluida la capital, Ciudad de México.

Es estos 10 años quienes más han perdido son los civiles que han quedado a merced de dos fuerzas armadas, una legítima y otra fuera de la ley, pero también han perdido, y mucho, las Fuerzas Armadas de México. Han perdido en credibilidad, confianza y peor aún, en respeto. Antes de 2010, antes de ser lanzados a la guerra contra el narco, el Ejército Mexicano era la institución que lideraba las encuestas sobre en quién creían más los mexicanos y esa respuesta tenía un franco respaldo, toda vez que era visto por la mayoría como un ejército de paz. Sin tener un conflicto armado frontal contra otra nación en su propio territorio en un siglo (el último de esa talla fue la ocupación estadounidense del puerto de Veracruz en 1914 en plena Revolución Mexicana) y con una pequeña participación en la Segunda Guerra Mundial unido a los aliados a través del sector aéreo vía el Escuadrón 201, las Fuerzas Armadas han sido parte fundamental en entornos de graves emergencias provocadas por desastres naturales. Luego entonces, la empatía de la población hacia sus militares no podía ser mejor.

Foto: Cuartoscuro

Pero eso cambió en los últimos años con la presencia de soldados en las calles conforme se han documentado casos de abuso de poder, violaciones y torturas por parte de elementos militares hacia la población civil. Tan sólo en 2016, las Fuerzas Armadas fueron objeto del mayor número de recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos , pues de las 72 dirigidas a un total de 55 autoridades de gobierno, el 30% corresponde en conjunto a la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional de Seguridad y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Por otro lado están los casos en que el Ejército Mexicano ha sido criticado por su actuación en operativos contra el crimen organizado. El caso con mayor resonancia fue el de Tlatlaya, Estado de México, llevado a cabo en 2014, donde militares, miembros de la Procuraduría General de la República y policías del Estado de México habrían reportado 22 muertos por parte de un grupo criminal tras un enfrentamiento armado, descubriéndose después que 15 de ellos habían sido ejecutados a sangre fría una vez capturados, llevando a una investigación que concluyó que la escena del crimen fue alterada para ocultar esos hechos.

De igual forma, hace apenas unas semanas la Marina Armada de México estuvo bajo una lluvia de críticas por lo que algunos señalaron como un uso excesivo de la fuerza al abatir en Nayarit a varios narcotraficantes con armas de alto poder desde un helicóptero, en medio de una zona residencial.

Sí, el Ejército Mexicano tiene y ha tenido mucho que perder, pues su entrenamiento no es el adecuado (ni debería serlo) para cumplir tareas policiacas, pero al estar inmersos en ellas salta y escandaliza cuando su actuar no cumple con el debido proceso hacia los imputados, así estos sean criminales.

Foto: Cuartoscuro

Aquí es cuando surge el segundo y grave problema que México deberá resolver y que marcará su futuro, para bien o para mal: ¿Qué hacer con el Ejército en las calles, cómo deben operar y cuánto poder debe tener ante un ola criminal que no parece haber disminuido aún cuando Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, considerado el mayor narcotraficante de México, ya está tras las rejas?

Una solución ha sido la llamada Ley de Seguridad Interior, una ley que ha generado más desencuentros que consensos entre las diferentes facciones partidistas del Congreso, mismas que han presentado más de una docena de versiones del la ley sin que ninguna convenza a todos.

Para los que se oponen a la aprobación de la ley sin las debidas modificaciones, el peligro es que se dé un ‘cheque en blanco’ a las Fuerzas Armadas para que lo que ahora hacen (y que los ha metido en tantos problemas) sea constitucional sin la posibilidad de que cumplan un procedimiento adecuado para preservar y hacer cumplir los derechos de todos los mexicanos, dejando un vacío legal en temas de tortura, uso de la fuerza o desaparición forzada (el caso documentado de los ‘falsos positivos’ en Colombia, donde el ejército hizo pasar por guerrilleros a civiles inocentes asesinados, es un ejemplo del peligro que conlleva un poder así).

Incluso, muchos temen que legitimar las acciones militares tal como están ahora solo provocaría que los gobiernos estatales y locales no capaciten y depuren a sus policías, dejando la responsabilidad para delitos comunes a las Fuerzas Armadas y perpetuando su presencia en las calles de tal forma que el país, sin hacerlo oficial, habría sido militarizado.

Es por eso que el video de la llamada #LadyMilitar y sus posteriores críticas hacia los soldados llaman la atención. Todo indica que la mejor decisión en ese caso fue no hacer nada. Si ellos hubieran decidido quitarla, tocarla y la reacción de ella hubiera sido responder de forma agresiva y retadora quizás las cosas se habrían salido de control y hubieran sido acusados de abuso de poder. Quizás no, pero era mucho arriesgarse por algo así cuando no hay un papel que les diga a los soldados qué hacer y qué no en una situación en la que ni deberían estar. En este momento los militares tienen mucho que perder, pero los mexicanos en general, mucho más.
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