Proyecto inmobiliario de los Trump en República Dominicana desata sospechas de conflictos de interés

Donald Trump se ha abstenido de separarse plenamente de sus empresas y negocios y aunque se ha apartado de su operación diaria tiene aún capacidad de obtener recursos y beneficios de ellos y, posiblemente, de tomar decisiones empresariales. Situaciones complicadas que, se ha señalado, implican enormes riesgos de conflictos de interés e, inclusive, de violaciones a la Constitución de Estados Unidos.

En ese contexto, un reporte investigativo de la organización Global Witness afirma que la Organización Trump, la empresa del hoy presidente, podría estar planeando reactivar un fallido proyecto inmobiliario en República Dominicana, situación que podría implicar un conflicto de interés para el presidente e, incluso, la violación de la norma constitucional denominada ‘Emolument Clause’ que, a grandes rasgos, prohíbe a funcionarios públicos recibir regalos o ingresos provenientes de gobernantes o estados extranjeros.

Todo ello porque, se afirma, al hacer negocios en el extranjero el presidente podría tomar decisiones que beneficiaran a su empresa pero fueran en contra del interés nacional o, por otro lado, podría recibir prebendas o concesiones que, puede suponerse, implicarían un compromiso del presidente ante intereses extranjeros.

Todo ello originado en el hecho de que Trump no se ha separado realmente de sus empresas, aunque sean sus dos hijos mayores los que las administren.

En ese contexto, la posible reactivación de su proyecto en la zona de Punta Cana, República Dominicana, por parte de la Trump Organization implicaría, al menos y en principio, un posible conflicto de interés del presidente y, dependiendo de lo que sucediera, posiblemente una violación constitucional.

El caso de República Dominicana, de acuerdo a la televisora ABC, enciende en ese sentido focos rojos.

La Trump Organization entró en 2007 en un acuerdo de licencia con desarrolladores dominicanos para construir un amplio complejo de bienes raíces, que incluiría un hotel y apartamentos, en una zona de playa en República Dominicana. Pero llegó la crisis económica y el proyecto se vino abajo, al grado de que la empresa de Trump demandó a los desarrolladores dominicanos –Ricardo y Fernando Hazoury– y los acusó de fraude.

Los terrenos donde ese complejo inmobiliario iba a levantarse quedaron en el abandono y aunque al final la empresa de Trump llegó a un acuerdo con los Hazoury, el proyecto dominicano pareció fracasado por completo.

Pero, al parecer, eso no sería así del todo e, incluso, podría estar mostrando signos de vida. Pero dado que eso estaría teniendo lugar durante la presidencia de Trump, Global Witness considera que podría estarse incurriendo en un gran conflicto de interés.

Algunos indicadores sugieren esa posibilidad. Según ABC, Eric Trump, hijo del presidente, viajó a República Dominicana unas semanas después de que su padre asumió la presidencia y se reunió con los Hazoury, con quienes al parecer la Trump Organization hizo las paces tras la demanda que emprendió contra ellos. Eso pese a que el propio Trump habría prometido que durante su mandato su empresa no realizaría nuevos negocios en el extranjero para evitar conflictos de interés o la presunción de ellos.

Para saber más al respecto, Global Witness envió el mes pasado a un investigador encubierto para obtener evidencia de que la Trump Organization estaría reactivando su plan de desarrollo inmobiliario en República Dominicana.

Ese investigador se ostentó como un comprador inmobiliario y se reunió con un vendedora de bienes raíces en la isla caribeña, quien le dijo que en tendrían en el futuro un nuevo desarrollo de apartamentos y áreas comerciales con la Trump Organization. El investigador de Global Witness obtuvo grabaciones encubiertas de ello. Lo hizo de modo controversial pero el dato está allí y es de peso.

La empresa de Trump negó que tal cosa fuera cierta y señaló que, en todo caso, desde el contrato de 2007 se preveía que el proyecto se desarrollara durante varios años. Por ello, no habría nuevos tratos en República Dominicana, afirmó la Trump Organization, y las discusiones sobre una posible reactivación de ese proyecto no implican que exista un plan en marcha al respecto, indicó ABC.

Con todo, la visita de Eric Trump a República Dominicana ya durante el gobierno de Donald Trump levanta suspicacias, como también el hecho de que el gobierno dominicano, informó ABC, contrató por 1.2 millones de dólares al cabildero Brian Ballard, cercano a Trump, para que lo asistiera en sus relaciones con funcionarios estadounidenses. Desde 2007 el gobierno dominicano no contrataba servicios de cabilderos en Washington DC.

Coincidencias o no, y se trate de planes viejos o nuevos, lo cierto es que el mero hecho de que Trump no se haya separado plenamente de sus empresas vuelve a todo negocio que su organización haga en el extranjero susceptible de potenciales conflictos de interés y de riesgos de violaciones a la ley. Y todo ello se suma a la catarata de escándalos y de ilegalidades que se han desatado en el entorno cercano del presidente y que han sacudido a su administración. El oleaje político-mediático en torno a Trump y sus acciones pasadas y presentes no hace sino incrementarse huracanadamente.

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