La Patrulla Fronteriza inspecciona autobús en Florida y exige prueba de estatus migratorio a los pasajeros: ¿Es legal lo que hicieron?

Aunque el discurso oficial habla de que las autoridades de Inmigración persiguen prioritariamente a indocumentados con graves antecedentes o que representan un peligro para la sociedad, varios casos recientes muestran que, en realidad, las acciones de detención y posible deportación pueden afectar a cualquier inmigrante, incluso por causas que podrían parecer menores, y hasta a aquellos que se encuentran legalmente en el país.

Un caso que ha suscitado inquietud y controversia es el operativo de revisión de documentos y la detención que agentes de la Patrullera Fronteriza realizaron hace unos días a bordo de un autobús de pasajeros en Fort Lauderdale, Florida, que hacía la ruta de Miami a Orlando.

Los agentes, como narró el Huffington Post, abordaron un autobús de la empresa Greyhound y comenzaron a pedir pruebas de ciudadanía a los pasajeros.

Esa inspección suscitó polémica, incluso entre los propios pasajeros, que cuestionaron por qué tendrían que mostrar una identificación si no habían cometido ningún delito. Uno de esos pasajeros grabó en video la actividad de los agentes, material que luego fue difundido en la página de Twitter de la Coalición de Inmigrantes de Florida.

Luego, durante esa revisión, los agentes detectaron que una de las pasajeras, una mujer originaria de Jamaica, había excedido el tiempo de estancia que le concedió su visa de turista y, por ello, residía sin autorización en el país. La mujer fue detenida y conducida a una estación de la Patrulla Fronteriza para profundizar en la indagación de su situación y, en su caso, proceder a su deportación.

No se ha revelado cuánto tiempo esa mujer llevaba en el país más allá de la expiración de su visa de turista, pero la Coalición de Inmigrantes de la Florida y familiares de la mujer indicaron que ella había viajado desde Jamaica a Florida para visitar a parientes y que su nuera la había dejado en la estación de autobús sin haber recibido luego mensaje sobre si había llegado a su destino.

Ante ello, la controversia punzante es si la Patrulla Fronteriza y otras autoridades de inmigración tienen derecho a abordar un autobús dentro de territorio estadounidense, como lo hicieron en Fort Lauderdale, y a pedir a los presentes identificación para probar su ciudadanía o estancia legal en el país.

De acuerdo al periódico Miami Herald, la Patrulla Fronteriza confirmó que sí está autorizada para hacerlo. Según se explica en ese periódico la ley faculta a las autoridades de inmigración a abordar cualquier tipo de vehículo o nave ubicada a una “distancia razonable” de la frontera o los puertos de entrada al país, lo que actualmente consiste en una franja de 100 millas desde la frontera o el puerto hacia el interior, y, en su caso, pueden realizar inspecciones y arrestos de personas que no cuenten con documentación migratoria en regla. Todo sin necesidad de contar con una orden de cateo o de arresto previamente emitida por un juez.

Críticos de esa situación, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), consideran que esa facultad sería contraria a la Cuarta Enmienda Constitucional, que protege de detenciones y cateos arbitrarios, y critican que en la zona de 100 millas citada las autoridades de inmigración y aduanas con frecuencia practican búsquedas y detenciones más allá de lo permitido por las normas aplicables.

Además, la ACLU critica que la franja de 100 millas, que en realidad no cubre solo las áreas limítrofes con México o Canadá sino todo el perímetro terrestre y costero del territorio estadounidense, área en la que viven unas 200 millones de personas, fue determinada sin consultas ni debate público en 1953 y considera que actualmente es una norma anticuada en cuya aplicación no existe suficiente transparencia ni vigilancia para verificar que se realiza siempre de acuerdo a la ley.

Con todo, la Patrulla Fronteriza ciertamente tiene la facultad de realizar inspecciones como la del autobús de Fort Lauderdale en la muy amplia franja de 100 millas citada (en la que, solo por mencionar algunas, caen ciudades como Boston, Nueva York, Chicago, Miami, Houston, Los Ángeles y San Francisco). Por ello, cuando la política del gobierno federal se torna persecutoria contra los inmigrantes, como es el caso actual, operativos como el del autobús en Florida donde fue detenida la mujer jamaicana podrían convertirse en acciones mucho más frecuentes, aunque ciertamente ese tipo de operaciones se han dado continuamente en gobiernos pasados.

El resultado, con todo, es que ningún indocumentado estaría libre de ser identificado, detenido y deportado, incluso si no ha cometido otra falta que la de no tener papeles en regla.

Y hasta inmigrantes legales, como el médico polaco Lukas Niec, que ha vivido casi 40 años en Estados Unidos, a donde llegó de Polonia siendo niño, y era residente permanente, han sido blanco de operaciones de las autoridades de inmigración. De acuerdo a The Independent, Niec –un médico respetado que trabajaba en el Hospital Metodista Branson en Michigan– fue detenido por agentes de inmigración en su casa. Según la televisora local WOOD, Niec fue arrestado en Kalamazoo, Michigan, y sus familiares dijeron no saber a ciencia cierta la razón.

Al parecer Niec, según sus familiares, podría haber sido arrestado por Inmigración porque cuando tenía 17 años estuvo implicado en un caso de destrucción de propiedad con valor de menos de 100 dólares y ocultamiento de bienes robados. Se trató de errores de adolescencia que Niec logró posteriormente retirar de su historial amparado en una norma estatal. Pero para Inmigración ese historial bastó para detenerlo y colocarlo posiblemente en situación de deportación, pese a que por décadas ha tenido una trayectoria intachable y es muy apreciado en la comunidad por el servicio que ha prestado a sus pacientes.

Así, tanto en el caso del autobús en Fort Lauderdale como del médico en Kalamazoo, si bien puede decirse que las autoridades de Inmigración tenían facultad para realizar las citadas detenciones, el muy bajo perfil de ambos casos muestra que en un contexto de fuerte tensión antiinmigrante como el que se proyecta desde el gobierno federal, todo indocumentado, e incluso residentes legales con faltas menores en su pasado, no tienen nada seguro. La percepción de que se trata de una suerte de cacería, como han denunciado activistas pro inmigrantes, se hace eco de ello.

Y el miedo en las comunidades inmigrantes es rudo y real.

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