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La partida secreta de López Obrador, miles de millones de pesos para gastar como él quiera

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el 1º de julio de 2019 en la plaza el Zócalo de Ciudad de México
Foto: EFE

El Senado de la República aprobó la Ley Federal de Austeridad Republicana con la que se establecen límites al gasto público y autoriza que los ahorros sean destinados a proyectos del Plan Nacional de Desarrollo o al propósito que Andrés Manuel López Obrador determine mediante decreto.

Ahora conocemos el destino de los ahorros generados por la austeridad del gobierno de López Obrador, como los despidos de miles de funcionarios de la administración pública federal, la compactación de funciones en secretarias de estado, desaparición de programas, como las estancias infantiles, reducción de salarios para empleados de gobierno, incluye al presidente, compactación del servicio exterior y demás.

Según datos de la Presidencia de la República, de enero a junio, el gobierno federal ahorró 113 mil 85 millones de pesos por reducción o cancelación de compras y contratos, conceptos de seguros y otros.

Con la aprobación de la Ley Federal de Austeridad se cumplen compromisos de campaña de López Obrador ya que prohíbe que tengan seguros de gastos médicos, de vida y percepciones extraordinarias los funcionarios públicos, elimina las pensiones para los expresidentes, excepto las del ISSSTE, el nepotismo hasta el cuarto grado de parentesco, restringe el uso de elementos de seguridad para funcionarios, limita el uso de bienes inmuebles del Estado, las delegaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el extranjero, salvo las de seguridad nacional.

Asimismo, prohíbe la compra o venta de vehículos de lujo para los servidores públicos, las adquisiciones y arrendamientos de equipos y sistemas de cómputo, sin previa justificación.

Lo prohibido indica que la austeridad será el distintivo de la administración y del gasto publico y que deberá de ser observada por todas las dependencias gubernamentales, poderes de la unión y demás.

Como se trataba de prohibir lo que antes estuvo permitido, los senadores modificaron el artículo 24 de la ley para aumentar de cinco a 10 años el tiempo que debe pasar para que los servidores públicos ocupen puestos en empresas relacionadas con su cargo. (Proceso, 2 de julio de 2019)

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Con todo esto estuvo de acuerdo la mayoría en la Cámara de Senadores, pero los legisladores de oposición se inconformaron con el contenido del artículo 61 que autoriza al presidente disponer, por decreto, de los ahorros que se generen, pues consideran que con ello el país regresa a la practica de la “partida secreta” que por años tuvo de manera discrecional la presidencia y presentarán una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia.

El senador del PAN Julen Rementería comentó: “Aprobar este artículo 61 es autorizar la partida secreta para la Presidencia de la República en este país, algo que precisamente hace varias legislaturas a nivel federal se cuestionó y se eliminó y hoy la traemos de nuevo, la actualizamos y se la damos al presidente para que haga con esos recursos lo que le plazca a través de un decreto, y luego, si bien nos va, nos daría cuentas”. (Proceso, 2 de julio de 2019)

En la tribuna del senado Vanessa Rubio, del PRI, dijo: Estamos ante una austeridad que viola la Constitución, una austeridad que viola las leyes, que viola la división de poderes en la cual se basa nuestra República y que, además, viola la autonomía de los órganos autónomos. Estamos aprobando una Ley de Austeridad que va a afectar negativamente a los 1.4 millones de servidores públicos, porque no distingue grados de responsabilidad. (Excelsior, 3 de julio de 2019)

Según especialistas al eliminar las oficinas de representación de las secretarias de Economía, Agricultura y Desarrollo Rural y Bancomext dificultará la defensa ante disputas comerciales que se lleven a cabo en el exterior.

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Para Kenneth Smith, negociador del TMEC, “el poco ahorro que le generaría al Gobierno el clausurar estas oficinas sería ampliamente rebasado por el daño ocasionado al país al perder capacidad de interlocución y defensa ante Estados Unidos, Canadá, la OMC, la Unión Europea, Japón, China y Aladi. Adicionalmente, la representación de la SE ante la OCDE es clave para el análisis de las mejores prácticas internacionales”. (El Financiero, 3 de julio de 2019)

Es un hecho que el gobierno de López Obrador avanza en la austeridad, pero no parece importar el tema de la transparencia que desaparece cuando sus legisladores en el Senado lo facultan para que por decreto aplique los “ahorros” que genere la administración. Tampoco hay precisión en la rendición de cuentas de esos recursos. Podría ser el “cochinito” para 2021. Para aumentar la clientela electoral vía programas sociales, becas, dinero directo y demás. Es necesaria mayoría legislativa absoluta para concretar la Cuarta Transformación. Piensa mal y acertarás. Nunca mejor aplicado.