La nueva ley en México en donde todos podrían ser culpables... y perderlo todo

En el periodo extraordinario que llevó a cabo la Cámara de Diputados fue aprobada la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Permitirá que el Gobierno Federal incaute los bienes de la delincuencia organizada, que los ponga a la venta de manera inmediata y disponga cómo utilizar los recursos obtenidos.

Es reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución. Define la extinción de dominio como la “pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes a los que se refiere la presente ley declarada por sentencia de autoridad judicial, sin contraprestación, ni compensación alguna para su propietario”.

Siendo impulsor de esta legislación, para el presidente Andrés Manuel López Obrador la Ley Nacional de Extinción de Dominio está bien. Rechaza que se viole la presunción de inocencia y se ponga en riesgo la propiedad privada, dijo que, si después del decomiso se determina que el acusado es inocente, se le puede devolver en efectivo el valor de los bienes. (Sol de México, 1 de agosto de 2019)

Los legisladores de oposición señalaron que, aunque esta ley permite combatir a la delincuencia organizada, no resuelve por completo el problema “y sí abre la puerta para que se puedan violar los derechos humanos de las personas con la venta anticipada de sus bienes, mientras están siendo procesados.” (El Sol de México,25 de julio de 2019)

La diputada Tatiana Clouthier, de Morena, señaló que le abrieron la puerta a la arbitrariedad y a la injusticia, sin embargo, la votación que tuvo el dictamen fue suficiente para que la promulgación sea cosa de un rato y hasta se restriegue a todo mundo que el gobierno puede hacer lo que quiere porque tiene el Congreso a su favor.

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Al entrar en vigor la Ley Nacional de Extinción de Dominio, en Twitter algunos ciudadanos expresaron críticas en #LeyDeExtinciónDeDominio.

Advirtieron sobre las posibles violaciones a los derechos de la ciudadanía, aseguraron que con su aprobación el gobierno podrá castigar a la población, incluso cuando sea declarada inocente por la vía penal y civil. Algunos expresaron que supone un ataque a diversas garantías constitucionales.

Especialistas consideran esta Ley como una amenaza para los ciudadanos porque podría ser mal aplicada en su contra. Será confiada al Ministerio Público, el eslabón más débil y corrupto del Poder Judicial que, a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal, podría determinar que los bienes de un presunto delincuente sean confiscados, al fincarle responsabilidades para despojarlo de su patrimonio.

El objetivo de la Ley de Extinción de Dominio es erosionar el poder de la delincuencia organizada pegándole en el bolsillo para disminuir su fuerza y movilidad. Se presenta como un instrumento eficaz que debe ser visto como un instrumento para protección de la sociedad.

Preocupa que el objetivo sea desvirtuado y convertido en algo riesgoso para personas inocentes que podrían perder su patrimonio por mala intención, falsa apreciación o corrupción del Ministerio Público encargado de aplicar una norma en extremo delicada.

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Serán sometidos a la extinción de dominio los bienes patrimoniales de la delincuencia organizada cuya procedencia legítima no pueda acreditarse y estén relacionados con investigaciones vinculadas con los delitos de secuestro, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, contra la salud, trata de personas, hechos de corrupción, delitos cometidos por servidores públicos, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita y extorsión, entre otros. (El Economista, 1 de julio de 2019)

Existe el riesgo de que la aplicación de esta Ley sea utilizada como vehículo para financiar la “Caja Chica” del Gobierno de la República, que a través del Ministerio Público obtendría los recursos para entregarlos al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, y cumplir por esta vía compromisos de la campaña presidencial permanente.

No es difícil apreciar que con esta Ley el presidente López Obrador podrá determinar el destino de cientos o miles de millones de pesos, al margen de la facultad de la Cámara de Diputados de decidir el gasto público en el presupuesto de egresos. El proceso ya está en marcha. Se ejecuta desde Los Pinos donde se recauda en las subastas lo que Ya sabes Quien distribuye según su criterio.

El regreso de Chucho el roto. Tengamos confianza porque él no miente, no roba y no traiciona.