La infanta Cristina se sentará en el banquillo en enero por delitos fiscales

MADRID (Reuters) - La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca fijó el martes el 11 de enero de 2016 como fecha de inicio del juicio de un caso de corrupción en el que está imputada la infanta Cristina de Borbón, según una diligencia judicial. La hermana del rey de España se sentará en el banquillo de los acusados como supuesta cooperadora necesaria de dos delitos fiscales en el llamado caso Nóos que inculpa a su marido, Iñaki Urdangarin, por presunto enriquecimiento ilícito aprovechándose de su condición de miembro de la familia real. La providencia dice que el juicio oral contra los 18 acusados en el caso comenzará el 11 de enero en Palma de Mallorca, estando aún por determinarse el número de sesiones, aunque se prevé que duren al menos hasta junio de 2016. Urdangarin, para el que se piden más de 19 años de cárcel, deberá responder por presunta prevaricación, fraude, tráfico de influencias y blanqueo, entre otros, por su gestión del Instituto Nóos, una organización sin ánimo de lucro que presidió entre 2004 y 2006 y desde la que presuntamente se desviaron 5,8 millones de euros de fondos públicos. Durante la instrucción, el juez José Castro consideró que existían sobrados indicios de que Cristina de Borbón dispuso y gastó dinero público desviado a una sociedad pantalla que poseía al 50 por ciento con su marido. La pareja, que fue privada del título de duques de Palma de Mallorca y apartada de los actos de la familia real, vendió el pasado verano su lujosa mansión en Barcelona para hacer frente a la fianza millonaria que se impuso a Urdangarin por responsabilidad civil. El caso, uno más de los reiterados escándalos de corrupción entre la élite del país en los últimos años, dañó la imagen de la realeza y fue uno de los factores que contribuyó a la abdicación del rey Juan Carlos I en su hijo Felipe VI en 2014. En un auto separado contra el que no cabe recurso, la Audiencia rechazó el martes la petición del exsocio de Urdangarin Diego Torres, que quería que compareciera Felipe VI en su intento de acreditar que la Casa Real estaba al tanto de las actividades de Nóos. "El Rey está dispensado de la obligación de prestar declaración", dijo el auto, citando la Ley de Enjuiciamiento Criminal que excluye por imperativo legal al rey de cualquier comparecencia ante la justicia.