Yahoo Noticias La gran amenaza de los nuevos lineamientos migratorios de Trump
Los nuevos lineamientos que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha emitido en materia de deportaciones amplían sustancialmente el perfil y la cantidad de personas indocumentadas que pueden ser expulsadas del país y, además, dotan de muy amplio criterio y margen de maniobra a los agentes de Inmigración y de Protección Fronteriza para determinar cómo proceder ante un inmigrante sin papeles.
Ante ello, el miedo y la incertidumbre agobian severamente a multitud de comunidades, pues al parecer una gran proporción de los indocumentados en el país, salvo algunas excepciones, no tendría protección suficiente que pueda impedir su deportación y la ruptura de sus familias en caso de enfrentar un arresto y quedar en manos de las autoridades de Inmigración.
La amenaza contra los indocumentados es severa porque, salvo en el caso de los jóvenes beneficiados con el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), prácticamente cualquier indocumentado que sea detenido por la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), la Patrulla Fronteriza e incluso por policías locales que colaboren en tareas de control migratorio (lo que será nuevamente posible a escala amplia con el restablecimiento del programa 287(g) incluido en los nuevos lineamientos de DHS) podría ser sometido a deportación.
Además, el perfil de los indocumentados que serán sujetos de deportación de modo ‘prioritario’ va mucho más allá de los culpables de crímenes graves (que eran los objetivos principales durante buena parte el gobierno de Obama) pues ahora indocumentados sentenciados por cualquier crimen (incluso si no fue violento) o que fueron acusados de delitos pero no han sido sentenciados o, que a criterio de un agente de inmigración, puedan llegar a cometerlo o a ser una amenaza para la seguridad pública podrían ser sujetos de detención y deportación.
Y la posibilidad directa de expulsar de modo expedito a quienes lleven menos de dos años en el país, se encuentren donde se encuentren (antes eso se restringía a 15 días en el área fronteriza), es un factor ominoso adicional en este esquema.
Ese amplio rango de decisión ha causado profunda inquietud porque advierte de deportaciones a gran escala y suscita temor de que se preste a abusos o prácticas de discriminación y perfil racial pero, en principio, estaría dentro de las facultades de acción de las autoridades de Inmigración.
A diferencia de las órdenes ejecutivas para bloquear temporalmente la entrada al país de refugiados y de personas de siete países de mayoría árabe, que fue frenada por los tribunales, los lineamientos de DHS en materia de deportación de indocumentados tendrían mayor fortaleza legal, siempre que ciertamente en su aplicación no se vulneren garantías fundamentales o constitucionales básicas.
Pero lo cierto es que el gobierno federal tiene la facultad de detener y deportar a los indocumentados (incluso los que no tienen otra falta más que estar en el país sin papeles) y la rudeza o laxitud de esas acciones han estado definidas por las actitudes y consideraciones del gobierno en turno, ya sea por razones políticas, humanitarias o económicas.
Así, más que un problema de legalidad (organizaciones cívicas, con todo, han señalado que acudirán a los tribunales para combatir estas medidas) se trata de un problema de moralidad y estigmatización.
Los nuevos lineamientos implican considerar a muy amplios grupos sociales dentro del epíteto de “criminales” para, en la línea áspera y confrontacional que Trump manejó desde su campaña en el tema de la inmigración, emparejar a los indocumentados con los delincuentes y considerar la entrada al país sin documentación apropiada como una falta grave, y no como una de importancia secundaria (aunque no por ello poco importante) en comparación con crímenes violentos o destructivos.
Ese vuelco conceptual es inquietante pues puede inducir nuevas presiones y tensiones (como discriminación u hostigamiento) contra la comunidad indocumentada, e incluso contra muchos de quienes residen legalmente en el país (como sugieren borradores de acciones ejecutivas no aprobados pero que habrían sido considerados).
Se trata, también, de una cuestión de hondo calado moral: la decisión de no perseguir activamente a muchos indocumentados (que no constituyen amenaza y en realidad son factores beneficiosos para Estados Unidos en general) muestra el sentido humano y la tolerancia que el gobierno tiene ante estos inmigrantes, que ciertamente no cuentan con un estatus legal por haber entrado al país sin papeles pero también porque pugnas políticas impidieron en varias ocasiones (tanto durante el gobierno de George W. Bush como en el de Obama) que se diera una reforma migratoria que regularizara su situación. Ninguna de esas iniciativas era, en realidad, laxa o de beneficio inmediato a los indocumentados, pero ofrecían una vía legal válida.
Ahora, el gobierno de Trump ha optado por la línea dura y hay quien afirma que con ello se restablece el imperio de la ley en un ámbito que había estado descuidado por años. Pero, en el fondo, con sus propias acciones (u omisiones) al no incluir en sus nuevos lineamientos a los beneficiarios de DACA reconoce que si bien la ley facultaría un amplio esquema de deportación, las consideraciones morales son importantes. Convendría que esa noción fuera hoy más humana y tolerante, tanto por el bien de los inmigrantes afectados o potencialmente en riesgo como para el país en general.
Porque la ampliación de los criterios de deportación implica, también, una nueva carga económica para todos los estadounidenses. Para aplicar sus lineamientos el gobierno ha propuesto incrementar el número de agentes de Inmigración y de la Patrulla Fronteriza y tendría que elevar la cantidad de centros de detención y la capacidad de las cortes de inmigración, pero aún está por verse de dónde saldrán los recursos para financiar todo ello.
Lo mismo puede decirse del muro fronterizo. Ambos esquemas requieren ingentes sumas que, puestos a analizar, posiblemente serían mucho más beneficiosas para los estadounidenses si se destinan a otros fines que a la expulsión de indocumentados y al levantamiento de muros fronterizos.
Y, por añadidura, en caso de que se dieran deportaciones a gran escala como se teme, la economía general del país podría sufrir un golpe severo. De acuerdo a un estudio citado en Bloomberg, la deportación masiva de indocumentados costaría a la economía nacional 500.000 millones de dólares al año durante los próximos 10 años e industrias como los servicios, restaurantes, hoteles, construcción, manufactura y agricultura sufrirían una fuerte escasez de mano de obra, lo que traería aparejados alzas en sus costos y en lo que los consumidores deben pagar por sus productos o servicios. E incluso si esa afectación fuese menor no sería pequeña, y podría causar afectaciones de gran calado.
Apartarse de deportaciones masivas tiene, por ello, un razonamiento humanitario y de justicia pero también uno pragmático en términos de costos y estructuras económicas mayores.
Así, aunque acorde con las promesas de campaña de Trump y con las ideas de importantes grupos políticos y sociales en Estados Unidos, sobre todo en la derecha radical, un esquema de deportación masiva es de muy alto riesgo: en primer lugar para millones de indocumentados honestos y sus familias y en segundo para la sociedad estadounidense en general.
Trump tiene la facultad legal para impulsar sus iniciativas en este ámbito siempre que se ajuste a la ley, pero diversas instancias como grandes ciudades (Los Ángeles, Nueva York o Chicago, entre ellas) que se han considerado ‘santuarios’ para indocumentados, organizaciones cívicas y ciudadanas dispuestas a defender en la calle y en los tribunales los derechos de los inmigrantes y los votantes en próximos procesos electorales pueden servir de contrapeso.
En todo caso, la amenaza que pende sobre millones de indocumentados es severa y el miedo que ante ello se sufre en las comunidades inmigrantes del país es patente.
