La Fuerza Armada de Venezuela, el verdadero poder detrás del trono

La primera noche del velatorio de Hugo Chávez, el jefe del Comando Estratégico Operacional de Venezuela –puente directo entre las tropas de la Fuerza Armada Nacional y la Presidencia de la República-- se detuvo a saludar uno a uno a los soldados y oficiales que hacían fila junto a sus familias en el patio interno de la Academia Militar para asomarse al ataúd durante tres segundos y cuadrarse frente al comandante por última vez. “¿Cuándo llegaste? ¿De dónde vienes? ¿De San Juan de los Morros?”, preguntaba el general Wilmer Barrientos a cada cual.

Y cuando se formó un corro a su alrededor, el general dio a todos este mensaje sobre el papel que debían jugar los militares en el futuro de la ‘revolución’ que comenzó Chávez en el seno mismo de los cuarteles: “No me fallen. Ustedes deben ser soldados estadistas, no porque deban estudiar de estadística, sino porque deben conocer el Estado venezolano. Deben estudiar economía, política, como siempre les decía Chávez, para que esta revolución sea socialista y bolivariana”. La tropa asentía, en la certeza de su responsabilidad. Hacía ya mucho que Hugo Chávez había convertido a la Fuerza Armada Nacional en su verdadero partido de Gobierno y tras su muerte, en ella ha recaído el mayor peso –y disfrute-- del poder.

Desde la muerte del presidente Chávez, anunciada el 5 de marzo de 2013, el Gobierno venezolano, a nivel nacional y regional, es aún más militar en su conformación, lo cual es decir bastante. Desde el principio de su Gobierno, Chávez incorporó a los cuarteles a su gestión de Ejecutiva: primero, como columna vertebral del Plan Bolívar 2000, el gran programa social para la distribución de alimentos y reparación y construcción de infraestructuras que antecedió a las “misiones sociales” puestas en marcha en 2008. Los oficiales también se incorporaron por cientos a la burocracia hasta sumar, al día de hoy, 1.500 uniformados activos que trabajan como viceministros o directores de despacho de un amplio Gabinete conformado por una treintena de despachos.

Diez de los 23 gobernadores de Venezuela también son ex militares –ex pupilos y ex compañeros de armas de Hugo Chávez-- y fueron electos en los comicios regionales que se celebraron en diciembre de 2012, donde el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) obtuvo la mayor votación en 20 Estados. Entre ellos están cuatro de los últimos ministros de la Defensa que nombró Chávez en sus 14 años frente al Gobierno, que antes ocuparon otros cargos burocráticos: el general Ramón Carrizales, actual gobernador del Estado Apure y también ex Vicepresidente Ejecutivo, ex ministro de Infraestructura y ex presidente del Fondo Nacional de Transporte Urbano (Fontur); el general Jorge Luis García Carneiro, gobernador reelecto del Estado Vargas y ex ministro de Desarrollo Social y Participación Popular; el general Henry Rangel Silva, actual gobernador del Estado Trujillo, ex director de la antigua Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) y ex presidente de la estatal Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv); y el general Carlos Mata Figueroa, actual gobernador del Estado Nueva Esparta, quien antes de ser ministro de la Defensa estuvo al frente del Comando Estratégico Operacional (CEO).

Tras ser declarado vencedor de las presidenciales de abril de 2013, el presidente Nicolás Maduró incorporó a un mayor número de ex militares a algunos puestos clave de su tren ministerial; especialmente en el área económica y en el área de la seguridad ciudadana, responsables de conducir la crisis financiera que atenaza las cuentas del Estado y de reducir la alta tasa de criminalidad y reprimir las protestas callejeras que se extendieron por las principales capitales del país en febrero de 2014. Es así que en enero de 2014, el general Wilmer Barrientos, ex comandante del CEO, se convirtió en ministro de Industrias y este jueves 27 de marzo, fue reemplazado por José David Cabello, hermano del presidente del Parlamento y e militar, Diosdado Cabello; y el ex general de brigada Rodolfo Marco Torres pasó a dirigir el Ministerio de Economía, Finanzas y Banca Pública. Y al frente del ministerio de Interior, Justicia y Paz fue nombrado el general mayor Miguel Rodríguez Torres, quien durante la última década ha manejado los hilos de los servicios de inteligencia de Venezuela.

Al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, es a quien se le atribuye el control del ala militar del chavismo: ex teniente del Ejército (reincorporado a la FAN y ascendido a capitán en diciembre por Nicolás Maduro), ex alumno y ex compañero de armas de Chávez, participó en el fallido golpe de Estado del 4 de febrero de 1992 contra el Gobierno de Carlos Andrés Pérez que catapultó al presidente fallecido en la opinión pública. Los civiles del Partido Socialista Unido de Venezuela lo describen como un hombre pragmático, vinculado a negocios que involucran millonarios fondos del Estado y lo señalan como el líder “de la derecha endógena” en el seno del chavismo. El de Cabello era uno de los nombres que sonaba con más fuerza para suceder a Hugo Chávez en el poder, cuando se hizo evidente la gravedad de su enfermedad. Pero el comandante, finalmente, ungió a Nicolás Maduro como su delfín, a lo cual Cabello respondió con la frase: “Yo nunca discuto las órdenes del comandante, yo las cumplo”. Y una vez muerto Hugo Chávez, un amplio sector del chavismo sostiene que quien ahora da las órdenes no es Maduro sino él.

La denuncia de una nueva conspiración realizada este martes por el presidente Nicolás Maduro, que involucra a tres generales sin manejo de tropas, coincidió con la devaluación en 88% del bolívar fuerte frente al dólar, que resultó de la puesta en marcha, el lunes, del nuevo sistema de subasta de divisas, en el marco del férreo control de cambio vigente desde 2003. La detención aislada de estos tres oficiales, sin ofrecer mayores detalles de sus supuestos planes golpistas, luce como una cortina de humo para contrarrestar el debate público en torno a la depreciación de la moneda de local; casualmente, la mayoría de las seis decenas de conspiraciones y magnicidios que ha denunciado el Gobierno venezolano en los últimos quince años  han coincidido también con importantes coyunturas políticas y económicas: elecciones, devaluaciones anteriores, picos en la crisis de los servicios públicos como el de la electricidad.

Ahora que los uniformados han incorporado al manejo de la política económica, que mantienen el monopolio de la fuerza y que han sido favorecidos con constantes aumentos de sueldo, resulta improbable pensar en un alzamiento militar. ¿Existe acaso algún espacio del mando político del que no participen? Solo les faltaría controlar la mayor fuente de riquezas del país, la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), para completar el triángulo del poder.

La militancia mayoritariamente civil del chavismo incluso se ha uniformado, a petición de Chávez, al incorporarse a las Milicias Bolivarianas que son, por la vía de los hechos, el quinto componente de la Fuerza Armada Nacional. Más de 30.000 hombres y mujeres –amas de casa, empleados públicos, miembros de Consejos Comunales, jubilados y universitarios— tomaron juramento como milicianos, alzando sobre sus cabezas los viejos fusiles de asalto ligero que solía usar el Ejército, en un mitin convocado por Hugo Chávez el 15 de abril de 2010, declarado como “Día de la Milicia” para celebrar un año más de su regreso al poder tras el golpe de Estado de abril de 2002.

En la víspera de las elecciones presidenciales convocadas tras la muerte de Chávez, justo el 14 de abril de 2013, un día antes de celebrarse el “Día de la Milicia”, el Gobierno chavista que aspiraba a la reelección se ufanaba de contar con 375.000 combatientes. “Esta es una revolución pacífica pero armada”, solía decir Chávez cuando se veía amenaza. Maduro, desde que fue investido como presidente, repite esa frase como un mantra para conjurar cualquier posible mal contra la revolución que le fue encargado dirigir.