La extradición exprés ¿un buen negocio en Colombia?

Por: Cielo Rusinque Urrego/Especial para Yahoo

En los últimos 20 años miles de colombianos han sido extraditados. La afluencia mayoritaria ha sido hacía Estados Unidos en el marco de la lucha internacional contra el narcotráfico y el lavado de activos.

Lejos quedaron los tiempos de la premisa de los narcos “preferimos una cárcel en Colombia a una tumba en los Estados Unidos”, se han vuelto incluso comunes los casos de los extraditables que, en lugar de resistir a la medida, solicitan la realización expedita del trámite. ¿Se habrá convertido la extradición un buen negocio?

Según fuentes del Ministerio de Justicia entre 1997 y el 2014 fueron extraditadas 1850 nacionales, de los cuales un 89% hacia Estados Unidos, principalmente por delitos de narcotráfico y lavado de activos. La información develada por el Vicepresidente Oscar Naranjo a finales del 2017, demuestra que estas cifras se han mantenido en ascenso: 857 en el gobierno de Uribe (2002-2009) y 894 en el gobierno de Santos (2010-2017), para un promedio de 140 extradiciones al año, en lo que lleva corrido del año 2018, 46 personas han sido extraditadas, y el gobierno considera que el presente el año en curso estas cifras aumentaran.

En términos generales la extradición es un instrumento de cooperación judicial internacional, concebido para la lucha contra la impunidad del crimen organizado y los delitos transnacionales principalmente. La figura de la extradición simplificada fue introducida al ordenamiento jurídico colombiano en el 2011, como una posibilidad otorgada a quienes son requeridos, de solicitar la agilización del trámite para ingresar rápidamente al sistema de beneficios procesales por colaboración, propuestos por el estado solicitante.

Las consecuencias jurídicas y políticas del uso vertiginoso de este mecanismo a la luz de casos como el del Fiscal Moreno, han sido objeto de gran polémica. Mientras la justicia estadounidense facilita el acceso su sistema de beneficios por colaboración – como entrega de información y de activos-, otorgando a cambio penas insignificantes a comparación de las que podrían ser atribuidas por los delitos cometidos en Colombia, la colaboración y sometimiento a la justicia colombiana puede quedar relegada a un segundo plano favoreciendo la impunidad y el debilitamiento de la credibilidad en el sistema de justicia colombiano. El alto tribunal de este país siente que el mecanismo de cooperación no está siendo recíproco.

Para el abogado penalista David Teleki consultado por este medio, la extradición es un instrumento eficaz para a lucha contra el crimen organizado en el ámbito internacional, que, si bien presenta dificultades para cumplir las expectativas de verdad y justicia sobre los delitos cometidos en Colombia, son dificultades superables con recursos y tecnología. A su juicio, la colaboración con la justicia colombiana depende en gran medida de la buena voluntad de los investigados.

Ahora, la frecuencia de la solicitud de la extradición exprés puede ser explicada según el abogado Teleki, en la desnaturalización del sistema penal acusatorio en Colombia y en la mentalidad de muchos operadores jurídicos : “Los procedimientos para obtener beneficios en Colombia son muchas veces engorrosos y excesivamente procedimentales, se buscan a toda costa entorpecer los beneficios por excesivo formalismo y los que quieren colaborar con la justicia no tienen en algunas ocasiones suficientes garantías, esto hace que se tenga más confianza y credibilidad en sistemas penales como el estadounidense que sí respeta y tiene ese sentido de justicia no retardativa y no esa cultura del castigo.

Se prefiere negociar en EEUU porque allá sí existe la cultura de los acuerdos, y lo que a los ‘extraditables’ les interesa es recuperar el dinero, por ejemplo, en el marco de delitos como narcotráfico o lavado de activos.

Se dan garantías que van hasta la inmunidad total y protección a las familias de los procesados, lo más llamativo para ellos es que en EEUU los acuerdos se cumplen y no son simples propuestas fallidas como en Colombia, donde la fiscalía llega a ofrecer lo que sabe que no le aprobará ningún juez, solo para obtener declaraciones de los implicados y colaboraciones fallidas por el exceso de formalismos y engorrosos trámites que no llevan a ninguna salida jurídicamente atractiva.

Sin embargo, lamenta el jurista, existe una falta de reciprocidad de la justicia estadounidense, para apoyar el curso de las investigaciones en Colombia: “No existe una reciprocidad proporcional, es una cuestión que tiene que ver con la postura frente a una potencia extranjera y nuestra forma de asumir la colaboración que se relaciona más con una sumisión y no una relación de equivalentes. Garantizarse se puede con actitud política”.

En efecto, la experiencia demuestra que en la medida que el extraditado tenga como colaborar de manera significativa con la justicia estadounidense, las penas impuestas pueden ser irrisorias a comparación de las que le serían otorgadas en Colombia. Así es como los investigados logran subsanar sus delitos y recuperar parte de su patrimonio para garantizar una nueva vida en Estados Unidos.

La extradición exprés como ha vendido siendo utilizada, constituye una promesa de beneficios para los delincuentes, en detrimento de la justicia nacional y de las expectativas de verdad, justicia y reparación de las víctimas por los delitos cometidos en Colombia, algo que necesariamente tendrá que evaluar el nuevo Presidente de la República.