Yahoo Noticias La apuesta de AMLO para llevar a cabo su revolución en el último momento
Faltan 17 meses para que termine el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). El principio político de ejecutar cambios en la administración pública al inicio de la gestión gubernamental, para consolidarlos en el transcurso del sexenio, fue práctica de los gobiernos del pasado. El presidente insiste en que su gobierno no es igual a los anteriores y por eso, hace unos días, envió a la Cámara de Diputados su propuesta para fusionar a 16 órganos desconcentrados del gobierno federal.
La reforma que propone López Obrador es para modificar 23 leyes en materia administrativa. Adiciona y deroga diversas disposiciones de distintos ordenamientos. Argumenta el presidente que el objetivo es racionalizar la estructura de la Administración Pública Federal, con el propósito de dar eficiencia a los recursos públicos, agilizar procesos administrativos y aprovechar adecuadamente los bienes nacionales.
La reforma propuesta por López Obrador es atípica, por ser presentada en el último tramo de su gobierno. En su Mañanera el presidente informó que su reforma tiene origen en “un análisis institucional realizado en diciembre del 2018, el gobierno federal observó un aparato gubernamental plagado de instituciones redundantes, con duplicidad de funciones y de oficinas y partidas presupuestales sin propósito o resultados”.
Al justificar su propuesta López Obrador acudió a su argumento preferido. “la corrupción extendida y convertida en práctica administrativa regular durante el periodo neoliberal, en el que los robos monumentales de recursos fueron acompañados por el dispendio, la suntuosidad y la frivolidad a expensas del erario”.
Afirma López Obrador que con su reforma se eliminará la dispersión de recursos, para destinarlos al cumplimiento de funciones sustantivas como es atender necesidades sociales y construir la infraestructura para el desarrollo nacional.
Es posible interpretar que al eliminar la dispersión de recursos lo que sucederá es su concentración en manos del Ejecutivo y su dispersión será para los programas de política social de la 4T que, en el contexto de final de sexenio y la sucesión presidencial, servirán para consolidar y aumentar su clientela política. Al final de su administración el destino de los recursos que concentre será útil para terminar las obras insignia del López Obrador, la refinería de Dos Bocas, el tren Maya y el tren Transístmico. No hay más.
La reforma no se agota en la readscripción de 16 órganos desconcentrados. Con las reformas propuestas a 23 leyes se fortalece la posición del Gobierno Federal frente a los particulares lo que, en la percepción de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin), la propuesta violenta el Estado de Derecho, crea incertidumbre jurídica, amenaza el orden jurídico nacional y atropella a las empresas que participan en la construcción de obras del gobierno federal. ”Porque éste, en cualquier momento, puede dar por terminados los contratos sin pagar indemnización alguna”. (Expansión, 11 de abril de 2023)
Según los empresarios, de ser aprobada por el Legislativo la propuesta presidencial, se colocaría a los privados en un estado de indefensión. Destacan algunos puntos de riesgo.
La rescisión anticipada de permisos, concesiones, autorizaciones o licencias; limite a los montos de indemnización que debe pagar el gobierno por terminación anticipada de contratos cuando esté amparada por el principio del interés público, general o social, y declaración unilateral sobre la nulidad de actos administrativos que beneficien a los particulares, en detrimento del interés general. Definido por el gobierno mismo.
Evade la obligación constitucional de que la licitación nacional sea el procedimiento regular para la adquisición de bienes y servicios. Permite adquirir bienes en licitación pública internacional sin agotar la nacional.
Regresan los topes salariales para los funcionarios públicos y la prohibición de que, por cuatro o seis años, se desempeñen en sectores con los que tuvieron relación cuando fueron funcionarios.
En el ámbito internacional elimina o aminora el derecho de atender a tratados internacionales en materia de expropiación, así como para definir los montos de indemnización. (El Economista, 16 de abril de 2023)
De avanzar en el Legislativo la tardía reforma administrativa de López Obrador, a sus atribuciones se agregaría la discrecionalidad en las decisiones que involucran a los particulares, con lo que se ahuyentaría la inversión nacional y extranjera. Se alejaría la transparencia, ahora cuestionada, en el manejo de los recursos financieros.
La reforma administrativa a 17 meses del final del sexenio significa un incremento de poder para el presidencialismo y la demolición de los límites que molestan a López Obrador. La coartada es la misma, el combate a la corrupción, no la de su gobierno, la de antes, que cargó por cuatro años. Es previsible que muchos buscaran el amparo de las leyes para oponerse al abuzo.
Discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos, sin mecanismos de transparencia, como el INAI, tiene como resultado opacidad y continuidad de la corrupción. Es la formula de los de antes. Los de hoy, dice López Obrador, son honrados, morales e incorruptibles. Claro, hay excepciones, como la bonita familia de la Sedena.
