El kirchnerismo no consigue los votos para remover a los jueces Gustavo Hornos y Eduardo Riggi

Hernán Cappiello
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El kirchnerismo no alcanzaría los dos tercios en el Consejo que preside Diego Molea para iniciar el juicio político, pero podría impulsar una sanción a los camaristas
Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

El Gobierno insiste en apuntar contra los jueces de la Casación Gustavo Hornos y Eduardo Riggi, a los que legisladores oficialistas denunciaron ante el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, en ese cuerpo no están los votos para que esas embestidaslleguen a la remoción de los magistrados, dijeron a LA NACION fuentes del organismo que sanciona y designa a los jueces.

El oficialismo le cuestiona a Hornos, actual presidente de la Cámara de Casación, que visitara al entonces presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada en seis ocasiones. El diputado nacional Martín Soria pidió al presidente del Consejo, Diego Molea, que ponga en marcha una investigación sobre el juez y se le haga un jury. "Hasta tanto se logre el esclarecimiento de los hechos", solicitó además que se lo "suspenda preventivamente del cargo".

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Hornos les dio explicaciones a sus colegas de la Casación sobre sus visitas a Macri, pero tres jueces de la Cámara le reprocharon que esa conducta no se compadece con la independencia que debe exhibir un juez. Hornos explicó que tiene una "relación social" con Macri y que hablaron de cárceles, nunca de causas en trámite. En paralelo, hay una denuncia penal que tramita el fiscal Franco Picardi.

En la Magistratura no hay plafón para que prosperen estas acusaciones, según dijeron varios consejeros consultados por LA NACION. En particular los jueces, en principio, no están dispuestos a votar en favor de la remoción de un colega por una situación como esta.

El asunto será enviado a la Comisión de Disciplina, que dirige el juez Ricardo Recondo. Se designará a un consejero para que realice una investigación y recomiende un curso de acción a la comisión. Para votar el inicio de un juicio político hacen falta dos tercios de los consejeros, número que el oficialismo no tiene.

Sin embargo, el oficialismo podría forzar que se vote un pedido de sanción contra el camarista, para lo que basta una mayoría simple. Los consejeros consultados entienden que es reprochable la conducta del juez, aunque no causal de remoción.

El mismo criterio, aunque con menos argumentos, se seguiría en la denuncia contra Riggi, que fue denunciado por Carlos Beraldi -abogado de Cristina Kirchner y del empresario Fabián de Sousa- ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño. Beraldi lo señaló por haber "ayudado" a Macri y haberle quitado pruebas a la jueza María Servini, que interviene en la causa en la que se investiga si el expresidente orquestó una persecución contra el Grupo Indalo. Servini había pedido el entrecruzamiento de llamados que comprometerían a Macri, pero Riggi hizo lugar a un recurso de la defensa del expresidente. Le ordenó a Servini enviarle todas las actuaciones de la causa y, según Beraldi, paralizó el expediente.

Eduardo Riggi
Fuente: Archivo

Más allá de haber sido señalados como jueces del lawfare, hoy son apuntados también por supuestos vínculos con el expresidente Mauricio Macri, y por "consagrar su impunidad".

La Comisión de Disciplina y Acusación es una de las más importantes, al ser la encargada de impulsar o frenar las investigaciones contra los jueces. La preside Recondo y también la integra otro juez, Alberto Lugones, actual vicepresidente del Consejo y cercano al oficialismo.

Lugones sostuvo que "no es común ir tantas veces a la Casa Rosada" como lo hizo Hornos. Agregó: "Se empezará a trabajar para ver si se justifica una sanción o un llamado de atención: deberemos investigar y tendrá que responder. Cada uno se hace cargo de sus actos".

Hornos fue cuestionado por sus colegas de la Sala II de la Casación, Alejandro Slokar, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, que le enviaron una nota en la que le señalaron que "resulta imposible ignorar la responsabilidad intrínseca en la representación y conducción de un cuerpo colegiado -que maximiza la obligación de mantener una conducta irreprochable- habida cuenta que cualquier acto podría repercutir en la percepción sobre la propia Cámara y el resto de los jueces".

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El asunto promete continuar con cuestionamientos internos en el tribunal y un trámite disciplinario en el Consejo, aunque los votos no alcanzan al oficialismo para forzar su alejamiento como juez.

Tras reiteradas críticas de Cristina Kirchner por la "continuidad del lawfare" y contra algunos ministros del gabinete, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, en una suerte de prueba de fe al kirchnerismo, se plegó a las críticas al Poder Judicial y los cuestionamientos a los jueces.