Juzgan a una docente y a una auxiliar por la muerte de un bebé de siete meses en Chaco

LA NACION

Una docente y una auxiliar serán juzgadas desde este lunes, acusadas por la muerte de un bebé de siete meses, que en 2017 se ahogó tras haber sido alimentado en una guardería de la localidad chaqueña de Charata, informaron hoy fuentes judiciales.

Tamara Ayelén Barros, maestra y propietaria del jardín maternal "Primeras Huellitas", y la auxiliar Norma Magdalena Díaz, están imputadas por el delito de "homicidio culposo" de Martín Petroff.

Fuentes judiciales informaron que el juicio comenzará el lunes próximo a las 8.30 en la sala de debates de la Cámara del Crimen de Charata, ciudad ubicada en el sudoeste chaqueño.

Durante el debate oral, la jueza correccional Estela Amelia Ponce y la fiscal Heidi Yohanna Reinoso escucharán a unos 20 testigos.

"Esperamos que sean condenadas y que la guardería sea clausurada porque aún continúa en funcionamiento pese a que en el momento que pasó todo estaba sin la habilitación correspondiente", sostuvo en diálogo con la agencia Télam Patricia Cimbaro, madre de la víctima y abogada en la causa.

La mujer, asesorada por el Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad (PRONALCI) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, aseguró que la auxiliar "ni siquiera era docente sino la encargada del servicio de limpieza del lugar".

Según relató Cimbaro, el 14 de marzo de 2017 su hijo se quedó solo en la salita de cuidados maternales y se broncoaspiró tras ser alimentado por Díaz.

"Le habían dado la mamadera y se murió por obstrucción por alimento ya que no había nadie para darle una palmadita en la espalda y salvarle la vida", afirmó.

De acuerdo a sus dichos, "en el turno tarde no había docentes que podían ocuparse de los chicos", por lo que la auxiliar le dio de comer y lo dejó acostado "sin ningún cuidado por parte de un mayor".

La letrada añadió que tras la muerte del bebé el establecimiento siguió funcionado "como si nada hubiese pasado" y que cuando ocurrió el hecho el lugar no contaba con la habilitación anual para funcionar ya que la misma había concluido.

"Desde la guardería quisieron ensuciar a mi familia y a mi hijo diciendo que lo habíamos llevado en un mal estado de salud o que había sufrido muerte súbita, para tapar lo que realmente había pasado", agregó la mujer.

Cimbaro señaló que le había pedido a la intendenta de Charata, María Luisa Chomiak, que intercediera para inhabilitar el jardín, pero "nunca respondió" y remarcó que "en un acto también me acerqué al gobernador (Domingo Peppo) y me dijo que se iba a ocupar del tema pero nunca me llamaron".

El hecho fue investigado en primera instancia por la fiscal Lucrecia Pistan de Loto, quien recibió la colaboración de Enrique Paz, en su momento Fiscal de la Cámara del Crimen de la cuarta circunscripción.