Juez de Durango cita a declarar a niñas; su padre pide su custodia pese a acusación de abuso

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Un juzgado de lo familiar en Durango citó a dos niñas de 5 y 6 años a declarar este lunes solas ante una jueza, una agente del Ministerio Público y una tutriz (tutora legal designada por el juzgado), porque su papá, el empresario Mauricio N., está pidiendo quedarse con la patria potestad, a pesar de que está demandado por violación y abuso sexual contra ellas.

Hace nueve meses que el papá no las ve, que ni siquiera les habla por teléfono. La madre de las niñas interpuso la denuncia en agosto de 2020, después de un tiempo de notar comportamientos que eran signos de violencia sexual y que un peritaje médico confirmara lesiones anales en una de ellas.

Entonces se ordenó la suspensión de las convivencias y el padre ya ni siquiera intentó tener contacto con ellas; pero sin que se resuelva la denuncia penal, el juzgado familiar está avanzando en la demanda de él para quitarle la patria potestad a la mamá.

De hecho, Mauricio N. ya consiguió una evaluación psicológica que señala que sí es apto para su rol de padre y que no representa un riesgo para las niñas.

Valoración que contradice los resultados de un peritaje psicológico privado practicado a las pequeñas en las que identifican como figuras de riesgo no solo al papá, sino también al abuelo paterno, que la mamá mandó a hacer fuera del estado ante las sospechas de influyentismo, y el hecho de que ya fue declarado culpable por sustracción de menores cuando tras el divorcio trató de robarse a las niñas, en 2019.

El abuelo materno de las pequeñas, Gustavo Peyro, cuenta a Animal Político que a diferencia de cómo está avanzando la petición del papá, a su hija le negaron un intento por pedir que más bien él pierda la patria potestad y ella se quede con la custodia definitiva.

El abuelo acudió personalmente a declarar como testigo de que Mauricio N. no solo no ha tenido contacto con las niñas desde agosto, sino que tampoco ha aportado pensión alimenticia, y como su hija perdió su trabajo por dedicarse a seguir con la demanda, él es quien se ha hecho cargo económicamente de sus nietas en todos estos meses.

Sin embargo, explica que la jueza desechó esto y las alrededor de 30 pruebas que presentaron, con el argumento de que ya había un incidente por la patria potestad, el promovido por Mauricio N.

Así que para continuar con el proceso iniciado por él, este lunes la madre tuvo que presentar a las dos niñas en el Centro de Convivencia Familiar (Cecofam), un lugar que está diseñado para que niñas y niños convivan con familiares bajo supervisión de autoridades.

Por protocolo, tuvieron una breve explicación de que podían decirle a las autoridades todo lo que quisieran sobre cómo se sienten y lo que piensan, o callar si no querían hablar de algo. Pero después tuvieron que entrar solas a la sala con jueza, MP, representante legal y psicólogos, mientras su mamá se quedó afuera.

Esta misma situación ocurrió cuando se presentaron a declarar por la violencia sexual, a pesar de que es una irregularidad que no se haya permitido la presencia de la madre y las niñas hayan pasado más de dos horas en un cubículo rindiendo declaración ante adultos. También en ese lugar se les hicieron en su momento valoraciones psicológicas que después un contradictamen independiente consideró que no habían estado bien aplicadas y que minimizaron los indicios de violencia sexual; pero esa opinión externa fue desechada.

El abuelo de las pequeñas cuenta preocupado que el papá, Mauricio N., es peligroso, que llegó al lugar y al ver que afuera estaba su excuñado grabando con su celular, comenzó a agredirlo y la policía terminó entrando al restaurante donde estaba también la tía de las niñas con su bebé.

Después del incidente y tras horas de declarar, las niñas comentaron que habían dicho que quieren seguir viviendo con su mamá porque su papá las tocaba. Pero por ahora no le dieron acceso a la familia a las grabaciones de lo que pasó ante la jueza.

Y mientras el caso fluye por el lado de lo familiar, la demanda penal no tiene avances ni se ha judicializado en estos nueve meses. Las medidas de protección giradas para las niñas y su madre vencieron desde noviembre, por lo que actualmente no hay restricciones contra el presunto agresor.

En ese mes y después de que Animal Político y otros medios dieran a conocer el caso, por fin le dieron a la mamá acceso a la carpeta de investigación, pero fue la única vez: a pesar de que es su derecho como víctimas, la Fiscalía General del Estado de Durango se lo ha negado.

Un oficio al que tuvo acceso este medio señala que no se le permite ver la carpeta para salvaguardar la identidad de las niñas, porque no se trata de un caso de violaciones graves de derechos humanos ni de lesa humanidad, que son razones para dar a conocer un expediente, y por último, porque el caso se ha dado a conocer en Facebook.

Efectivamente, la cuenta Justicia Para las Niñas en Durango se creó para exhibir las posibles irregularidades en el manejo de la investigación, por las que incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió al DIF estatal intervenir —aunque la mamá había acusado también a esa institución de revictimizarla a ella y a sus hijas cuando inició la demanda—.

Después de esa llamada de atención de la CNDH, cuenta el abuelo de las niñas, se ordenó que fueran a terapias al Hospital Psiquiátrico de Durango. Pero por recomendación del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), las pequeñas ya estaban recibiendo apoyo psicológico de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac), una organización con reconocimiento internacional en el tratamiento de estos casos.

Así que el propio Hospital decidió que era mejor no saturar a las menores y que solo llevaran la terapia de la asociación civil. Sin embargo, la madre de las niñas ya fue apercibida por el juzgado para que suspenda la atención con Adivac.

Además, la pediatra de las niñas les contó que recibió presiones para decir que las lesiones que tiene una de ellas son por estreñimiento y uso de supositorios, en lugar de por la posible violación.

La familia se queja de que las autoridades han actuado para favorecer al papá, pese a la gravedad de las acusaciones, por los nexos políticos y económicos que tiene en el estado. Por ello reclaman que el caso se atienda de manera imparcial y poniendo por encima el bienestar de las menores.

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