La justicia porteña resolvió intervenir en la quiebra del Correo de Macri y ya hay denuncias

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El Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad resolvió que es competente como tribunal de apelaciones en un incidente de la causa en que se discute la quiebra del Correo de la familia Macri. La decisión motivó las quejas de la fiscal comercial Gabriela Boquín, quien denunció que se buscó una justicia amiga y generó la réplica de la empresa, que contestó que ante un fallo de la justica comercial es su derecho acudir en apelación ante el máximo porteño antes de llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El asunto, que parece solo una cuestión de procedimiento judicial, en realidad refleja una pulseada del kirchnerismo que impulsa este caso que puede afectar el patrimonio de los hijos de Macri, accionistas de la empresa, y a SOCMA, que pretende pagar un monto cuestionado por el Gobierno y evitar la afectación de los bienes familiares.

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El asunto que llegó al superior Tribunal de Justicia de la Ciudad es la recusación que realizó SOCMA de la jueza comercial Marta Cirulli, que lleva adelante el concurso. L a empresa alegó razones de “enemistad manifiesta” y “arbitrariedad” . La jueza rechazó la recusación y la Cámara de Apelaciones en los Comercial también, por lo que SOCMA acudió al Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad en apelación. Allí por tres votos contra dos, los jueces de la Ciudad decidieron que la Cámara Comercial debe pronunciarse sobre el recurso de inconstitucionalidad que presentó SOCMA. Votaron a favor de las pretensiones de SOCMA Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg, y en contra Luis Francisco Lozano y Alicia Ruiz.

La justicia comercial es nacional, pero desde la reforma constitucional de 1994 se estableció que se debía crear una justicia local en la Ciudad y traspasar la justicia nacional a la órbita porteña. La Justicia nacional no se traspasó, pero desde hace dos años, los abogados que litigan en causas laborales o civiles o comerciales en la justicia nacional con asiento en la Ciudad empezaron a acudir en apelación al Superior Tribunal de Justicia porteño , como alzada de la justicia nacional emplazada en el territorio porteño.

La Corte Suprema de Justicia instó a que se termine de ejecutar el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad y por mayoría (con mucha controversia interna) resolvió en abril de 2019 en el caso Bazán que ya no intervendrá en los conflictos de competencia entre los jueces nacionales y los jueces de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que debe hacerlo el Superior Tribunal de Justicia, como máxima instancia judicial de la Ciudad. Dijo que eso fortalece el diseño que estableció la Constitución de 1994 en cuanto reconoció un nuevo lugar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como integrante pleno del orden federal argentino. Así lo votaron Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti y en disidencia se pronunciaron Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco.

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Acudir al Superior Tribunal porteño en apelación se dio por ejemplo, en el reciente caso del policía Luis Chocobar, condenado por la justicia nacional. Hay otros precedentes de casos que tramitaron en el Superior Tribunal de la Ciudad que abrieron el camino, como una causa civil de la familia de León Ferrari contra el periodista Gabriel Levinas. Este asunto está ahora a estudio de la Corte.

Sin embargo, la fiscal comercial Gabriela Boquín protestó contra el fallo del Correo del Superior Tribunal de Justicia porteño. Aseguró que con este recurso, SOCMA pretende hacer “forum shopping” una práctica que consiste en elegir un tribunal que se presume que le va a ser mas amigable. En un dictamen presentado en el expediente comercial, la fiscal Boquín escribió “no puedo dejar de advertir el intento de la concursada de derivar el trámite de las presentes actuaciones a una jurisdicción que no tiene competencia material ni territorial” . Y abundó, señaló que la intención de SOCMA “carece de base legal, resulta temeraria y configura un claro caso de forum shopping”. Dijo que no hay ley ni convenio que establezca la transferencia de competencias a la Ciudad en este aspecto.

SOCMA respondió al dictamen de la fiscal con un escrito en el que señaló que el hecho de considerar el recurso como un intento de forum shopping “anticipa nuevamente una faz persecutoria, apuntando al oído sensible y susceptible de la opinión pública que, en la amplificación de los medios, entenderá que el ejercicio de nuestro legítimo derecho a la protección jurisdiccional que nos corresponde puede ser leída por una Fiscalía de Cámara como un acto delictual”.

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Ello justamente en etapa previa a elecciones. De esta forma se condiciona a la opinión pública, a los jueces y a nosotros mismos, que sólo buscamos lícitamente la protección de los intereses de nuestro representado. En el estudiado lenguaje elegido por la Fiscalía, pretender acceder a un recurso y a un tribunal reconocido por la Constitución de la Ciudad y refrendado por la Corte Suprema en diversos fallos, se convierte en un tentativa delictual y así lo levantan enseguida los medios, en una constante reiteración observable en esta causa”, se quejó SOCMA.

Defendió su acceso a la Justicia porteña: “Tan lícita es nuestra pretensión, que sólidos antecedentes doctrinarios, normativos y jurisdiccionales nos dan la razón. Ello se pone de cabal manifiesto cuando el Tribunal Superior de la Ciudad convalidó esta vía recursiva, y cuando en punto a la competencia del Supremo Tribunal, en esta misma causa, y ratificando lo resuelto en casos anteriores, por unanimidad los cinco jueces entendieron que ese órgano jurisdiccional estaba habilitado para entender en la materia”.

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