La Justicia ordenó el embargo de 26 propiedades compradas por Daniel Muñoz y sus testaferros, hasta cubrir $1600 millones

LA NACION
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El juez federal Marcelo Martínez De Giorgiordenó embargar más de una veintena de bienes que, según acreditó la Justicia, fueron obtenidos por el exsecretario privado de Néstor y Cristina Kirchner, el fallecido Daniel Muñoz y su entorno de testaferros.

El caso por lavado de dinero en la que se tomó esta decisión es un expediente derivado del de la causa de los cuadernos de las coimas, instruida por el fallecido juez Claudio Bonadio.

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La hipótesis de la Justicia es que parte del dinero proveniente de la asociación ilícita investigada en el caso cuadernos fue destinada a la obtención de propiedades y bienes en la Argentina y en el exterior, principalmente en los Estados Unidos, a través de un entramado de sociedades y cuentas offshore.

Muñoz compró propiedades en Argentina y departamentos en Manhattan y Miami, Estados Unidos. Cuando se reveló la investigación conocida como Panamá Papers, desarmó esas inversiones extranjeras y movió en numerosas operaciones su dinero a las islas Turks and Caicos.

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Fuente: LA NACION

El listado de propiedades que ahora ordenó embargar Martínez De Giorgi -que subroga el juzgado del que era titular Bonadio- incluye bienes ubicados en las provincias de Santa Cruz y Buenos Aires. Se dictó el embargo hasta cubrir la suma de $1600 millones.

Se investigó en este caso una trama mediante la que se compraron bienes en el país y se movió dinero en el extranjero. Dos cocheras en la ciudad de Buenos Aires, varios departamentos y casas, inmuebles en Río Gallegos, en La Angostura y Mar del Plata, son algunos de los lugares donde llegó el dinero de Muñoz.

Además, esos 26 testaferros estuvieron involucrados en la compra y posterior venta de los departamentos por 75 millones de dólares en Miami y Nueva York que fueron liquidados para invertir en la paradisíaca isla Turks and Caicos.

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"Resulta conducente para la presente investigación analizar la posible aplicación de una medida cautelar, respecto de los bienes registrables en particular, tendiente a garantizar los derechos del Estado Nacional, puesto que resulta parte damnificada por las maniobras de lavado materia de pesquisa", sostuvo el juez.