La justicia imputó a dos funcionarias del municipio de Reconquista por instigar la usurpación de tierras

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Usurpaciones de tierras dedicadas a la ganader’a y agricultura en las afueras de Reconquista, norte de la provincia de Santa Fé. Algunas fueron desalojadas y las volvieron a ocupar. Actualmente esperan una negociaci—n para destrabar el conflicto . 
Barrio El Ombusal
Marcelo Manera

ROSARIO.- Dos funcionarias del municipio de Reconquista fueron imputadas por instigar las usurpaciones de dos campos en esa localidad del norte de Santa Fe, donde la semana pasada se vivieron momentos de tensión cuando la policía se enfrentó con un grupo de personas que se había asentado en tierras privadas.

Como reflejó LA NACION el domingo pasado, en diez sólo días se repitieron en Reconquista cuatro usurpaciones de terrenos, tres de ellos son emprendimientos agropecuarios, donde más de 2000 personas armaron ranchos de plástico y madera, y demarcaron lotes en una zona del norte santafesino.

La investigación judicial se inició a partir de una denuncia por usurpación que realizó Horacio Cyan, un productor ganadero de la zona oeste de la ciudad de Reconquista. El fiscal Leandro Mai, según señalaron fuentes del Ministerio Público de la Acusación, relató en la audiencia que los ilícitos atribuidos a Haydee Vargas y Adriana Aranda, ambas funcionarias del municipio, se iniciaron el jueves 10 de junio entre las 8:30 y las 11:30, cuando “las dos mujeres investigadas –junto a dos hombres– convocaron a un grupo de más de 200 personas para que se congreguen en inmediaciones del inmueble usurpado”.

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De acuerdo al fiscal, Vargas y Aranda instigaron a las personas que fueron al lugar a usurpar las tierras de la familia Cyan, y les indicaron con un plano del terreno privado qué terrenos debían ocupar de forma ilegal.

“Las dos funcionarias públicas actuaron con pleno conocimiento de que dichas tierras eran de un particular”, argumentó Mai.

Para el fiscal “esas conductas provocaron que, aproximadamente a las 11:00 de ese jueves 10 de junio, se iniciara una usurpación masiva del inmueble”. En ese sector unas 800 familias ocuparon tierras.

El fiscal señaló que “ la víctima fue despojada del bien, en primer lugar, de forma clandestina, ya que no estaba en el lugar ”. Y recordó que “estas personas –que fueron instigadas por las dos imputadas– también desplegaron un sin número de ataques a los agentes del Estado que trabajaron ese día en el lugar para intentar una solución pacífica del conflicto”.

Usurpaciones de tierras dedicadas a la ganadería y agricultura en las afueras de Reconquista, norte de la provincia de Santa FÈ. Algunas fueron desalojadas y las volvieron a ocupar. Actualmente esperan una negociación para destrabar el conflicto . 
Barrio Guadalupe Sur.
Marcelo Manera


Usurpaciones de tierras dedicadas a la ganadería y agricultura en las afueras de Reconquista, norte de la provincia de Santa FÈ. Algunas fueron desalojadas y las volvieron a ocupar. Actualmente esperan una negociación para destrabar el conflicto . Barrio Guadalupe Sur. (Marcelo Manera/)

En relación al segundo ilícito atribuido a las imputadas, el fiscal explicó que “en su carácter de funcionarias públicas y en ocasión de su desempeño como integrantes de la dirección de Tierra y Vivienda de la secretaria de Planeamiento y Obras Públicas y Hábitat de la municipalidad de Reconquista, ejercieron funciones para las cuales no tienen competencia”. Para el próximo jueves está previsto que en otra audiencia se defina el desalojo de las tierras usurpadas.

La audiencia se realizó con una manifestación de militantes del Movimiento Evita y de la Corriente Clasista y Combativa en la puerta de la Fiscalía de Reconquista. Dos días antes de que las funcionarias del municipio fueran imputadas la diputada provincial Lucila De Ponti, dirigente del Movimiento Evita, pidió al fiscal general Jorge Baclini el apartamiento del funcionario del Ministerio Público Leandro Mai, quien investigó la toma de tierras.

En una nota enviada a Baclini, la legisladora argumentó que Mai actúa sin imparcialidad y que “la perspectiva restrictiva y punitiva (de la Fiscalía) sólo abona a un estallido social y a la alteración inminente de la paz social”. “Existen demostrados casos testigos sobre este tipo de conflictos. No puede ser esta situación un laboratorio social a cielo abierto”, agrega De Ponti, quien fue diputada nacional anteriormente.

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En sólo dos semanas una ciudad como Reconquista, considerada un polo productivo del norte santafesino, donde viven más de 100.000 habitantes, se usurparon unas 150 hectáreas, donde se asentaron más de 2000 personas que reclaman terrenos para construir sus viviendas.

“Uno entiende la necesidad de la gente por tener una vivienda, pero lo que pasa en Reconquista es inédito en el país, porque se usurparon tierras donde funcionan emprendimientos productivos. No son campos ociosos ni tierras abandonadas”, afirmó a LA NACION Ernesto Roberts, cuya familia es propietaria de uno de los predios ocupados al lado del barrio El Ombuzal, donde poseen 97 hectáreas destinadas a la cría y recría de 450 cabezas de ganado.

La figura de Haydee Vargas fue el blanco elegido por la oposición, concentrada en el radicalismo y en Juntos por el Cambio, como “gestora” de la ocupación. Lucila Lemann, diputada nacional de la Coalición Cívica, fue una de las primeras en alertar sobre el avance de las tomas ilegales de tierras en el norte santafesino. “Son usurpaciones violentas y planificadas, que cuentan con la justificación del kirchnerismo”, afirmó la legisladora, quien señaló que “la provincia de Santa Fe está padeciendo usurpaciones de manera constante. Se está violentando la propiedad privada”.

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