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¿Justicia para Fernando?

Buenos Aires, 6 feb (EFE).- Momentos antes de la lectura del veredicto que sentenció a prisión perpetua a 5 acusados y a 15 años de cárcel a otros 3, la familia de Fernando Báez Sosa, el joven de 18 años asesinado a golpes en enero de 2020 en Argentina, reclamaba que solo habría justicia si se daba la máxima condena para todos.

En la ciudad bonaerense de Dolores (200 kilómetros al sur de la capital argentina), el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 dio a conocer, poco después de las 13.00 hora local (16.00 GMT), la pena de prisión perpetua para Máximo Thomsen, Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ciro Pertossi y Luciano Pertossi, cinco de los imputados por el crimen cometido en la localidad costera de Villa Gesell tres años atrás.

Todos ellos fueron coautores penalmente responsables de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía.

Los otros tres, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi, fueron partícipes secundarios del homicidio doblemente agravado por concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, según la sentencia dada a conocer este lunes.

"Este tribunal, desde mi punto de vista, tuvo clemencia con tres acusados de forma irracional", explicó el abogado de la familia de la víctima, Fernando Burlando, después de que se conociera la sentencia para los 8 chicos de entre 21 y 23 años que, en la madrugada del 18 de enero de 2020, acabaron con la vida de Fernando.

El letrado no dudó en calificar de "débil" a la Justicia y anunció su intención de apelar el fallo.

LOS HECHOS Y LA CONDENA

La noche del suceso tanto la víctima y sus amigos como sus agresores disfrutaban de una madrugada de verano en el interior de una discoteca de Villa Gesell, uno de los lugares de la costa argentina más frecuentado por los jóvenes.

Dentro del recinto hubo algún altercado entre ambos grupos, que derivó en la expulsión de los ocho imputados, lo que llevó a uno de ellos, Máximo Thomsen, a hacer un gesto hacia Báez que, según las imágenes que fueron prueba en el juicio, era una amenaza.

Los ocho acusados esperaron a que el joven saliera de la discoteca para atacarle brutalmente con patadas y golpes de puño en todo el cuerpo, pero de manera puntual en la cabeza, el abdomen y la mandíbula, evitando además que algunos amigos se acercaran a defenderlo.

Báez falleció producto de un paro cardíaco traumático por shock neurogénico, producido por múltiples traumatismos de cráneo que generaron una hemorragia masiva intracraneana intraparenquimatosa sin fractura ósea.

Su muerte generó una ola de repudio generalizado en la opinión pública argentina y también en Paraguay, ya que sus padres son originarios de este país.

El juicio, que dio comienzo en enero pasado, fue seguido de manera exhaustiva por la prensa, con innumerables horas de televisión en vivo y páginas en los diarios con todas las versiones del caso.

De hecho, este lunes la localidad de Dolores amaneció repleta de informadores de varias nacionalidades que acudieron para conocer 'in situ' la resolución judicial, así como numerosos familiares de víctimas que quisieron acompañar a la familia del joven asesinado.

Dentro de la sala, los magistrados procedieron a dar lectura al veredicto con los ocho acusados y sus abogados puestos en pie.

Tras el fallo condenatorio, Thomsen, el imputado que más pegó a la víctima y que, según las pericias, dejó su zapatilla marcada en el maxilar inferior izquierdo de Báez durante el ataque, sufrió un desvanecimiento que llevó al tribunal al desalojo de la sala.

CONMOCIÓN SOCIAL

El caso de los denominados 'rugbiers' -pues los ocho acusados practicaban ese deporte- conmocionó a la opinión pública argentina por la crueldad del ataque -también reflejada en la sentencia, que incluye el agravante de "alevosía por desvalimiento"- y obtuvo una inusitada repercusión en la prensa local.

El asunto trascendió fronteras y los medios de países vecinos también siguieron el desarrollo del juicio. Sin duda, uno de los más pendientes fue Paraguay, donde incluso su Congreso elevó días atrás una petición de "justicia para Fernando", debido a la nacionalidad de sus padres, emigrantes paraguayos radicados en Argentina.

A la espera de las apelaciones que ya han anunciado tanto acusación y Fiscalía como la defensa, los cinco condenados a cadena perpetua podrían optar a libertad condicional dentro de 30 años mientras que los otros tres podrían lograrla a partir de 2030.

Mientras tanto, los carteles que reclamaban "Justicia para Fernando" que empapelaron las calles de Dolores durante el juicio y se viralizaron en las redes sociales -que también difundieron masivamente los retratos de los ocho culpables- continuarán agitándose, ya que para muchos el lema quedó entre interrogantes.

Concepción M. Moreno

(c) Agencia EFE