La Justicia dirime si Escocia puede convocar referendo sin acuerdo de Londres

Agencia EFE
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Edimburgo (Reino Unido), 20 ene (EFE).- El Tribunal de Sesiones de Edimburgo, la más alta corte civil en Escocia, deberá pronunciarse entre este jueves y el viernes sobre si el Parlamento escocés es competente para convocar un referéndum de independencia sin autorización previa del Gobierno británico.

La Justicia escocesa tratará de clarificar las competencias de la Cámara para dar solución a esta cuestión, planteada por el activista proindependencia David Keatings.

Desde mayo, las encuestas muestran un claro aumento del apoyo a la independencia del Reino Unido, con una media de en torno al 56 % a favor y el 44 % en contra.

El Gobierno británico mantiene su negativa a celebrar una nueva consulta después de que ya en 2014 la independencia fuera rechazada por un 55 % de los escoceses.

La decisión del Tribunal de Sesiones de Edimburgo podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo británico.

COMPLEJIDAD LEGAL

El independentista Keatings, autor de la consulta al tribunal, considera en su argumentario que "no puede decirse que el mero hecho de legislar para celebrar un referéndum sobre la independencia escocesa tenga, o vaya a tener, efecto alguno sobre la Unión".

"El resultado de dicho referéndum podría ser que la mayoría votase a favor del mantenimiento del 'statu quo' constitucional y una reafirmación de la Unión", a juicio de Keatings.

El cuestionamiento de esa competencia es “anterior al último referéndum. En ese momento, en vez de estudiar el caso legalmente, se llegó a un acuerdo político”, dijo a Efe la profesora Aileen McHarg, de la Universidad de Durham (Inglaterra), que considera dicha solución “temporal, y ya caducada”.

La Scotland Act, ley de 1998 donde se exponen las competencias de la Cámara escocesa, establece “que el Parlamento no puede legislar nada que esté relacionado con las materias reservadas, y una de esas materias es la Unión”, señaló, por su lado, a Efe el profesor Tobias Lock, de la universidad de Maynooth (Irlanda) .

Una interpretación literal de la ley hace que “cualquier acto que cuestione la Unión pueda ser relacionado con ella (...), limitando de forma muy estricta los poderes del Parlamento escocés”, explicó Lock.

Para McHarg, “se debe observar si la ley afecta a lo que se consideran materias reservadas. Cuando se estudia la propuesta, no es lo mismo su objetivo legal que su objetivo político”.

“Es un caso inusual, no hay una proposición de ley por parte de un Parlamento que se pueda cuestionar. Se pretende establecer si la Cámara detenta el poder en sí; es una cuestión teórica”, observó la profesora.

En esa misma línea, el profesor Tom Mullen, de la universidad escocesa de Glasgow, no piensa que el tribunal se vaya a pronunciar sobre el asunto.

“Creo que desestimará (la consulta), en base a que es una pregunta teórica y prematura”, dijo a Efe Mullen.

Esa respuesta, a juicio de McHarg, beneficiaría al Gobierno escocés que, aunque prefiere la opción del consenso, mantendría “en la ambigüedad esta cuestión legal”.

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