Justicia británica decidirá sobre nombramientos de Juan Guaidó al Banco Central de Venezuela

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La justicia inglesa escuchó el lunes los argumentos finales de representantes de Nicolás Maduro y Juan Guaidó y prometió decidir lo antes "posible" si considera legítima la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por este último, dándole acceso al oro depositado en Londres.

La jueza Sara Cockerill, de la división comercial de la Alta Corte de Londres, escuchó durante cuatro días argumentos y testimonios de ambas partes y el lunes afirmó que hará "todo lo posible" para decidir con rapidez.

No dio sin embargo una estimación de cuándo podría conocerse su decisión.

Las autoridades de Caracas, que en 2020 aseguraron necesitar los fondos urgentemente para hacer frente a la pandemia de coronavirus, defienden ahora que no deben precipitarse las conclusiones.

Sin embargo, Andrew Fulton, abogado de la junta directiva del BCV nombrada por Guaidó, pidió a la magistrada que se pronuncie cuanto antes para que los activos "no permanezcan en el limbo más tiempo de lo necesario".

El gobierno de Maduro y la oposición liderada por Guaidó se enfrentan desde 2019 por el acceso a 32 toneladas de oro, valoradas en unos 1.500 millones de dólares, custodiadas desde hace años en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra.

En julio de 2019, Guaidó, autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela y reconocido como tal por medio centenar de países --entre ellos el Reino Unido--, nombró una junta directiva ad hoc del BCV.

Esta ordenó al Banco de Inglaterra no entregar los lingotes a la junta directiva oficialista del BCV, presidida por Calixto Ortega, afirmando que el gobierno utilizaría los fondos para reprimir a la población.

Guaidó hizo los nombramientos mediante la Asamblea Nacional venezolana elegida en 2015, que presidía, pero estos fueron invalidados por la sala constitucional el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano.

En el marco de un largo litigio en Londres, la Corte Suprema británica ordenó en diciembre analizar si esa decisión judicial venezolana anula efectivamente dichos nombramientos.

Si la justicia británica considera que la junta del banco central designada por Guaidó es legítima, esta tendría el control del oro.

Sin embargo, la decisión de la jueza Cockerill es susceptible de recurso, como lo han sido múltiples sentencias emitidas por la justicia inglesa en este caso desde hace más de dos años.

- ¿"Juicio al régimen"? -

El litigio se originó cuando la junta directiva del BCV presidida por Ortega demandó al Banco de Inglaterra para que le entregase el oro.

Y aunque la justicia británica la reconociese como la representante legítima, esa parte del juicio podría seguir adelante.

El abogado inglés de la junta de Maduro, Richard Lissack, reiteró el lunes que "la junta de Guaidó no es una junta funcional del banco central" y argumentó que sus miembros, todos en el exilio, no viven en Venezuela ni participan de las operaciones de la institución.

"Solo existe virtualmente y pide (...) a este tribunal acceso a 32 toneladas de oro", subrayó.

Por su lado, Fulton insistió en la "falta de imparcialidad" del TSJ, afirmando que sus jueces son favorables al poder o están presionados por él, y convirtió el caso en un proceso a la legitimidad del sistema judicial venezolano y del régimen de Maduro en general.

La parte oficialista llamó como testigos a Francisco Carrasquero López, exvicepresidente de la sala constitucional del TSJ, de 79 años y jubilado en 2015, que negó injerencias del poder en la justicia, y a Enrique Parody, secretario de la sala plenaria de ese tribunal, que defendió la "autonomía judicial" en Venezuela.

También Ortega viajó a Londres, pero no fue contrainterrogado por decisión de la jueza.

Fulton presentó por su parte los testimonios de Manuel Rodríguez Armesto y Ricardo Villasmil, actual y anterior presidentes de la junta del BCV nombrada por Guaidó, así como de Enrique Sánchez Falcón, "procurador especial" también designado por la oposición.

Se apoyó asimismo en informes de varios organismos de la ONU y diversas oenegés sobre las acciones del gobierno venezolano, entre las que denunció amenazas y "presiones, incluidas sanciones y hostigamiento, contra jueces y fiscales".

"Este caso no es un juicio al régimen de Maduro" sino la estimación del reconocimiento de decisiones de un tribunal extranjero, insistió Lissack en sus argumentos finales.

"No se trata solo de que la justicia no funcione correctamente" en Venezuela, concluyó Fulton, sino que "opera bajo las instrucciones de Maduro".

acc/jvb

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