La Justicia boliviana dicta detención domiciliaria para un cónsul en España

Agencia EFE

La Paz, 19 jun (EFE).- La Justicia boliviana decretó este viernes detención domiciliaria para el cónsul de Bolivia en la ciudad española de Barcelona, Alberto Pareja, en el marco de la investigación de un caso por supuesta corrupción en la compra en España de respiradores para enfermos críticos de coronavirus.

El abogado del cónsul, Luis Fernando Roca, declaró a los medios en La Paz que su defendido fue enviado a detención domiciliaria con una fianza del equivalente a unos 3.000 dólares y arraigo, una medida que impide su salida del país.

Roca manifestó que el diplomático cumplió en todo momento instrucciones desde el Ministerio de Salud boliviano, en la gestión en la compra en España de los respiradores que fabrica una empresa de Barcelona, y que si tuvo contacto con alguno de los procesados en este caso lo fue a través de la Cancillería boliviana.

Además de que un decreto sobre el estado de emergencia sanitaria declarado en Bolivia por la COVID-19 instruye a los funcionarios a colaborar en este tipo de compras de urgencia, indicó.

El abogado expresó su desacuerdo con la detención domiciliaria, pero subrayó la disposición de su defendido a colaborar en la investigación y reiteró que sigue siendo cónsul salvo que la Cancillería decida lo contrario.

La decisión de la Justicia boliviana se produjo dos días después de que Pareja declara ante la Fiscalía en La Paz, donde se encuentra tras ser llamado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia para informar sobre los trámites que realizó en España.

El proceso judicial investiga la compra en España de 170 respiradores hospitalarios que fueron adquiridos a través de una intermediaria en el País Vasco, con supuesto sobreprecio de unos dos millones de dólares.

El exministro interino de Salud de Bolivia Marcelo Navajas fue enviado a prisión preventiva, aunque luego le concedieron la detención domiciliaria por complicaciones en su salud, tras ser detenido junto otros investigados, dos de ellos funcionarios de esta cartera y de una entidad estatal.

El caso es el mayor escándalo por supuesta corrupción en los cerca de siete meses en el poder de forma interina de Jeanine Áñez en Bolivia, que anunció una revisión de todas las compras y contratos en Salud desde que sumió la presidencia de forma transitoria el pasado noviembre.

La compra se produjo después de que fueran autorizadas adquisiciones de urgencia sin trámites habituales, para reforzar el sistema sanitario con el fin de combatir el coronavirus SARS-CoV-2, pero con una rapidez inusual en unos cuatro días y pese a observaciones de funcionarios que advirtieron de posibles irregularidades, según transcendió antes de que el proceso judicial fuera declarado en reserva.

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