Juntas locales de agua piden la asignación de un pago "simbólico" en El Salvador

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San Salvador, 28 jul (EFE).- Cientos de miembros de las juntas rurales y urbanas de agua, que administran y sirven este recurso en diversas localidades de El Salvador, pidieron este jueves a la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) que se les asigne un pago "simbólico" y diferente al de las empresas privadas.

Los representantes del Foro del Agua, que aglutina a diversos sectores ambientalistas, marcharon por las calles de San Salvador y llegaron a la sede de la ASA para presentar sus propuestas.

Pidieron que el pago que se asigne a las juntas sea "diferenciado a partir de las capacidades de las personas, la garantía del derecho humano al agua y el uso del agua".

"Proponemos que el canon de las juntas debe ser el precio simbólico de un centavo por familia al mes", indicaron en una carta entregada a la ASA.

Añadieron que las juntas rurales y urbanas, administradas generalmente por habitantes organizados de las comunidades, no poseen la capacidad económica para invertir en la infraestructura necesaria para el saneamiento.

"El Estado debe generar proyectos específicos para la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales y nosotros como juntas de agua ser vigilantes de que el Estado garantice el saneamiento", agregaron.

Arely Salas, miembro de estas organizaciones, señaló que entre sus propuestas también se incluye la creación de un nuevo registro que dé cuenta de todas las juntas de agua y la creación de mecanismos de "asistencia técnica, jurídica y financiera".

Salas agregó que su solicitud de un pago diferenciado y "simbólico" por el uso del recurso hídrico se debe a que las juntas de agua "no tienen la misma capacidad financiera" que las empresas privadas, que explotan los mantos acuíferos.

La ASA es una entidad establecida en la Ley General de Recursos Hídricos, aprobada en diciembre de 2021 y cuyo anteproyecto fue promovido por el Gobierno de Nayib Bukele y dejó afuera las iniciativas presentadas en el pasado por las organizaciones y la Iglesia católica.

La nueva legislación establece que "El Salvador reconoce el derecho humano al agua" y "al saneamiento" como "componentes del derecho a un nivel de vida adecuado".

"El Estado, en todos sus órganos fundamentales de Gobierno y sus instituciones, tienen la obligación y la responsabilidad primordial de garantizar el goce efectivo a su población del derecho humano al agua potable y al derecho humano al saneamiento", reza el primer artículo.

Dicha ley también establece que "el agua no podrá ser privatizada bajo ninguna condición" y crea la Autoridad Salvadoreña del Agua.

Anteriormente, el Foro del Agua afirmó que la propuesta de ley del Gobierno de Bukele "normaliza la injusticia hídrica".

Señaló en octubre de 2021 que la ley mantiene "los mecanismos enquistados en el Estado que generan injusticia hídrica, favorecen el robo y el despojo del agua" por grandes empresas.

(c) Agencia EFE

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