La Junta de Presidentes de Cámaras criticó la reforma que otorga más poder al Superior Tribunal porteño

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La Junta de Presidentes de Cámaras se sumó a las críticas contra la reforma procesal porteña
Prensa GCBA

La Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales de la República Argentina, que reúne a jueces de todo el país, cuestionó la nueva ley porteña que prevé que todas las causas penales, civiles, comerciales o laborales que tramiten en la ciudad de Buenos Aires pueden ser recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.

En un comunicado, la junta, presidida por el camarista Javier Leal de Ibarra, expresó su “profunda preocupación”. Sostuvo que “más allá de la distribución de competencias jurisdiccionales” y de la posición jurídica que se adopte al respecto, su preocupación “se encuentra centrada en el estricto apego a principios constitucionales superiores, tales como el respeto al juez natural y el debido proceso”.

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En su comunicado los magistrados alertan “sobre decisiones que pueden generar una severa crisis institucional al avanzar sobre materias que pertenecen, de manera exclusiva, al Congreso de la Nación”.

“La ley sancionada en la Legislatura porteña el pasado 30 de septiembre introdujo una modificación a la ley 402 de procedimientos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma, habilitándolo a expedirse como ‘tribunal superior’ de la causa en procesos que tramitan ante la Justicia Nacional, modificando así el reparto y la asignación de competencias de ese fuero, por sobre lo dispuesto en la ley 48, de jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales”, afirma el comunicado.

Y sostiene: “De este modo, entendemos que el irrestricto respeto a la garantía del juez natural de la causa, contenida en el debido proceso y como principio integrante del bloque federal constitucional, se vería seriamente menoscabada en exclusivo desmedro de la administración de justicia y del Estado democrático de derecho, generando serios conflictos institucionales como consecuencia de una indebida asignación de competencias por parte de un órgano legislativo que carece de dichas atribuciones ”.

De acuerdo con la Junta de Presidentes de Cámaras, toda iniciativa que vulnere -según ella, como lo hace esta nueva ley- la asignación legal de competencias, la seguridad jurídica o el respeto entre los distintos poderes nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “ generará una crisis de extrema gravedad”.

Sostuvo además que si interviene el Superior Tribunal porteño en las causas de la justicia nacional eso implicará agregar nuevas instancias judiciales “a procesos cada vez más extensos”.

En el mismo sentido se había manifestado la Asociación de Magistrados, máxima agrupación de jueces, que sostuvo que la nueva ley porteña puede generar “un conflicto institucional sin precedentes”.

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