La Junta Escolar de Miami-Dade quiere conocer las impugnaciones de libros en las escuelas

Tras la controversial decisión de una escuela pública de Miami Lakes de prohibir a los alumnos de primaria la lectura de tres libros y el poema leído en la toma de posesión del presidente Biden, la Junta Escolar de Miami-Dade quiere exigir a las escuelas que avisen a la Junta y al personal del distrito cuando una queja provoque la reasignación o retirada de un libro.

En muchos distritos, incluido Miami-Dade, cuando se cuestiona un libro o un título, solo se requiere un comité de revisión a nivel escolar para determinar si un libro debe permanecer en los estantes. No se exige que las objeciones o decisiones sean conocidas por el personal del distrito o los miembros de la junta.

La propuesta, presentada por Steve Gallon III, miembro de la Junta, pretende cambiar esta situación. Las actualizaciones, según Gallon, mejorarían la transparencia en torno a ciertas decisiones.

“Como miembro de la Junta, me sentí un poco molesto al enterarme a través de los medios de un tema que creó una tormenta pública y una vergüenza nacional y una debacle”, dijo Gallon en una reunión del comité de la Junta Escolar el miércoles. “¿Seguimos navegando en las aguas de la ambigüedad y permitiendo que se siga abriendo una Caja de Pandora sin que nosotros, como Junta, tomemos alguna medida?”.

La propuesta, que se espera que la Junta discuta en su reunión mensual del miércoles, ocurre después de que el distrito escolar enfrentó una reacción nacional tras la noticia de que cuatro libros fueron retirados del acceso de alumnos de primaria y restringidos a los estudiantes de escuela intermedia en Bob Graham Education Center, una escuela de preescolar a octavo grado en Miami Lakes, después que un padre se quejó.

Uno de los títulos era “The Hill We Climb”, de la joven poeta negra Amanda Gorman, ahora de 25 años, quien declamó el poema en la toma de posesión del presidente Joe Biden el 20 de enero de 2021. Su poema celebra a Estados Unidos no como una unión perfecta, sino como una nación inacabada que anhela la equidad y la inclusión. Un fragmento dice:

Los otros títulos fueron: “The ABCs of Black History”, “Cuban Kids” and “Love to Langston”.

El distrito sostiene que los títulos no fueron prohibidos, sino trasladados a otra parte de la biblioteca. El miércoles, en un taller del comité de la Junta Escolar, el superintendente José Dotres reiteró que no se infringió ninguna política.

El comisionado de Educación de la Florida, Manny Díaz, también defendió la decisión, diciendo que “el proceso funcionó”.

“Un padre tiene derecho a presentar una queja. Pero se puso en marcha y funcionó el proceso donde consideraron la colocación adecuada de los libros. Y los alumnos siguen teniendo acceso a ellos en el nivel adecuado. Y no se prohibió ningún libro”, dijo en una entrevista con WLRN.

Un reportaje del Miami Herald reveló las restricciones. El Washington Post informó más tarde que los estudiantes de primaria tendrían que demostrar que leen al nivel de quinto grado para tener acceso a los libros. Muchos educadores y organizaciones de alfabetización argumentan que las restricciones limitan el acceso a los estudiantes más jóvenes.

Toman por sorpresa a miembros de la Junta

Gran parte de la conversación del miércoles giró en torno a la frustración de los miembros de la Junta al enterarse del incidente por los medios y sentirse sorprendidos por la noticia.

Muchos miembros de la Junta reiteraron que nadie cometió un error, que el personal siguió la política del distrito y que las revisiones propuestas a la política no pretendían arremeter contra los empleados del distrito por las decisiones que llevaron a la protesta pública. Más bien, dijeron, querían mejorar la transparencia y la comunicación en el distrito.

La propuesta también requiere que el distrito proporcione “capacitación relacionada” al personal que se ocupa de la revisión de libros, como una rúbrica o directriz para determinar si un libro es apropiado. Esas disposiciones de la política, argumentó Gallon, no se aplicaron correctamente, y se refirió a la forma “lamentablemente deficiente” y a la confusión en torno a lo que se considera apropiado.

Los legisladores ampliaron este año la controversial ley de Derechos de los Padres en la Educación que, entre otras cosas, hace más fácil el proceso de objetar libros y materiales de instrucción. Los detractores de la ley argumentan que está redactada de forma imprecisa y que no proporciona suficiente orientación sobre lo que es o no apropiado para la edad.

“Toda esta cuestión de la adecuación a la edad, ¿estamos hablando de legibilidad, estamos hablando de comprensión, estamos hablando de contenido? ¿De qué estamos hablando?”, preguntó Gallon a los miembros del consejo.

Roberto Alonso, miembro de la Junta Escolar por el Distrito 4, donde está el centro educativo, dijo que cree que todos los padres tienen derecho a expresar sus preocupaciones sobre un libro, pero cuestionó cómo una decisión que ocurrió hace meses “de repente sale a la luz en los medios de comunicación y ¿cómo se enteraron los medios de esto?”.

Dotres dijo que la información se dio a conocer a través de una solicitud de registros públicos. La ley de la Florida exige que gran parte de la información que afecta a la comunidad esté abierta a la inspección por parte del público y los medios.

Mary Blanco, miembro de la Junta, dijo que “no es de la opinión de que tenga que microgestionarlo todo”, pero se habría agradecido que les tuvieran al tanto de lo que se iba a hacer.

Por su parte, la presidenta Mari Tere Rojas dijo que es “imperativo que [la Junta y el distrito] tengan una línea abierta de comunicación” con las partes interesadas, incluidos padres y maestros, pero también con los medios.

“Me enteré de esto como el resto de ustedes”, dijo a la Junta. “Así que cualquier cosa que podamos mejorar [en el proceso] a medida que avanzamos es extremadamente importante y beneficioso para todos y eso es lo que creo que está haciendo este punto”.