Jueza ordena a líneas de cruceros pagar más de $400 millones en compensación por uso de puerto de La Habana

Ramon Espinosa/AP

Una jueza federal ordenó a cuatro líneas de cruceros basadas en la Florida y que incluyeron a Cuba en sus itinerarios pagar más de $400 millones en daños a la empresa estadounidense que tenía la concesión para explotar algunos de los muelles del puerto de La Habana y que fue ilegalmente expropiada por Fidel Castro en 1960 en virtud de una ley que castiga el ‘”tráfico de bienes robados” en Cuba.

La esperada decisión de la jueza federal de distrito Beth Bloom el viernes sigue a otro importante fallo en marzo en el que Bloom concluyó que las cuatro compañías —Carnival, MSC SA, Royal Caribbean y Norwegian— cometieron “actos de tráfico” y se involucraron en “turismo prohibido” al llevar viajeros estadounidenses a Cuba y usar las instalaciones portuarias de La Habana que Castro confiscó.

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El gobierno cubano nunca compensó a Havana Docks, la empresa estadounidense con los derechos legales para explotar las instalaciones y cuyo reclamo de propiedad fue certificado por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras del Departamento de Justicia.

Las cuatro líneas de cruceros, que están registradas fuera de Estados Unidos pero mantienen su lugar principal de negocios en la Florida, tendrían que pagar a Havana Docks $439 millones más honorarios y costos de abogados, según el fallo.

El tribunal ordenó a cada compañía que pagara el monto del reclamo de propiedad original más décadas de interés simple. Pero el número es aún mayor porque la ley que castiga el uso de bienes confiscados en Cuba, la Ley Helms-Burton o Ley Libertad de 1996, permite que el tribunal triplique el monto de las indemnizaciones otorgadas.

“Se han establecido los delitos de los demandados en estos casos, y el tribunal determinó que los demandados obtuvieron cantidades significativas de ingresos, de cientos de millones de dólares cada uno, de sus actividades ilícitas de tráfico y en detrimento del demandante”, escribió la jueza. “Una indemnización menor, como sugieren los Demandados, no tendría un propósito disuasorio efectivo, ya que una indemnización menor posiblemente podría considerarse simplemente un costo de hacer negocios”.

La disposición clave de la Ley Helms-Burton que permite demandar a quienes usen bienes confiscados ilegalmente en Cuba, llamada Título III fue suspendida por todos los presidentes desde que Bill Clinton la firmó hasta que Donald Trump asumió el cargo. Rompiendo con la tradición, Trump la activó en 2019, abriendo la puerta a docenas de demandas.

Aun así, persistía el escepticismo sobre si los demandantes, en su mayoría herederos cubanos y estadounidenses de las empresas expropiadas en la década de 1960, serían capaces de sortear todos los obstáculos legales involucrados en estos complicados casos y encontrar oídos comprensivos en los tribunales.

Si bien la decisión del viernes podría apelarse, demuestra que al menos algunas demandas basadas en la Ley Helms-Burton podrían ganarse y terminar con millones de dólares en pagos, ofreciendo esperanza a los estadounidenses, y especialmente a las familias cubanoamericanas que durante muchos años han esperado obtener compensación por las acciones de Castro. Al mismo tiempo, la multa multimillonaria envía una advertencia a los posibles inversionistas y a quienes desean hacer negocios con el gobierno cubano en propiedades cuya titularidad está en disputa.

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“Este es un fallo muy importante de la jueza Bloom”, dijo Bob Martínez, jefe del equipo de defensa legal de Havana Docks y socio del bufete de abogados Colson Hicks Eidson en Coral Gables. “El uso comercial de bienes confiscados en Cuba en violación de la ley estadounidense conlleva consecuencias legales claramente detalladas, bien conocidas. Después de décadas de tratar de hacer cumplir sus derechos legales, Havana Docks está un paso más cerca de la justicia. Havana Docks agradece la minuciosa y cuidadosa revisión de los hechos y la ley por parte de la jueza Bloom”.

El caso también fue seguido de cerca porque sentó un precedente para las demandas relacionadas con proveedores de viajes como cruceros y aerolíneas. Estas empresas han tratado de argumentar ante los tribunales que estaban autorizadas por el entonces gobierno de Barack Obama para hacer negocios con Cuba y que sus tratos estaban cubiertos por una excepción de “viaje legal” en las regulaciones del embargo.

Pero la jueza desestimó tal defensa luego de que los abogados de Havana Docks mostraran ante el tribunal pruebas de las actividades turísticas que ofrecía las líneas de cruceros a sus pasajeros, generalmente a través de agencias de turismo contratadas por el gobierno cubano.

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A pesar de la relajación de algunas sanciones durante el breve deshielo durante el gobierno de Obama, los viajes de turismo a Cuba estaban prohibidos en ese momento y siguen estándolo. Los viajes en crucero a Cuba comenzaron en 2015 y terminaron en junio de 2019.

El hecho de que el Departamento del Tesoro emitiera licencias de viaje “y los funcionarios del poder ejecutivo, incluido el presidente, alentaran a los acusados a hacerlo, no los exime automáticamente de responsabilidad si se involucraron en un turismo prohibido por ley”, escribió la jueza en marzo.

Cientos de documentos judiciales revisados por el Miami Herald mostraron que las líneas de cruceros ofrecían excursiones a la playa, al cabaret Tropicana en La Habana y lecciones de coctelería para aprender a hacer mojitos, entre otras actividades que no encajan en la descripción de “educativas” y de viajes para alentar los contactos entre los pueblos, la categoría de viaje legal invocada por las líneas de cruceros para llevar a los estadounidenses a Cuba.

Según los registros, las empresas obtuvieron al menos $1,100 millones en ingresos y pagaron $138 millones a entidades gubernamentales cubanas.

Una portavoz de Carnival le dijo al Herald que la compañía no cree que sus acciones hayan sido incorrectas.

“Carnival Corporation participó en viajes legales explícitamente autorizados, autorizados y alentados por el gobierno de Estados Unidos”, dijo Jody Venturoni. “Estamos totalmente en desacuerdo tanto con el fallo como con el fallo y planeamos apelar estas decisiones”.

Las partes han estado involucradas en un feroz litigio durante más de dos años sobre la cuestión de si, al atracar en el puerto de La Habana, las compañías de cruceros “traficaron” con bienes confiscados o no. Havana Docks tiene un reclamo certificado por el gobierno estadounidense por la pérdida de activos y una concesión que data de 1934 para operar tres muelles en el puerto de La Habana que décadas después se utilizaron como terminal de cruceros que recibía a los viajeros estadounidenses.

Norwegian, MSC SA y Royal Caribbean no respondieron de inmediato a solicitudes de declaraciones por correo electrónico.