Jueza autoriza juicio entre UM y ejecutivo de Facultad de Medicina por su despido. El ejecutivo reclama millones

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Hace casi una década, Donna Shalala, entonces presidenta de la Universidad de Miami, despidió a un alto ejecutivo de la Facultad de Medicina de UM, diciendo en una reciente declaración que “su liderazgo fue destructivo para UHealth”, que “manejó mal” los despidos durante tiempos financieros difíciles y que “destruyó la moral” entre el profesorado.

Jonathan “Jack” Lord, ex director de Operaciones y Cumplimiento de la Facultad de Medicina, afirma en una demanda contra la universidad que Shalala tomó represalias contra él después que le informó en repetidas ocasiones de sus esfuerzos por investigar la facturación excesiva de $10 millones al Medicare por parte de un laboratorio de pruebas de órganos para el programa de trasplantes de UM en el Hospital Jackson Memorial.

Una jueza federal de Miami falló que será un jurado el que decida qué versión del despido de Lord es cierta en un juicio previsto para el 12 de septiembre. A principios de este mes, la jueza de distrito Cecilia Altonaga denegó la moción de la universidad para desestimar el caso, burlándose de las afirmaciones de UM de que el segundo al mando de la Facultad de Medicina despedido carecía de evidencia para respaldar su demanda.

“Un extenso análisis de la evidencia deja al descubierto que estos argumentos son muy débiles”, declaró Altonaga en su fallo de 40 páginas. “Por fin, este caso debe ir a juicio; o resolverse amistosamente entre las partes”.

Pero hasta ahora no hay acuerdo, según los abogados de Lord y UM.

Tras una década de litigios, la demanda por despido indebido de Lord se reducirá probablemente a la credibilidad de la justificación de Shalala para despedirlo a principios de 2013.

“Hay razones para dudar de su credibilidad; también hay razones para no dudar de ella”, señaló la jueza sobre el testimonio de Shalala en una declaración previa al juicio. “Pero [UM] sabe bien que los tribunales no pueden declarar un ganador de los concursos de credibilidad en juicio sumario”.

Shalala, ex miembro del gabinete de la administración del entonces presidente Bill Clinton y antigua legisladora federal, no figura como demandada.

Lord ya se anotó una victoria legal el año pasado cuando su caso de la Ley de Reclamaciones Falsas contra la universidad resultó en un acuerdo de $22 millones de UM con el Departamento de Justicia para resolver las acusaciones civiles de facturación inflada a Medicare por el laboratorio de Patología de la escuela y otras infracciones. Como denunciante, Lord recibió unos $4 millones del acuerdo como recompensa por iniciar la demanda contra su antiguo empleador.

El abogado de Lord, Jeffrey Sloman, dijo que su cliente “está ansioso por tener su día en los tribunales” por su despido, alegando que ha sufrido unos $38.5 millones en daños y perjuicios, incluyendo la pérdida de salario y beneficios durante la última década.

El abogado de la UM, Eric Isicoff, dijo que la universidad no tiene interés en llegar a un acuerdo antes del juicio y cuestionó la reclamación de daños de Lord.

“La universidad siempre tuvo la intención de llevar este caso a juicio si el tribunal rechazaba su moción de juicio sumario”, dijo. “La denegación simplemente significa que hay cuestiones de hecho que debe resolver el jurado”.

Donna Shalala, ex presidenta de la Universidad de Miami y representante federal por Miami.
Donna Shalala, ex presidenta de la Universidad de Miami y representante federal por Miami.

Cuando Lord fue despedido en enero de 2013, el veterano médico patólogo y administrador había estado ganando $914,000 al año como ejecutivo número dos de la Facultad de Medicina de UM. En una carta de julio de 2012 dirigida al decano de la Facultad de Medicina, Pascal Goldschmidt, elogiaba el liderazgo de Lord en la conducción de “un cambio tanto fiscal como cultural” de toda la red de salud de la universidad, conocida como UHealth.

En su demanda, Lord afirma que fue expulsado solo seis meses después porque descubrió reclamaciones infladas al Medicare por servicios de pruebas de trasplante en el Departamento de Cirugía de UM y aprobó una auditoría independiente de su dudosa actividad de facturación.

Lord afirma que Shalala ordenó su despido después que él le informó a ella, a Goldschmidt y a la junta directiva que el Departamento de Cirugía de UM estaba facturando al programa federal de seguros Medicare pruebas de trasplante de órganos innecesarias en el Jackson, advertencias que, como responsable de cumplimiento de la Facultad de Medicina, deberían haberlo “protegido” contra su despido como represalia, según la ley federal.

Sin embargo, según la ex presidenta de la universidad y otros funcionarios, Lord perdió la confianza de la jerarquía de UM después de realizar reducciones de presupuesto y despidos de profesores, decisiones difíciles que también fueron apoyadas por Goldschmidt y Shalala debido a los persistentes problemas financieros de UHealth.

Corriendo la cortina

La demanda de Lord, junto con el detallado fallo de la jueza Altonaga, ofrece un raro vistazo de las luchas de poder de una importante universidad y escuela de Medicina del sur de la Florida, que buscaba el reconocimiento nacional mientras acumulaba deudas y entraba en conflicto con las leyes del Medicare.

Lord no solo era un patólogo formado en UM, sino también veterano administrador de hospitales. Fue director de Operaciones de la American Hospital Association de 1997 a 1999, y en la década siguiente fue director de Innovación y vicepresidente senior de Humana Inc., donde ayudó a crear un centro de investigación conjunto entre Humana y UM.

En 2010, regresó a la universidad para ayudar a desarrollar el Banco de Tejidos y más tarde se convirtió en director de Innovación de la universidad y profesor de Patología en la Facultad de Medicina. En marzo de 2012, Lord fue contratado como director de Operaciones de UHealth, la red hospitalaria y clínica de la Facultad de Medicina Leonard M. Miller. Se le encomendaron múltiples responsabilidades, como el presupuesto, las negociaciones sindicales, el acuerdo de funcionamiento conjunto con el Hospital Jackson Memorial, la organización de los departamentos médicos y el cumplimiento de las políticas de Medicare y Medicaid.

Pero Lord y el decano de la Facultad de Medicina Goldschmidt también tuvieron que lidiar con el aumento de las deudas, lo que provocó el despido de unos 900 trabajadores de tiempo completo y parcial en mayo de 2012. Cientos de médicos de la facultad pidieron su despido en una petición a Shalala.

El Dr. Jonathan Lord, director de operaciones de UHealth, fue despedido por la presidenta de la Universidad de Miami, Donna Shalala, hace casi una década. Lord ha demandado a la universidad en un caso de despido improcedente presentado en un tribunal federal de Miami.
El Dr. Jonathan Lord, director de operaciones de UHealth, fue despedido por la presidenta de la Universidad de Miami, Donna Shalala, hace casi una década. Lord ha demandado a la universidad en un caso de despido improcedente presentado en un tribunal federal de Miami.

Pronto Lord descubrió el aumento de las tensiones entre los departamentos de Cirugía y Patología de UM por las pruebas de laboratorio de órganos para el Instituto de Trasplantes del Jackson. El departamento de cirugía, dirigido por el veterano cirujano oncólogo de UM Alan LIvingstone, se había hecho cargo años antes de los servicios de pruebas de trasplante del Departamento de Patología, lo que dio lugar a una batalla territorial.

Lord y Goldschmidt discutieron la realización de una auditoría independiente de los servicios de pruebas de órganos del departamento de cirugía y la sustitución de Livingstone como director del Instituto de Trasplantes de Miami en el Jackson.

Entonces, en septiembre de 2012 UM recibió una carta anónima sobre los servicios de pruebas de trasplantes que había sido enviada a la línea directa de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos federal. La carta detallaba un esquema para cometer “fraude” mediante la sobrefacturación al Medicare por pruebas de patología de trasplantes médicamente innecesarias, que el autor comparaba con el “crimen organizado” y un “capítulo de la codicia estadounidense”.

El liderazgo de la universidad informó de la recepción de la carta anónima a la oficina del inspector general.

Como jefe de Operaciones y Cumplimiento de la universidad, Lord ordenó una auditoría externa con el apoyo de Goldschmidt, así como de Shalala. En octubre de 2012 se contrató a la consultora Transplant Management Group. Dos meses más tarde, TMG emitió un informe preliminar en el que identificó que el laboratorio de pruebas de órganos del Departamento de Cirugía “participó en la facturación duplicada” al Medicare y “participó en pruebas indebidas, innecesarias y redundantes”.

Goldschmidt, Lord y otros administradores de alto nivel concluyeron que las conclusiones de TMG “planteaban serias preocupaciones” sobre las reclamaciones del Departamento de Cirugía al Medicare y ordenaron una auditoría de facturación completa. Lord informó personalmente a Shalala sobre las conclusiones de la consultora.

Pero a finales de diciembre de 2012, Shalala cerró la auditoría externa y ordenó que los auditores de UM se hicieran cargo de la investigación de facturación. La presidenta de UM ordenó entonces a Goldschmidt que despidiera a Lord.

“A partir de estos hechos, un jurado puede inferir que [Shalala] consideraba que la potencial responsabilidad por fraude de millones de dólares ante el gobierno federal era un hecho particularmente inoportuno”, señaló la jueza Altonaga en su decisión de denegar la moción de UM para desestimar el caso de Lord.

La jueza señaló entonces que Lord no era el único alto funcionario de UM que enfrentó posibles represalias. La directora del Departamento de Cumplimiento de la Facultad de Medicina, Jennifer McCafferty. que había sido contratada por Lord, fue trasladada a un puesto “lateral” en la oficina del rector después que habló con agentes del FBI sobre las prácticas de facturación excesivas en el laboratorio de pruebas de órganos de UM.

“El trato de represalia de la universidad hacia McCafferty después de que cooperara con la investigación del FBI da más apoyo a esa teoría”, escribió Altonaga.

Nunca se presentaron cargos penales por fraude al Medicare contra ninguna persona; sin embargo, el Departamento de Justicia acabó llevando a cabo el caso de reclamaciones falsas de Lord contra la universidad, que condujo a su acuerdo de $22 millones con el gobierno.