Un juez de Santa Cruz rechazó el amparo de 50 familias por las clases presenciales

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Manifestación por la vuelta a clases en la residencia oficial de la gobernación en El Calafate.
GENTILEZA: MARIANA IOZZI, PADRES ORGANIZADOS SANTA CRUZ

SANTA CRUZ.– El juez de primera instancia Francisco Marinkovic rechazó el amparo colectivo por el regreso a las clases presenciales presentado por 50 familias de Río Gallegos y El Calafate por considerar que se trata de un tema altamente debatible para ser resuelto en un amparo. Agregó que el amparo fue presentado antes del último DNU del presidente Alberto Fernández, el cual, según su criterio, había cambiado el contexto jurídico.

Mientras el fallo del juez fue cuestionado duramente a través de un documento que lleva más de 500 firmas de padres de la provincia, hoy entra en vigencia en Santa Cruz el Índice Ajustado por Población, en función del cual se determinarán las medidas de control sanitario para cada localidad, pero eso no incluye la presencialidad. Desde el 1° de marzo, las clases presenciales solo se permiten en las localidades sin transmisión comunitaria del virus, apenas un puñado en la provincia. Durante todo el año pasado no hubo clases presenciales en Santa Cruz.

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El juez Marinkovic fundamentó que el regreso a la presencialidad en Santa Cruz requiere de un nivel de análisis y ponderación de aspectos sanitarios y educativos que exceden el marco del proceso de amparo, y rechazó el recurso que llevaba la firma de los padres de 50 alumnos de escuelas públicas y privadas de los tres niveles, tanto del ámbito público como privado.

Manifestación por la vuelta a clases en la residencia oficial de la gobernación en El Calafate
GENTILEZA: MARIANA IOZZI, PADRES ORGANIZADOS SANTA CRUZ


Manifestación por la vuelta a clases en la residencia oficial de la gobernación en El Calafate (GENTILEZA: MARIANA IOZZI, PADRES ORGANIZADOS SANTA CRUZ/)

El amparo, presentado en los tribunales de Río Gallegos el 12 de mayo pasado, solicitaba que el Poder Judicial ordenara al Consejo Provincial de Educación y al Gobierno de Santa Cruz el restablecimiento de la vigencia y el pleno ejercicio de los derechos constitucionales y que de manera urgente arbitre las medidas para el inmediato y progresivo restablecimiento de las clases presenciales en todos los niveles educativos de Santa Cruz.

“Tal vez, en un determinado contexto sanitario (por ejemplo, si existiera razonable evidencia sobre un nivel de riesgo bajo o moderado), podría justificarse la intervención jurisdiccional ante la omisión de las autoridades educativas”, argumentó el juez Marinkovic.

Familias de El Calafate reclaman frente a la casa de Cristina Kirchner, por la vuelta a la presencialidad en las escuelas de Santa Cruz
Familias de El Calafate reclaman frente a la casa de Cristina Kirchner, por la vuelta a la presencialidad en las escuelas de Santa Cruz


Familias de El Calafate reclaman frente a la casa de Cristina Kirchner, por la vuelta a la presencialidad en las escuelas de Santa Cruz

Sin embargo, el viernes pasado, cuando se conoció la resolución del juez, el ministerio de Salud y Ambiente había dado a conocer el índice epidemiológico ajustado por población que comenzará a regir a partir de hoy. El mismo determinó que El Calafate y El Chaltén se encuentran dentro del riesgo bajo, Piedra Buena en riesgo alto y las restantes localidades, incluida Río Gallegos, dentro de riesgo medio. El índice, sin embargo, no afecta la modalidad escolar, por lo que en Santa Cruz las clases presenciales solo seguirán dándose en escuelas rurales y pequeñas localidades que apenas rozan el 10% de la población educativa.

“El viernes fue un día muy triste para nosotros: teníamos la esperanza de que la Justicia independiente todavía existía en Santa Cruz. Teníamos fe en este juez. Pero no, con este fallo deja que las autoridades educativas y políticas de Santa Cruz actúen de manera arbitraria, sin ningún fundamento que esté basado en leyes o en acuerdos para suspender la presencialidad de nuestros hijos”, afirmó a LA NACION Moira Ramón, madre, docente, psicopedagoga, becaria del Conicet y una de las impulsoras del amparo.

Manifestación por la vuelta a clases en la residencia oficial de la gobernación en El Calafate
GENTILEZA: MARIANA IOZZI, PADRES ORGANIZADOS SANTA CRUZ


Manifestación por la vuelta a clases en la residencia oficial de la gobernación en El Calafate (GENTILEZA: MARIANA IOZZI, PADRES ORGANIZADOS SANTA CRUZ/)

Para el abogado patrocinante, José Luiz Janezak, la medida de suspensión de presencialidad en Santa Cruz no está plasmada en ningún acto jurídico. “Este fallo está convalidando una medida de facto del Gobierno, que es totalmente arbitraria porque ni siquiera está plasmada por escrito en un acto formal, no está fundamentada, no está acotada en el tiempo, eso lo hace manifiestamente anticonstitucional”, aseguró a LA NACION.

Moira Ramón es madre de dos hijas en edad escolar y por su profesión conoce de cerca la situación de los niños escolarizados de la provincia. “Desde marzo del 2020 que los chicos no tiene clases presenciales. La realidad es que mis hijas, como tantas otras, están cada vez peor. Esto repercute en los vínculos familiares, los chicos están cada vez mas tristes, con retraso en el desarrollo del cognitivo, trastornos del lenguaje por falta de socialización, chicos deprimidos, aislados”, señaló.

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“Este juez no escuchó todo el sufrimiento que hay en un montón de casas, pero que pocos papás nos animamos a decir porque hay mucho miedo en Santa Cruz. Hay temor a las represalias: las sufrimos cuando nos agreden en las redes sociales por solo pretender que vuelvan las clases”.

En apenas 24 horas, los amparistas lograron reunir 500 firmas de padres de toda la provincia que avalan un documento donde cuestionaron duramente el rechazo al amparo. “Resulta muy grave que la Justicia no ponga límites al abuso de poder cometido por las autoridades políticas cuando su accionar no se corresponde con el estado de derecho y el respeto por los principios republicanos que exigen que cualquier acto de gobierno debe estar formalizado, publicado y fundamentado; y mucho más aún cuando limita, restringe o impide el ejercicio de un derecho constitucional”, cuestionan en el documento.

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